Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores, pues la criminalización de los usuarios no solo no ha mostrado beneficios de salud pública, sino que, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud.

Esa es una de las principales recomendaciones que hace la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, que le entregó al Gobierno Nacional el informe ‘Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas’.

La Comisión considera que la política frente al consumo de sustancias psicoactivas debe ser enfocada como un asunto de salud pública y debe ser respetuosa de los derechos humamos. Así mismo, señala que las acciones de política frente al consumo de drogas deberán orientarse por las evidencias más sólidas posibles, alejándose de posturas ideológicas preconcebidas que carezcan de sustento empírico.

El informe fue entregado por el presidente de la Comisión, el profesor Daniel Mejía, al Gobierno, representado por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Ante el Juez 67 de Control de Garantías, Hipólito Moreno, expresidente del Concejo de Bogotá, aceptó su responsabilidad en el escándalo del ‘carrusel de la contratación’, luego de que la Fiscalía le imputara los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

“He entendido los dos cargos que me ha imputado el señor fiscal, que son interés ilícito en la celebración de contratos y cohecho propio. Después de hacer una gran reflexión sobre estos hechos he decidido aceptar los cargos y por lo tanto pedirle perdón a la sociedad por estos errores y como una señal de arrepentimiento quiero comunicarle, señor juez, que estoy colaborando con la justicia”, manifestó Moreno, cuando aceptó los cargos.

Los hechos

Según el ente acusador, durante el 2009, Moreno actuó en coautoría con el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano, teniendo como intermediario al contratista Emilio Tapia, para aceptar “promesas remuneratorias y recibir dinero”, que correspondía al 9% de un contrato de ambulancias en el sector salud que ascendía a los 67 mil millones de pesos.

Para la Fiscalía, tanto Zambrano como Moreno direccionaron el proceso, para asegurar que el contrato fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá.

“Estaba aceptando esa promesa remuneratoria. Estaba recibiendo ese dinero de parte de la Unión Temporal, para ejecutar actos contrarios a los deberes oficiales”, manifestó el representante de la Fiscalía General de la Nación.

Así mismo, le expresó al exconcejal que “sin su aporte no se hubieran establecido las directrices para estructurar el contrato de ambulancias, que al fin resultaría adecuado para que la Unión Temporal ganara la licitación”.

Los negociadores del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos conocerán, de primera mano, las experiencias de los desmovilizados de los principales procesos de paz que han sido exitosos en el país, con el fin de poder enriquecer el que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana.

Así se anunció en una reunión de varios miembros de grupos guerrilleros que se desmovilizaron en 1991 con la Comisión de Paz del Senado, la cual viene realizando unas mesas de trabajo en tal sentido desde hace dos semanas.

El planteamiento lo hizo el desmovilizado del M-19 y hoy director de la Campaña Colombia Contra Minas, Álvaro Jiménez Millán, quien planteó que cada uno de esos procesos que se dio en la década de los noventa fue diferente, por lo que no se puede hablar de que exista un modelo de paz único, y menos para aplicar a las Farc.

Incluso Jiménez aseguró que es un imperativo que se lleve a la mesa de negociación el tema de las minas antipersona, porque explicó sigue habiendo regiones del país, como en el Putumayo, en donde hay algunas zonas minadas cerca de escuelas, por lo que esos centros educativos están cerrados para los niños, sumado a que a diario sigue habiendo más mutilados por estas armas.

Roy Barreras informó que el Gobierno considera necesario escuchar estas experiencias y que lo hará la semana próxima, con el equipo negociador a la cabeza del comisionado Sergio Jaramillo.

Los funcionarios de Medicina legal en Santander decidieron unirse al paro, que desde el pasado lunes decretó la entidad en el país. Al respecto, Jairo Fuentes Pérez, vicepresidente seccional del Sindicato Nacional de Empleados de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sindemedilegal, aseguró a Vanguardia.com que se atenderán “en plan tortuga sólo emergencias”.

Fuentes Pérez definió “emergencias” como todos aquellos procedimientos relacionados con delitos sexuales, pruebas de embriaguez y necropsias. “Estas labores se realizarán, pero en ‘plan tortuga’. Esta asamblea permanente es de carácter indefinido...”.

