Tanto veedurías como contratistas interesados en ofertar en el proceso que adelanta la Alcaldía de Bucaramanga para adjudicar el contrato para el transporte escolar, denunciaron que los pliegos estarían direccionados y que se estarían dando las condiciones para que una empresa salga favorecida.
Publicado por: JINETH PRIETO
Pese a las denuncias que han existido en torno a las licitaciones que ha adelantado la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Bucaramanga para contratar el suministro de refrigerios escolares, un nuevo cuestionamiento puso en el ‘ojo del huracán’ la contratación que adelanta este despacho.
Tanto veedurías como contratistas interesados en ofertar prendieron las alarmas sobre presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación que actualmente adelanta esa cartera con el fin de contratar el transporte escolar de niños que habitan en sectores vulnerables o en áreas rurales de la ciudad.
El contrato, que asciende a los $1.003 millones y que según el calendario previsto por la Secretaría será adjudicado este miércoles 22 de mayo, tendría errores tanto de forma como de fondo en su formulación.
Precisamente, una de las principales deficiencias que fue identificada por una de las veedurías obedece al número de vehículos que solicitan (20) y el número de niños a transportar (1.389).
“En las especificaciones técnicas se presentan 18 rutas de transporte... al hacer el cálculo de matemática básica se desprende que se requerirían al menos 47 vehículos de 30 puestos para prestar el servicio o si son 40 puestos se requerirían 35 vehículos”, precisa el documento de la Veeduría Universitaria Bucaramanga, que fue dirigido con copia a la Procuraduría y a la Personería.
Es decir, según denunció la Veeduría, en el contrato se faltó al principio de planeación, debido a que la Secretaría no realizó adecuadamente los cálculos para el transporte de los estudiantes, y en esa medida, existen serios riesgos de que varios de los menores se queden sin transporte para ir a su colegio.
Al respecto, la secretaria de Educación, Claudia Fernández, aseguró que el número de vehículos tuvo soportes técnicos.
“El número de vehículos se dejó en mínimo 20, porque existen dos jornadas y entonces los buses hacen dos recorridos. De lo que he visto del proceso, la Veeduría Universitaria hizo unas anotaciones fuera del término, es decir, extemporáneas, cuando se dio el tiempo suficiente para que todos hicieran sus precisiones sobre el proceso”, indicó Fernández.
Adicionalmente, la Veeduría cuestionó que en el pliego no se consideró que dentro de los vehículos estuvieran asistentes que se encargaran del cuidado de los menores durante los trayectos, y dejó en evidencia que pese a que desde el Ministerio de Educación se solicita que para este tipo de contrataciones se pueden presentar vehículos con modelos desde 2002, en la Secretaría solo le otorgaron puntaje a los que eran modelo 2004 en adelante.
Sin embargo, el Comité Transparencia por Santander también realizó cuestionamientos al proceso.
“Lo que identificamos es que nuevamente se está cerrando la posibilidad de que haya pluralidad de contratistas. Los requisitos siguen siendo demasiado específicos y no contribuyen al objeto. El caso de la experiencia es un claro ejemplo: dos contratos realizados en los últimos tres años por valor superior a los $1.000 millones, cierran la posibilidad de que contratistas se presenten”, precisó María Juliana Acebedo, vocera del comité.
En cuanto a estos cuestionamientos, Fernández aseguró que “el pliego de condiciones se hizo ajustado a las normas” y que muestra de ello es que se presentaron dos oferentes y que no solo uno estuvo en el proceso.
Pese a que por ley, todas las observaciones y las respuestas que da la Secretaría de Educación deben ser publicadas, eso no fue lo que ocurrió en este caso.
“Aquí hay corrupción”
Desde Transportes El Dorado S.A.S, una de las empresas interesadas en ofertar, se denunció que su propuesta fue descalificada por la Secretaría atendiendo a requisitos que ni siquiera estaban contemplados en los pliegos de condiciones.
“Nosotros nos dimos cuenta desde el principio que el proceso estaba direccionado. Primero nos dijeron que no cumplíamos con la parte jurídica porque las pólizas que anexamos no daban garantía, cuando eran exactamente las mismas que presentó el otro oferente, solo que nosotros las habíamos comprado en Bogotá”, aseguró Gloria Quintero, representante legal de Transportes El Dorado S.A.S.
La contratista además señaló que su empresa fue descartada porque durante la evaluación financiera verificaron ítems que no fueron contemplados dentro del pliego de condiciones.
“Con esto lo que hicieron fue descalificarnos argumentando algo que no tiene sustento ni siquiera en los mismos pliegos. Nosotros cumplíamos con todos los requisitos que ellos establecieron... Para mí hay corrupción desde que montaron los pliegos”, concluyó Quintero.
Esta situación había sido advertida por la Veeduría Universitaria de Bucaramanga en las observaciones presentadas al proceso.
Respecto a las denuncias realizadas por la empresa, la Secretaría de Educación aseguró que los requisitos tanto jurídicos como financieros fueron revisados por otras dos secretarías.
“Tengo entendido que esa empresa no presentó póliza original y que la Secretaría Administrativa por eso la descartó, porque la ley estipula que ese requisito es habilitante. Esa decisión se miró con siete abogados y además con la Procuraduría. A ellos se les dio un tiempo de dos días hábiles para subsanar esa falla, pero solo presentaron el recibo de pago de la póliza y no la póliza original”, precisó.
En cuanto a la evaluación financiera Fernández aseguró que esa era competencia de la Secretaría de Hacienda, “porque los expertos evalúan cada aspecto del contrato”.
Esta última afirmación fue cuestionada por un experto en derecho administrativo consultado por , quien aseguró que “la responsabilidad de establecer los requisitos habilitantes y de vigilar su cumplimiento está en el ordenador del gasto, que para el caso es la Secretaría de Educación, no la de Hacienda”.
De esta manera, la única empresa que quedó calificada fue Transportes Calderón, firma que desde julio de 2010, según registros de la misma Alcaldía, ha ejecutado ese contrato.
