
Los contratos, que fueron suscritos en junio de ese año entre el entonces titular de ese despacho, Ludbin Gómez Martínez, y tres fundaciones de la ciudad, que, además, carecerían de reconocimiento, superaban cada uno los $300 millones para su ejecución.
“Durante la auditoría encontramos tres contratos de los cuales se daban hechos notorios de un presunto daño fiscal por una cuantía de más de mil millones de pesos. Al evidenciar esto, hicimos uso de nuestras facultades para ejercer como Policía Judicial y allanamos el despacho para tener todos los expedientes de la contratación”, explicó Magda Milena Amado Gaona, contralora de Bucaramanga.
Específicamente, los contratos fueron suscritos con la Fundación Amigos del Mañana, Fundama; con la Fundación al Servicio de la Población Vulnerable, Funservir, y con la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, Avic, las dos últimas vinculadas por presuntas irregularidades al ‘carrusel de contratación’ de la Alcaldía de Héctor Moreno Galvis en Bucaramanga.
“Conforme a lo que se halló en la auditoría, entre eso, que existe una suma muy elevada de pagos para los talleristas; procedimos a citar a los implicados, un psicólogo y dos enfermeras, quienes bajo gravedad de juramento aseguraron que los montos pagados habían sido otros y que sus firmas habían sido falsificadas”, explicó Amado Gaona.
La Contralora de Bucaramanga, además, agregó que debido a los testimonios de los tres involucrados, trasladaron los hallazgos a la Fiscalía, para que se iniciara la investigación penal por los hechos.
Dado que el equipo auditor que está estudiando los contratos aún no ha terminado toda la labor de indagación, el ente de control no ha podido determinar a cuánto asciende el daño fiscal; sin embargo, ya identificaron los primeros hallazgos.
“El principal hallazgo que hemos encontrado se relaciona con que la ejecución no es coherente con lo que se plantea en la minuta y que además existen presuntos sobrecostos que serían de cuantiosas sumas. No obstante, aún estamos determinando el daño fiscal”, concluyó Gaona.
Vanguardia Liberal se dirigió a la sede de las tres fundaciones que contrataron la ejecución de las jornadas de educación y encontró que ninguna funciona en las direcciones de notificación dadas a la Alcaldía. La dirección de notificación de la Fundación Amigos del Mañana, Fundama, es una antigua sede política del Partido Liberal que actualmente está siendo desmantelada.
Por otra lado, en la sede de la Fundación al Servicio de la Población Vulnerable, Funservir, ubicada en el barrio La Concordia, funciona el restaurante ‘Rica Pata’; y por último, la sede de la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, Avic, es una casa de familia, en la que aseguraron que la entidad se trasladó al centro de la ciudad. Cuando esta redacción llegó al lugar señalado, encontró que se trata de la oficina de un abogado.
La contratación
Vanguardia Liberal conoció los testimonios de las tres personas vinculadas a las irregularidades en contratación y quienes denunciaron que su firma había sido falsificada.
“A nosotros nos contactó la señora Tatiana del Pilar Tavera, quien era funcionaria de la Alcaldía de Bucaramanga, con el fin de que la asesoráramos con los talleres que quería hacer la Secretaría de Desarrollo Social. Ella nos dijo que nos pagaban $2 millones a cada una por dirigir tres talleres. Nos reunimos en su apartamento para cuadrar todos los pormenores de la charla y allí conocimos a un señor que se llama Juan Carlos Prieto y que es hermano del señor Alfonso Prieto, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC”, explicó una de las enfermeras.
Una vez realizada la agenda, las dos enfermeras procedieron a contactar al psicólogo para dictar las charlas. A él le ofrecieron $1,5 millones por dos días de capacitación y aceptó.
