Dos entidades se disputan ser la autoridad ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga
Tanto la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, como el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, defienden y justifican jurídicamente la capacidad de administrar este dinero. Precisamente en un debate en la Asamblea de Santander, desarrollado el pasado martes, delegados de ambas entidades expusieron sus argumentos legales para defender su posición.
Para el director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya Méndez, la Ley 99 de 1993 “reglamenta las funciones ambientales, en la cual se establece la creación de las corporaciones regionales. En ese sentido, no puedo negociar ni las funciones, ni (el dinero de) las transferencias de la sobretasa ambiental...”.
Por otro lado, la directora del AMB, Consuelo Ordóñez, manifestó su interés por llegar a una concertación con la Cdmb para cada una ejercer un dominio ambiental. “El tema no es de pelea, es de concertación y de trabajo conjunto y estamos en ese plano…”
Ordóñez argumenta que los recursos deben llegar a su entidad porque en los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, se establece que cuando un área metropolitana asciende a un millón de habitantes, la autoridad ambiental recae en el Área Metropolitana.
“Nosotros pedimos la certificación del Dane. Este documento certifica que la población del área metropolitana de Bucaramanga asciende al millón de habitantes. El AMB tiene la competencia ambiental. Todos los cuestionamientos son bienvenidos”, precisó Consuelo Ordóñez.
Sin embargo, la Cdmb dijo que dará la pelea hasta que decisiones judiciales sean las que diriman este ‘rifirrafe’.
“La Cdmb ha sido, es y seguirá siendo la autoridad ambiental. En ese sentido no compartimos algunos argumentos jurídicos con los que el Área Metropolitana de Bucaramanga pretende seguir avanzado en los temas de girar los recursos de la sobretasa ambiental hacia esta entidad. Reconocemos la gran experiencia del AMB, pero nosotros no compartimos segregar en cualquier porcentaje estos dinero...”, concluyó el Director de la Cdmb.
Voces a favor y en contra
El diputado del Polo Democrático Alternativo, y el único en oposición al gobernador Richard Aguilar, afirmó que “la Ley 99 estable que un municipio o distrito donde residan más de un millón de habitantes puede ejercer autoridad ambiental el Área Metropolitana, entonces es apenas obvio que aquí ya tenemos más de un millón de habitantes… sin duda a la Cdmb ya le es insuficiente poder atender todas las necesidades...”.
Al respecto, el diputado Luis Fernando Peña, del PIN, aseguró que la Cdmb es la entidad que debe continuar ejerciendo la autoridad ambiental. “No estoy de acuerdo con que se haga la escisión de las funciones. Una institución que lleva 47 años de experiencia no la podemos borrar de un momento a otro. Ese problema lo dirime la justicia y mientras tanto la Cdmb debe continuar con las funciones del medio ambiente de esta zona del departamento”.
Para el presidente de la Duma departamental, Iván Fernando Aguilar, los argumentos de cada institución son válidos y será la justicia quien defina las competencias. “Por ahora, y para no torpedear la gestión, es importante que siga la Cdmb asumiendo la autoridad ambiental”, aseguró.
A su turno, el diputado por el Partido Liberal, Carlos Alberto Morales, también apoyó que “la Cdmb debe seguir cumpliendo sus funciones hasta que una competencia superior se pronuncie. Quien debe dirimir este concepto debe ser el Ministerio del Medio Ambiente más que los estrados judiciales por las demandas interpuestas”.
Un debate con “tufillo político”
Para el diputado Schmalbach el control de advertencia que emitió la Contraloría departamental el pasado 2 de noviembre, para que las alcaldías de Piedecuesta y Girón se abstuvieran de realizar transferencias de sobretasa ambiental al AMB, no es otra cosa que una decisión con ‘tinte político’. “Si no se aplican esos recursos en las necesidades ambientales, esas necesidades se van acumulando y puede ocasionarse un problema mayor. (Ese pronunciamiento) tiene un tufillo político que un aspecto técnico”, señaló.
Al respecto, el Director de la Cdmb dejó claro que “no se trata de un debate político. El único interés que nos debe regir es la labor ambiental…”. Por su parte, la Directora del AMB manifestó que ese control de advertencia, lejos de un interés político, tiene como el origen el desconocimiento de los proyectos ambientales. “Le hemos aclarado al Contralor que no se preocupe por ese tema, que hay todo un plan de acción ambiental en el área metropolitana y que no habrá una destinación de los recursos a un fin diferente”.