Sábado 18 de Mayo de 2013 - 12:01 AM

Mil millones de pesos ha costado el pleito entre el AMB y la Cdmb

Mientras el AMB y la Cdmb alistan su artillería jurídica en la disputa por saber cuál es la autoridad ambiental del área, los contribuyentes asumen los costos de la puja.
Archivo /VANGUARDIA LIBERAL
La directora del AMB, Consuelo Ordóñez, y el director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya, iniciaron la disputa el 31 de agosto de 2012 cuando el AMB creó la subdirección ambiental
(Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Pese a que esta semana tanto la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, como el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, acordaron que “entraría al congelador” la disputa que sostienen por el manejo ambiental de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y la capital santandereana, un nuevo capítulo de la pelea ya se inició.

Esta vez los cuestionamientos se dan por cuenta de terceros, quienes denunciaron ante los entes de control los altos gastos en los que han incurrido las entidades para defenderse y adelantar procesos judiciales con el fin de quedarse con los recursos que se recaudan en el área por concepto de la sobretasa ambiental.

Y es que por la capacidad de administrar los millonarios recursos, que solo este año superaron los $30 mil millones, tanto la Cdmb como el AMB han comprometido cerca de mil millones.

Específicamente, el primero de los contratos que se conoció fue por cuenta del AMB, entidad que adquirió los servicios del expresidente del Consejo de Estado y experto en derecho administrativo, Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, por un valor de $580 millones.

El contrato se extiende por tres años, y se pagará así: $145 millones por las acciones necesarias para responder la demanda y $435 millones como prima de éxito en caso de que se declare la legalidad del acuerdo que creó la subdirección ambiental.

El monto del pago a Lafont Pianeta fue calculado a partir del “1,0% de la proyeción sobre el recaudo de la sobretasa ambiental metropolitana que proporcionalmente le corresponde al AMB en los próximos tres años”, señala el contrato suscrito el 1 de abril de 2013.

Sin embargo, la situación no es diferente en la Cdmb. Según una denuncia elevada ante la Procuraduría y la Contraloría por el ciudadano José Vicente Galvis, en esa entidad se han destinado más de $400 millones en abogados para este ese fin.

Los montos varían entre los $16 y $348 millones, asignados para pagar juristas para que mantengan a la Cdmb como autoridad ambiental en los cuatro municipios del área.

De hecho, en los últimos tres meses se han destinado tres contratos para ese fin específico.

El primero fue suscrito el 31 de octubre pasado con María del Pilar García por un valor de $16 millones para que conceptuara si era procedente demandar el acuerdo metropolitano.

El segundo fue suscrito con Javier Solanilla por $40 millones, para que demandara el acuerdo metropolitano. Ese se extendió por un plazo de dos meses y fue firmado el 30 de noviembre del año pasado.

El tercero fue suscrito el pasado 15 de mayo con el exconsejero de Estado y experto en derecho administrativo, Alier Eduardo Hernández, quien deberá emprender acciones de cumplimiento contra los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, así como algunos de sus funcionarios, por no girarle todos los recursos de la sobretasa a la Cdmb.

Además, Hernández deberá representar a esa entidad ante el Consejo de Estado mientras se resuelve la consulta elevada por el Ministerio del Medio Ambiente y se determina cuál de las dos entidades va a ser la autoridad ambiental del área. Ese contrato se extiende por un año.

Aunque sobre los gastos desde las dos entidades se ha reconocido que “son elevados”, han asegurado que su inversión “era necesaria”.

“A mí me parece elevado el gasto sin duda pero lo consideramos necesario debido a que no es una defensa común y corriente, sino que se trata un tema institucional”, aseguró Consuelo Ordóñez, directora del AMB.

Por su parte, desde la Cdmb, Luis Alberto Flórez, secretario general, aseguró que aunque la inversión ha sido alta, ha obedecido a que ni el AMB ni los alcaldes han querido frenar la creación de la subdirección ambiental

“Todos los contratos han tenido su razón de ser y se han dado de manera paulatina. Si los alcaldes no hubieran insistido, la inversión se habría dado en $16 millones, cada abogado ha servido para defender los intereses”, precisó.

“Aquí no están obrando de buena fe”

La disputa por los recursos de la sobretasa ambiental ha trascendido la Cdmb y el AMB y se ha colado en los discursos del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa.

En esta ocasión, el mandatario santandereano aseguró que creía que los alcaldes y la directora del AMB, Consuelo Ordóñez, no están “obrando de buena fe” con el giro de los millonarios recursos.

“Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con lo que hizo el Alcalde de Bucaramanga de mandar los recursos al área metropolitana; legalmente es inviable...Esperen a que salga la decisión por parte del Consejo de Estado y si la decisión dice que la proyección es válida pues inmediatamente, pero no empiecen a prejuzgar sin tener un marco legal... Yo lo rechazo rotundamente y creo que aquí no están obrando de buena fe”, indicó Aguilar.

Al respecto, el Alcalde de Bucaramanga aseguró que “nosotros hicimos un acuerdo con mucha responsabilidad y hemos sido coherentes en que lo aprobado sea lo que se ejecute”, sobre la buena fe, afirmó que “eso habrá que preguntárselo al Gobernador”.

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