Domingo 14 de Septiembre de 2014
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Política
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Domingo 27 de Enero de 2013 - 12:01 AM

Unidad especial de la Fiscalía investigará ‘carrusel’ de contratación de Bucaramanga

César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL
(Foto: César Flórez / VANGUARDIA LIBERAL)
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, le aseguró a Vanguardia Liberal que en la entidad que dirige empezará a regir una política de priorización para resolver los casos más relevantes en las regiones del país. El presunto ‘carrusel’ de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga tendrá la atención del ente de control.

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, le aseguró a Vanguardia Liberal que en el 2013 se avecinan fuertes reformas estructurales para la entidad que dirige.

Como está proyectado el año, no sólo la Fiscalía sería reformada, sino también el sistema penal acusatorio sería modificado para que se empiece a descongestionar la justicia.

Según anunció Montealegre Lynnett, este año empezará a regir una política de priorización judicial en el país, que le dará prelación a los delitos contra los derechos humanos y la investigación de casos de corrupción, para el caso de Santander el ‘carrusel de contratación’ de la Alcaldía de Bucaramanga tendrá especial atención.

En términos nacionales, el Fiscal General indicó que habrá una Fiscalía menos centralizada y que se buscará establecer políticas diferenciadas en el ámbito regional para identificar estructuras criminales y desarticularlas.

Preguntas y respuestas

El ‘carrusel’ de Bucaramanga
VANGUARDIA LIBERAL: Una investigación de esta casa periodística reveló como se fraguó un presunto ‘carrusel’ de contratación en la Alcaldía de Bucaramanga con organizaciones sin ánimo de lucro. Pese a que las denuncias se hicieron hace un año, aún no se han conocido decisiones contundentes por parte de la Fiscalía. ¿Por qué?
EDUARDO MONTEALEGRUE: “En el ejercicio diagnóstico que le hemos hecho a la Fiscalía General de la Nación, uno de los problemas estructurales y delicados que hemos encontrado es el de que existe una política criminal muy centralizada en Bogotá, por eso estamos poniendo en marcha una nueva forma de trabajo que denominamos ‘Fiscalía inteligente’, esto busca que nosotros tengamos que hacer políticas diferenciales a nivel regional, partiendo de de ese principio vamos a también a aplicar el criterio de priorización”.

V.L.: ¿Bajo qué criterios se dará esa priorización?
E.M.: “La aplicación de la nueva política será no sólo en casos de derechos humanos, sino también en casos de corrupción y de delitos contra la administración pública”.

V.L.: Por lo menos para el caso específico del presunto ‘carrusel’ de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga, ¿Cuándo se conocerán decisiones?
E.M.: “En este momento ya está tomada la decisión de priorizar ese caso, de darle un orden y una prevalencia y de reforzar el equipo investigativo. Vamos a nombrar una unidad especial de fiscales investigadores y a enviar un equipo de funcionarios de Bogotá, para que hagan una evaluación del caso y me presenten a mí como Fiscal General un cronograma muy exacto de cuáles son las actividades que hay que realizar, así que esperamos producir decisiones importantes a la brevedad posible”.

El ‘carrusel’ de falsos testigos
V.L.: Hay dos casos que en el último año han puesto en tela de juicio la imagen de la Fiscalía, se tratan de los ‘carruseles’ de testigos falsos en los casos de Sigifredo López y Andrés Colmenares ¿Cuál es la carta de presentación ante la ciudadanía si se presentan ese tipo de escenarios en casos en los que todo el país tiene puestos los reflectores?
E.M.: “Uno de los problemas más serios que tiene el sistema penal colombiano es que las investigaciones se están construyendo fundamentalmente sobre el tema testimonial y se ha descuidado mucho el fortalecimiento de la prueba técnica y en los últimos meses se ha puesto de presente la fragilidad del testimonio como medio de prueba en los procesos penales. Los casos de Sigifredo López y de la muerte del joven Colmenares, son apenas la punta del iceberg de un problema muy profundo en el sistema procesal colombiano, tan profundo que en este momento tenemos más de 3.500 denuncias por problemas de falsos testigos en los procesos penales”.

V.L.: ¿Qué va pasar entonces con esos casos? ¿Desde la Fiscalía ya se está actuando?
E.M.: “Lo que hay que reconocer es que sí hay una crisis en la investigación colombiana y que la Fiscalía necesita un giro muy importante para fortalecer la prueba técnica dentro del proceso penal. Pero en medio de la crisis quisiera anotar algo muy rescatable y es que los testigos falsos en procesos tan importantes como esos han sido descubiertos por la misma Fiscalía”.  

V.L.: ¿Fortalecer esas estructuras específicamente que cambia en la Fiscalía?
E.M.: “En primer lugar la Fiscalía tiene que orientarse a la creación estructuras criminales. En los últimos 20 años de funcionamiento, la mayoría de investigaciones de la Fiscalía se han orientado a casos individuales, las investigaciones han sido fraccionadas, pero en este momento podemos decir que en muchas regiones del país más de 80% de la fuente de criminalidad son organizaciones criminales.
En segundo lugar este gran rediseño implica que debemos tener una gran escuela de formación de los investigadores nuestros. Un tercer elemento fundamental es que la Fiscalía debe tener la capacidad de hacer inteligencia en materia de investigación criminal, entre otras modificaciones”.

