Viernes 21 de Noviembre de 2014
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Política
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Jueves 30 de Mayo de 2013 - 12:01 AM

Aseguran al supervisor de los contratos del ‘carrusel’

Jineth Prieto / VANGUARDIA LIBERAL
La audiencia se realizó en la Sala Segunda de Garantías y se extendió por cerca de siete horas.
(Foto: Jineth Prieto / VANGUARDIA LIBERAL)
Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra Ulises Dueñas Villamizar, supervisor de varios de los contratos implicados en el ‘carrusel’ de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga durante el tiempo de Héctor Moreno Galvis.

La juez sexta penal de Garantías, Sonia Peña, profirió medida de aseguramiento preventiva consistente en detención domiciliaria contra Ulises Dueñas Villamizar, implicado en el ‘carrusel’ de la contratación de la Alcaldía de Bucaramanga.

La determinación de la administradora de justicia se dio tras considerar que Dueñas Villamizar, quien era el supervisor de varios de los contratos comprometidos en el ‘carrusel’, representa un peligro para la comunidad en vista de que pese a que está salpicado por el escándalo, aún sigue ejerciendo como funcionario de la Alcaldía.

Y es que durante la audiencia, se conoció una certificación que demostró que desde el 8 de febrero de 2012, es decir, a pocos días de que se conociera el presunto ‘carrusel’, Dueñas Villamizar fue trasladado de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría del Interior.

“Para el despacho hay un contenido de peligro para la comunidad debido a que podría darse la continuidad de la actividad delictiva, porque aunque está en otro cargo como profesional universitario, también tiene dentro de sus labores la supervisión, revisión y elaboración de documentos”, indicó la jueza.

Adicionalmente, para proferir su decisión la administradora de justicia estimó la gravedad del modus operandi de la suscripción de los contratos y aseguró que ese caso no se puede ver aisladamente.

“El despacho considera que hay peligro, toda vez que no solo son bienes los que se tocan, sino que también estamos hablando de la credibilidad del Estado... y estas conductas dan al traste con el cometido de la función administrativa y sus principios”, agregó la jueza.

La medida de aseguramiento contra Dueñas Villamizar, fue proferida luego de que se le imputaran los cargos de concurso homogéneo en falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Las presuntas conductas delictivas fueron expuestas por el fiscal sexto delegado ante el Tribunal Superior, Yesid Mateus Flórez, quien aseguró que Dueñas Villamizar no sólo incurrió en una ocasión en falsedad de documentos, sino que firmó y redactó tres actas que daban cuenta de una actividad que se realizó antes de firmado el contrato y bajo parámetros que no cumplían lo acordado.

La labor de Dueñas Villamizar era precisamente la de vigilar el cumplimiento de esa actividad; sin embargo, firmó un acta de inicio con fecha de 27 de diciembre, un acta de finalización con fecha 29 de diciembre y una certificación que dio fe de que el contrato se realizó cumpliendo todos los requisitos, cuando en el juicio ni la defensa ni él pudieron establecer la fecha exacta de la actividad.

Aunque el abogado de Dueñas Villamizar, Juan José Rey, aseguró que su apoderado actuó de buena fe porque el contratista le presentó las actas firmadas de los asistentes al taller, la jueza desestimó ese argumento recalcando que la labor del funcionario no era otra diferente a la de verificar el cumplimiento del objeto del contrato.

La defensa del funcionario también hizo alusión a que Dueñas Villamizar durante todo el 2011 tuvo que supervisar 300 contratos y que esa era una carga laboral muy amplia, pero tampoco se tuvo en cuenta ese argumento, que se dijo tendrá que ser dilucidado durante el juicio.

El cuestionado contrato

Específicamente, el contrato por el que se puso en entredicho la gestión de Dueñas Villamizar durante esa diligencia, hace referencia a un contrato suscrito el 27 de diciembre de 2011 entre la Fundación Colombia Mejor, Fundacolme, y la entonces secretaria de Desarrollo Social de Bucaramanga, Elvia Liliana Sarmiento Osma.

El contrato, que tuvo un valor de $17 millones y que tenía como fin dictar talleres de adornos navideños a 50 madres cabeza de familia después de las fiestas decembrinas, al parecer fue soportado en documentos falsos.

Estos hechos fueron denunciados por la Unidad Investigativa de Vanguar-dia Liberal, que obtuvo la confesión de Germán Ríos Moreno, representante legal de Fundacolme. En sus declaraciones, el contratista, quien también se encuentra bajo detención domiciliaria, aseguró que el costo real del contrato fue de $7 millones.

Por la suscripción de este mismo contrato la Fiscalía también le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requi-sitos legales a Sarmiento Osma, pero contra ella no se dictó medida de aseguramiento.

Aunque el apoderado del funcionario no apeló la decisión, aseguró que solicitará su revocatoria por considerar que no se cumple con los requisitos para privar de la libertad a su cliente..

Publicada por
JINETH PRIETO
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