La Comisión primera de la Cámara de Representantes empezó ayer la aprobación del articulado del proyecto de ley que busca reformar el actual Código Penitenciario, normas con las cuales el Gobierno Nacional espera tener nuevas medidas que ayuden a solucionar la crisis de las cárceles que vive el país.
Publicado por: BOGOTÁ, COLPRENSA
El proyecto que hace parte del paquete de proyectos que llevó el Gobierno esta legislatura al Congreso, ha generado controversia en esa comisión por el alcance de algunas de sus normas, en particular el alcance que se le puede dar a las alianzas público privadas con las cuales los municipios podrían contratar con el sector privado la construcción de nuevas cárceles.
El representante Alfonso Prada, del Partido Verde, consideró que es muy subjetivo el alcance que se le pueda dar al cumplimiento de las normas por parte de un privado que gane una licitación, porque en su concepto construiría las cárceles bajo sus condiciones y aplicaría las condiciones de atención a los reclusos como lo considere.
Prada y otros representantes como Germán Navas, coincidieron en decir que se debe medir hasta dónde el sector privado puede entrar a manejar la seguridad nacional en lo que corresponde a las cárceles.
El representante Alfredo de Luque indicó que la reforma debería dejar a la potestad del Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Justicia el que defina cuáles serían los municipios o asociación de los mismos, en donde se pueda construir con toda la seguridad y las condicione adecuadas nuevas cárceles.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, sostuvo que el Gobierno acoge las recomendaciones de la Cámara en el sentido que pueden haber algunas propuestas que serían inconstitucionales, y se comprometió a modificar las mismas.
