Por presuntamente haberle ocasionado un daño a las finanzas del municipio por $19,5 millones, la Contraloría de Bucaramanga ordenó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal contra tres exfuncionarios de la Alcaldía.
Publicado por: JINETH PRIETO
El primer proceso se remite al hallazgo de presuntas irregularidades en el cumplimiento del contrato 089 de 2009, suscrito entre el Imebu y la Asociación de Usuarios de la Plaza de Mercado Comunal, Asomercom, cuyo objeto era la “capacitación especializada en el arte, oficio y técnica del diseño, elaboración de espatulados y estuco en interiores y fachadas, dirigido a 40 personas del municipio de Bucaramanga, residentes en los estratos 1, 2 y 3”.
Al proceso fueron vinculados el exgerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebu, Gerardo Alonso Cadena, y la subgerente técnica de esa entidad, Blanca Cecilia Prada, quien fue la interventora del contrato.
“Existen indicios muy serios de que ese contrato no se ejecutó y de que con él no se hizo nada que tenga que ver con capacitaciones”, explicó Jorge Gómez Toloza, director técnico fiscal de la Contraloría de Bucaramanga.
Sin embargo, Gerardo Alonso Cadena negó las afirmaciones del ente de control.
“Hasta donde tengo entendido ese contrato se ejecutó como era. El deber de uno como director es nombrar un interventor, que para el caso fue Blanca, y ella fue quien se encargó de vigilar el contrato. En mi labor de director y para firmar el acta de terminación, primero exigí las pruebas que indicaban que el proceso se llevó a cabo, en el contrato reposan fotos y el informe de la interventora, de ahí no sé más”, aseguró.
Dadas las afirmaciones de Cadena, Vanguardia Liberal intentó comunicarse con Blanca Cecilia Prada para conocer su versión sobre los hechos, pero no fue posible.
La cuantía del hallazgo fiscal por el que serán investigados los exfuncionarios asciende a $10 millones.
Pagos en tiquetes
El segundo proceso de responsabilidad fiscal se remite al contrato 744 de 2010, suscrito entre la Secretaría Administrativa y Elite Tours Ltda, con el fin de suministrar pasajes aéreos, alojamiento, alimentación y traslado a 12 miembros del Consejo Territorial de Planeación que asistirían a un congreso en Casanare.
No obstante, la Contraloría halló que, al parecer, sólo viajaron seis integrantes de los 12 que inicialmente se relacionaron en el contrato.
“Hemos encontrado que se pagó la totalidad del contrato que ascendía a los 20 millones, pese a que presuntamente sólo se ejecutó la mitad”, señaló Toloza.
Para responder por las presuntas irregularidades, fueron vinculados al caso Luz Alba Serrano Sánchez, secretaría Administrativa de la Alcaldía para la época de los hechos; Álvaro Mauricio Solarte Vanegas, supervisor del contrato y la empresa contratista, Elite Tours Ltda.
Vanguardia Liberal también trató de establecer comunicación con los funcionarios investigados, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte, Yeimi Melgarejo, gerente de Elite Tours Ltda, aseguró que pese a que no viajaron los 12 ediles, la Alcaldía le liquidó el contrato por completo, debido a que tanto los hoteles como las aerolíneas le hicieron efectivas las clausulas de responsabilidad.
“Debido a que la Alcaldía no avisó con tiempo que todos los pasajeros no iban a viajar, no se pudieron cancelar los tiquetes ni el alojamiento que estaba en un plan todo incluido, me cobraron la totalidad de los costos”, aseguró.