V.L.: Pero implementar esas modificaciones implicaría al menos tres años…
E.M.: “Desde que me posesioné como Fiscal, empecé una tarea de adecuación de todos los problemas, ya tenemos diagnósticos de cuáles son los problemas de la Fiscalía, en este momento ya estamos trabajando en una gran propuesta de rediseño, si el Congreso le otorga al Presidente las facultades para modificar la Fiscalía en esta legislatura, el próximo semestre se estarían expidiendo todos los decretos que van a modificar estructuralmente la institución”.

V.L: Fiscal eso también supone inversión, y el paro de la rama de la justicia, se dio precisamente porque le recortaron recursos. ¿Si hay voluntad del Estado para invertir?
E.M.: “El señor Presidente ha expresado públicamente y me ha manifestado personalmente un interés decidido en reestructurar a fondo la Fiscalía y hacer las inversiones que se requieran para el rediseño. En marzo de este año también vamos a presentar al Congreso un nuevo código de extinción del dominio, porque la lucha contra el delito tiene que tener unos elementos muy fuertes para extinguir el dominio de las personas que han cometido fraude a la ley penal”.

El sistema penal acusatorio
V.L: Pese a que el nuevo sistema penal acusatorio se implementó con el fin de dar celeridad a los procesos y de que de la ciudadanía viera más fallos, eso no ha sucedido. ¿Cuáles son las fallas que ha identificado en el proceso?
E.M.: “Estamos en un país en que el que la retribución a la sociedad se concibe como la pena a los delincuentes, hay otra concepción y es la de la justicia premial que se hace con el ánimo de negociación para que a partir de testimonios importantes  a cambio de rebajas de penas se puedan ayudar a desarticular organizaciones criminales”.

V.L.: ¿Pero los crímenes no quedarían entonces en la impunidad?
E.M.: “Ningún sistema acusatorio y penal en el mundo tiene la capacidad de llevar a juicio todas las denuncias que se presentan al interior de una sociedad por más moderno o avanzado que sea. Solamente en casos de violación a los derechos humanos Colombia ha recibido más de 300 mil denuncias, no hay ningún sistema procesal en el mundo que sea capaz de acusar, investigar y llevar a juicio 300 mil casos por graves violaciones a los derechos humanos, la muestra lo dan la Corte Penal Internacional que hasta el momento ha producido una sola sentencia”.

V.L: ¿Entonces cómo debe operar la justicia para dar respuesta?
E.M.: “Nosotros debemos crear unos sistemas de alerta temprana porque recibimos más de 1 millón 400 mil denuncias anuales y todas las que se formulan ponen inmediatamente en funcionamiento el sistema penal,esa es una metodología que a mí me parece perversa, porque el hecho de que cualquier denuncia ponga en funcionamiento todo el aparato de la justicia está generando impunidad, así que uno de los mecanismos de corrección es la identificación inmediata de la relevancia de esas conductas”.

V.L.: ¿Se han identificado también problemas con los fiscales?
E.M.: “Debido a que se hizo esa transición en el sistema acusatorio vino un gran proceso de capacitación exclusivamente desde el punto de vista procesal, pero creo que fiscales y jueces olvidaron su formación en la teoría del delito y eso es una de las fallas estructurales del  sistema acusatorio: que la capacitación se orientó en términos de formas procesales y se olvidó el derecho material, entonces los jueces y fiscales se olvidaron las grandes construcciones de la teoría del delito y  por haber olvidado los jueces y fiscales la parte general del delito, que es la parte material del derecho penal, no saben orientar las investigaciones, entonces lo que hay ahí son fiscales disparando con perdigones a ver a donde cae la balín”.

La ley de Justicia y Paz
V.L.: Fiscal en los próximos meses varios de los postulados al la ley de Justicia y Paz cumplirían los ocho años de prisión a los que se acogieron sin que existan fallos por parte del Estado. ¿Qué va a pasar con esos desmovilizados?
E.M.: “Este año no hay personas que cumplan la pena con justicia y paz, ese es un fenómeno que se va empezar a presentar a partir del año entrante.

V.L.: Entonces queda un año y algunos meses para que se conozcan decisiones. ¿La Fiscalía le va a poner el acelerador a estos casos?
E.M.: Quedan casi dos años, nosotros ya hemos tomado medidas importantes como la creación de una nueva metodología de investigación en la Fiscalía General de la Nación y esa nueva metodología de investigación apunta a que nosotros vamos a estudiar estructuras criminales y vamos a determinar cómo operaban, cuál era su organización y su jerarquía. Es un giro de caso individual, hacia investigación de estructuras”.

V.L.: Hay varios de los desmovilizados que se acogieron a justicia y paz que aún están delinquiendo ¿Ellos van a ser juzgados al amparo de los beneficios de la ley de justicia y paz?
E.M.: “Muchos de los desmovilizados no han contribuido a la reconstrucción de la verdad histórica y la prueba que tenemos es que investigando el ‘carrusel’ de falsos testigos, hemos encontrado que muchas de las personas vinculadas a ellos estaban en Justicia y Paz, por esa razón se hizo una reforma y hemos empezado a excluir personas del proceso. Ya tenemos identificados casos de más de 350 personas que deben ser excluidas porque no han colaborado con la justicia”.

Publicada por
Jineth Prieto
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