Lunes 15 de Septiembre de 2014
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Política
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Jueves 28 de Marzo de 2013 - 12:01 AM

Reforma al Código Penitenciario privatizaría vigilancia carcelaria

Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Resolver el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios del país será uno de los principales retos de la reforma.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)
Una semana después de que la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, radicara ante el Congreso de la República el proyecto de ley que buscará reformar el actual Código Penitenciario, ya empezaron a formularse las primeras críticas por posibles extralimitaciones.

El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que se excede en los preceptos constitucionales el Gobierno al decir que la vigilancia de los presos en las cárceles podrá estar por cuenta de instituciones privadas, con lo cual se supliría la función exclusiva que cumple el Inpec.
“Con el artículo 26 del proyecto, que contempla que cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, que no se les puede confiar a particulares”, declaró el representante Cepeda.
También asegura que en el artículo 81 se tienen problemas porque “se le otorgan facultades excesivas” al director del Inpec, en cuanto tendría la potestad para decretar estados de emergencia penitenciaria en casos especiales, la cual sólo es competencia del Gobierno Nacional, y se autorizan medidas como aislamiento de internos y la aplicación de métodos ‘extraordinarios’ de coerción.
Un aspecto más que critica Cepeda de la reforma carcelaria propuesta por el Ejecutivo es lo referente al tema de la atención de salud de los internos, porque en su opinión no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial “acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud”. Finalmente, el Representante a la Cámara dice que en el trámite del proyecto se deben realizar teleconferencias con los delegados de los comités de derechos humanos de los internos y presos políticos en los principales centros de reclusión.

Los principales puntos de la reforma
- Alcaldías y gobernaciones estarían encargadas de sindicados:
Los municipios  y  departamentos tendrán  que  asumir  la  responsabilidad  de  los sindicados, que son alrededor  de  40.000.  En este sentido, el Código estima que los entes territoriales contemplen dentro de sus presupuestos los gastos  administrativos,  técnicos y  operativos  necesarios  para  el  funcionamiento  de  los  establecimientos.
- Cárceles de alta seguridad:
El Código establece la obligación de construir establecimientos de alta seguridad para “aquellas personas con detención preventiva que representan riesgo de fuga, capacidad de corrupción o riesgo para los bienes jurídicos de las personas”.
- Delitos menores:
La  propuesta  hace  modificaciones.  “Al delito cometido  por  primera  vez  y  cuya  pena  impuesta  sea  inferior  a  tres  años  de  prisión podrán acceder al beneficio de suspensión de la pena”.
Además, “se  contempla  el  beneficio  de  prisión  domiciliaria  para  quienes  sean  condenados  a  una  pena  de  cinco  años  o  menos,  si no son  reincidentes  y cometieron alguno  de  los  delitos  excluidos”.
- Audiencias virtuales:
Según el Ministerio de Justicia, en remisiones de los sindicados a los juzgados el país gasta $130 mil millones al año. Por esa razón, una de las propuestas es realizar audiencias virtuales desde las cárceles.
- Más jueces:
El Estado tendrá que garantizar  el  número  de Jueces  de  Ejecución  de  Penas  que  sean  necesarios, ya que actualmente  existen  110 , que  son  insuficientes, según el Ministerio de Justicia.

Publicada por
COLPRENSA, BOGOTÁ
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