El dinero que pagó en 1996 el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, por concepto de un anticipo para la construcción de un puente peatonal en el barrio San Antonio de Carrizal ubicado en Girón, deberá ser devuelto por el contratista.
Publicado por: JINETH PRIETO
El dinero que pagó en 1996 el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, por concepto de un anticipo para la construcción de un puente peatonal en el barrio San Antonio de Carrizal ubicado en Girón, deberá ser devuelto por el contratista.
Así lo determinó un fallo del Consejo de Estado, que, además, puso en cintura la contratación en todo el país al especificar que cualquier contrato que se celebre vulnerando el principio de planeación, está viciado de ilegalidad.
Ese fue el caso del contrato en cuestión, que fue suscrito hace 17 años entre el AMB y el contratista Alfonso Ospina para construir en dos meses un puente peatonal que jamás se levantó, porque los predios no fueron adquiridos por la entidad estatal.
La demanda que existía sobre el contrato se remonta a 1998 cuando Ospina entabló una acción contra el AMB porque esa entidad decidió declarar unilateralmente su terminación, debido a que jamás se pudieron comprar los predios.
En la acción, que fue fallada a favor de Ospina por el Tribunal Administrativo de Santander en 2003, se especificó que el contratista no debía responder por la falta de planeación del AMB y se ordenó que se le reconociera la utilidad y los gastos en los que había incurrido.
Debido a que la decisión fue apelada por el contratista, quien reclamó que se le reconocieran los demás gastos que había incurrido, la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del magistrado Jaime Santofimio, tras conocer la demanda revocó el fallo y declaró la nulidad del contrato, debido a que tanto el AMB como el contratista faltaron al principio de planeación.
Según conceptuó el Consejo de Estado, “infringen la ley no sólo la entidad estatal sino también el contratista al celebrar un contrato con serías fallas de planeación”, que jamás se realizaría en el tiempo previsto, y con la gravedad de que no fue satisfecho el interés público con el que se celebraba.
El alto tribunal también le ordenó al contratista devolver el anticipo, en vista de que si se reconociera algún pago se estaría reconociendo la legalidad del contrato.
El Consejo de Estado, además, le compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduróa para que investigue a las partes.
Por estos hechos, el AMB recibirá $25 millones correspondientes al valor actualizado de los $11 millones del anticipo.
