Un informe realizado por la Auditoría General de la República, AGR, reveló que la Contraloría de Bucaramaga y la de Floridablanca enfrentan procesos judiciales por un monto que supera los $762 millones.
Publicado por: JINETH PRIETO
Un informe realizado por la Auditoría General de la República, AGR, reveló que la Contraloría de Bucaramaga y la de Floridablanca enfrentan procesos judiciales por un monto que supera los $762 millones.
La cifra fue publicada por el ente de control, luego de realizar un estudio a las contralorías territoriales del país, que además reveló que esas entidades en total enfrentan demandas por $265 mil millones, cifra que supera en 14% el total del presupuesto que les destinaron para 2013.
Los procesos que podrían poner en aprietos financieros a los entes de control, hacen referencia a demandas laborales, de responsabilidad contractual y extracontractual, así como de fallos de responsabilidad fiscal y de actos administrativos que son cuestionados por los afectados.
El caso de los entes de control fiscal en Santander se mantuvo en el promedio nacional.
Específicamente, la AGR reveló que la Contraloría de Bucaramanga sólo enfrenta un proceso que se remite a una demanda interpuesta por un empleado que fue despedido debido a una reestructuración administrativa en la gestión de Ricardo Arias. El monto que se solicita en esa acción es de $195 millones.
No obstante, el caso de la Contraloría de Floridablanca es más preocupante para la AGR. El informe revela que en total existen pretensiones por el orden de los $568 millones en una entidad cuyo presupuesto para 2013 fue de $967 millones.
“Las demandas que existen son de tipo laboral y en total son tres. Sin embargo, ascienden a los $250 millones. Habría que confirmar el monto de más que relaciona la auditoría. Sin embargo, puedo decir que en todas se está adelantando la defensa para evitarle un detrimento fiscal al municipio”, explicó María Margarita Bueno, contralora de Floridablanca.
La titular de ese ente de control aseguró además que este año tramitará proyectos de acuerdo para buscar una reorganización administrativa en el ente, que evite que ese tipo de escenarios se vuelvan a presentar.
Habría desfinanciación
El informe presentado por la AGR además prendió las alarmas por la posible desfinanciación de las contralorías a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró que los montos de los fallos no seguirán siendo asumidos por los entes territoriales.
Según el auditor general, Jaime Ardila, la situación en la que se verían los entes de control sería “delicada”, en vista de que no tienen recursos para responder por esas pretensiones.
Esa posición fue apoyada por los delegados de la Contaloría en el departamento, quienes aseguraron que una medida como esas debilita el control fiscal.
“Es ampliamente inconveniente y debilita la acción de las contralorías, porque tras de que los recursos no son muchos, tendrían que ser destinados a suplir fallos de ese tipo”, señaló Magda Amado Gaona, contralora de Bucaramanga.
La funcionaria se refirió al caso de la Contraloría de Santander, que actualmente paga una demanda millonaria por el despido injustificado de empleados en años anteriores.
“Si a la Contraloría le tocara entrar a responder por esos recursos, ahí sí se tendría que aplicar el dicho popular “apague y vámonos”, porque ya no habría presupuesto para auditar”, concluyó Amado Gaona.
