Contrato de arrendamiento de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga generaría daño fiscal
Las denuncias hechas el pasado 1° de octubre por el Concejal de la U Cleomedes Bello Villabona prendieron las alarmas de la Contraloría, que inició un proceso de auditoría, emitió un control de advertencia y posteriormente abrió una investigación a dicha entidad.
De acuerdo con la contralora municipal ,Magda Milena Amado, el presunto daño fiscal ascendería a los $48 millones. Además, el contrato, según la Contralora, no cuenta con los soportes legales como son un estudio idóneo del sector y establecer una necesidad real para realizar el traslado a la nueva oficina de 216 metros cuadrados.
“La justificación para el traslado de la sede de la Caja de Previsión obedecía a que se requería de esas oficinas para la Secretaría Jurídica, pero la propia jefe de despacho, la doctora Carmen Cecilia Simijaca dijo que nunca pidieron el uso de esas dependencias”, explicó Amado.