El meollo que hay sobre si una persona que no votó en las elecciones presidenciales del año pasado, no puede votar en las elecciones de octubre próximo, tiene solución: volver a inscribir la cédula.
Publicado por: Ana María Valencia s.
El atolladero se formó porque la ley que reglamenta la reforma política señala en el artículo 47, que sólo serán aptas para votar las personas que hayan participado en las últimas elecciones, quienes reciban su cédula por primera vez y todas las que deseen inscribirse.
Por eso muchos sectores han protestado, incluso el Polo Democrático que considera que es una manera de diezmarlos por cuanto esta colectividad ha promovido el abstencionismo en las recientes elecciones.
Aunque la ley está en revisión en la Corte Constitucional, que debe decidir si la declara exequible o no, la registradora de Santander Elizabeth Monsalve, considera que la reforma no señala que dicha población no podrá votar, sino que deberá inscribir la cédula de nuevo.
El hecho es que mientras la Corte resuelve y con el fin de facilitarle tanto a los ciudadanos como a la organización electoral el proceso de inscripción de cédulas, la Registraduría adelantó en una semana la apertura del proceso que se iniciará el próximo miércoles 23 de febrero.
Inicialmente estaba previsto que la inscripción de cédulas se hiciera entre el 2 de marzo y el 29 de mayo, pero el Consejo Nacional Electoral determinó que el 29 de mayo se celebrarán las consultas populares internas de partidos y movimientos políticos y por eso la Registraduría modificó el calendario para que no que cruzaran las fechas.
Se redujo el tiempo de inscripción
De acuerdo con la información de la Registraduría, esta le solicitó al Ministerio de Hacienda $38 mil 205 millones para realizar el proceso de inscripción de cédulas en puestos de votación durante 20 días en mayo.
Los recursos aprobados fueron de $17.000 millones, es decir menos de la mitad del dinero solicitado, razón por la cual el órgano redujo el tiempo de inscripción a 7 días en puestos de votación y además canceló el proyecto original de instalar lectores ópticos de huella en los puestos de votación, para individualizar a los ciudadanos y evitar suplantación.