“Para aceptar yo solicité que se realizara un contrato en el que quedara constancia de la prestación de mis servicios y así se hizo. En ese momento fue que conocí el nombre de la Fundación Avic, porque no tenía ni idea de que eso iba a ser contratado a través de fundaciones. Yo asistí en agosto a dos jornadas, en las que tenía que realizar cuatro charlas y por eso me pagaron”, aseguró el psicólogo.
Según relatan las enfermeras, de igual manera sucedió con ellas.
“Ninguna conocía las fundaciones. Venimos a saber de ellas cuando firmamos los contratos. Sin embargo, hasta ahí todo estaba perfecto”.
En total, a cada una de las enfermeras le pagaron $4 millones que fueron los equivalentes a la organización de charlas en los contratos de la Fundación Avic y de la Fundación Fundama, por su parte, al psicólogo le pagaron $1,5 millones por lo correspondiente a los talleres de la Fundación Avic.
Presunta falsificación de firmas e intento de soborno
Ocho meses después de finalizados los contratos, el psicólogo recibió una notificación de la Dian en la que le decían que había evadido impuestos por $42 millones.
“Antes de vencerse la fecha para la declaración de renta me llegó una información reportada por terceros de la Dian, en la que me decían que yo no había rendido impuesto por una suma superior a los $40 millones. A los pocos días recibo la notificación de la Contraloría en la que me dicen que yo había sido coordinador de proyectos para las fundaciones Funservir, Fundama, y Avic en los tres contratos”, explicó el psicólogo.
Según reposaba en los archivos de la contratación en la Alcaldía, el profesional había dirigido los diferentes talleres y además había firmado el recibido de la cuantiosa suma.
“Cuando me dirigí a la Contraloría me muestran los documentos y me doy cuenta de que mi firma la escanearon, porque era chiquita y yo jamás firmo de esa manera. Además declaré y por supuesto dejé constancia que no había recibido esa cantidad de dinero. También conté que un tal señor Andrés Moncanut era el que había reportado en la Dian que yo había recibido esa suma de dinero”, señaló.
Vanguardia Liberal rastreó a Andrés Moncanut y encontró que fue hasta hace dos meses el representante legal de la Fundación Trivia. No obstante, la actual directora ejecutiva de esta entidad aseguró que no tenía conocimiento de él desde hace varios meses y que se había radicado en otra ciudad.
Por su parte, las enfermeras se enteraron de que estaban vinculadas a un proceso por presuntas irregularidades, cuando fueron solicitadas por la Contraloría. El ente de control les dio a conocer que, según los documentos de la Alcaldía, cada una había recibido $22 millones por los talleres.
“Nuestra sorpresa llegó cuando vimos las firmas. Pues no se parecían para nada, y eso lo comprobamos mostrando nuestra cédula”.
Las enfermeras también relataron cómo, según ellas, Juan Carlos Prieto les ofreció dinero a cambio de su silencio.
“A una le ofrecieron $4 millones y a otra pagar una deuda pendiente”, concluyeron.
Vanguardia Liberal intentó comunicarse con Ludbin Gómez Martínez, para conocer su versión sobre los hechos, pero no fue posible. Sin embargo, esta redacción logró establecer comunicación con Ulises Dueñas Villamizar, quien actualmente es funcionario de la Secretaría del Interior y quien fue supervisor de los tres contratos.
“En estos momentos no tengo conocimiento del tema, así que no me puedo pronunciar”, aseguró.
Los tres representantes de las fundaciones tampoco fueron localizados dado que las direcciones de contacto y los números dados a la Alcaldía no correspondían. Tatiana Tavera tampoco contestó las llamadas realizadas por esta redacción.
En cuanto a Juan Carlos Prieto, tampoco fue posible localizarlo.
Los contratos
• N° 313 capacitar en educación sexual a adolescentes por $370 millones.
• N° 314 capacitar en la sensibilización para prevenir el consumo de sustancias sicotrópicas por $382 millones.
• N° 316 capacitar para evitar trastornos alimenticios en la población adolescente por $350 millones.

