Tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron este viernes enviar a la cárcel a Libardo Jaramillo Sarmiento, representante legal de Corsoder, por un contrato de $75 millones con la Alcaldía de Bucaramanga. Tal contrato presuntamente nunca se realizó. Sin embargo, el Juez Primero de Garantías Ambulante se abstuvo decretar la medida de aseguramiento.
Publicado por: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ, JAZMÍN RODRÍGUEZ
El proceso penal hace referencia al contrato, radicado con el N° 501, suscrito el 21 de diciembre de 2011 entre el entonces alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, con la Corporación Social para el Desarrollo Comunitario, Corsoder, por $75 millones y que tuvo vigencia de un día. En esas 24 horas se realizaría un encuentro de líderes comunales de Bucaramanga, para una capacitación y diagnóstico de sus problemas.
En la audiencia, que se realizó en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, el fiscal Yesid Flórez solicitó la media de aseguramiento en centro carcelario contra Libardo Jaramillo Sarmiento como responsable de los delitos de ejecución de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
La Fiscalía argumentó en la audiencia que Jaramillo Sarmiento “representa un peligro para la sociedad”. Además, indicó que si el juez ordenaba la medida de aseguramiento se enviaría un mensaje a la sociedad que reclama atacar el flagelo de la corrupción administrativa.
En igual sentido se pronunció la delegada de la Procuraduría General de la Nación, al sustentar que hay en el proceso elementos de juicio que permiten enviar a la cárcel, por considerar que es un peligro para la sociedad, al entonces representante legal de Corsoder.
El Juez Primero de Garantías Ambulante, una vez comunicó su decisión, preguntó si se apelaría la determinación de no enviar a la cárcel a Jaramillo Sarmiento. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron que no lo harían.
Ahora la Fiscalía General de la Nación tendrá 60 días para presentar un escrito de acusación contra Libardo Jaramillo Sarmiento, por el contrato de un día que suscribió con el entonces alcalde de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis. En tal documento se debe argumentar los delitos de ejecución de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
El contrato
Este contrato tenía como objeto: “Apoyar el programa formación comunitaria y ciudadana para la participación del desarrollo local, a través de un encuentro para fortalecer las organizaciones comunitarias y ciudadanas”. Sin embargo, algunos líderes comunales le dijeron a Vanguardia Liberal que no conocieron que se realizara dicha actividad.
Es de destacar que en enero de 2012 la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal habló con Jaramillo Sarmiento quien no quiso entregar declaraciones sobre el contrato. “Pueden escribir lo que quieran. No voy a responder nada. Pregúntenle a Héctor Moreno Galvis sobre el contrato. Yo no tengo nada qué ver y, es más, yo no soy el Representante Legal de Corsoder”, fueron sus explicaciones en esa fecha.
Efectivamente, Libardo Jaramillo Sarmiento actualmente no es el Representante Legal de Corsoder, pero lo fue hasta el 25 de diciembre de 2011, pues la sociedad sufrió una reestructuración el pasado 26 de diciembre de 2012 y, como lo demuestra el registro de Cámara de Comercio, a partir de esa fecha Gloria Inés Uribe Gélvez asume como Directora Ejecutiva y Representante Legal de Corsoder.
La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal denunció el año pasado una serie de contratos suscritos de forma irregular y que generaron procesos en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.