Al respecto, Saúl Martínez, director de la Regional Nororiental del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, afirmó que ya se tiene un plan de contingencia para afrontar el cese de actividades.

“Ya se está evaluado un plan de contingencia, para que el público no vaya a salir perjudicado. Se continuarán prestando los servicios en las aéreas de urgencias forenses”, explicó Martínez.

Cerca de 1.900 funcionarios del Instituto de Medicina Legal entraron en paro desde este lunes, para exigir una nivelación salarial, pues manifiestan que no los tuvieron en cuenta en el aumento que se logró con la Rama Judicial.

Inicialmente, el cese de actividades ocurrió en las sedes de Bogotá, Cali, Caldas, Pereira, Armenia y Medellín, aunque es posible que em los próximos días se unan todas las seccionales.

Quienes se unieron a la manifestación argumentan que el año pasado a los funcionarios de la Rama Judicial se les hizo un reajuste salarial del 26% más el 4,7% por ciento del Índice del Precio al Consumidor (IPC); sin embargo, alegan que a los funcionarios de Medicina Legal solo se les reconoció el aumento del IPC.

Según el viceministro de Trabajo, José Noé Ríos, la idea es que el Gobierno y los funcionarios de Medicina Legal del país lleguen a un pronto acuerdo que dé una solición al paro. “El Gobierno tiene buena voluntad para conversar con los funcionarios y lograr un acuerdo en el menor tiempo” aseguró Ríos.

Gobierno y medicina legal ya se reunieron

Según Javier Castro, vocero del sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Medicina Legal, en una reunión realizada en la Defensoría del Pueblo, Bogotá, se llegó a un preacuerdo en donde los funcionaros de la entidad presentaron una propuesta para generar una mesa de negociación. La reunión se realizó entre el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo; Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo; José Noé Ríos, viceministro de Trabajo; Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Lega,l y miembros del sindicato. Tras esta reunión, Castro ha reconocido que hay “buena voluntad” de parte del Gobierno Nacional para encontrar salidas que permitan levantar la manifestación.

Los estadounidenses que sobrevivieron al potente tornado que asoló a un suburbio de Oklahoma City (estado de Oklahoma) describieron su carrera para hallar refugio para luego emerger de entre escombros para ver solo devastación.

Las alarmas sonaron cuando el embudo negro de viento llegaba a Moore, de 55.000 habitantes, en las afueras de Oklahoma City, a media tarde del pasado lunes, aunque nadie anticipó su capacidad de destrucción, que dejó oficialmente 24 muertos.

Una mujer con raspones en la cara, que se identificó como Elizabeth, describió a la televisión local KFOR-TV que aceleró por la autopista para intentar llegar a su casa y salvar a su perro Ginger.

Una vez allí, se metió en una tina de baño con el perro y unas cuantas almohadas, mientras el tornado sacudía y levantaba todo a su paso. Lo siguiente que vio fue su casa convertida en escombros. “No puedo creer que hayamos sobrevivido a esto”, confesó Elizabeth, sujetando la correa de su perro, quien resultó ileso.

Lando Hyde, trabajador de establo, también pensó primero en los animales: corrió para liberar a numerosos caballos, antes de tratar de buscar refugio.

El tornado destruyó los establos, arrojando además una camioneta sobre ellos, relató.

“Era realmente ensordecedor y uno podía ver las cosas volando por todas partes”, dijo.

Labores de rescate

Los esfuerzos de rescate comenzaron casi inmediatamente, mientras los alarmados residentes corrían de un lado a otro sobre las casas devastadas buscando sobrevivientes.

Casi todas las personas reportadas como desaparecidas tras el paso del devastador tornado en las afueras de Oklahoma fueron encontradas y se prevé que el balance de víctimas siga en torno a 24, dijo ayer el jefe de la Policía del estado, Billy Citty, en rueda de prensa.

El tornado destruyó al menos dos centros educativos, incluyendo la escuela primaria Plaza Towers, donde murieron al menos siete niños, según CNN.

Un alumno de sexto año llamado Brady relató a CNN cómo él y sus compañeros se resguardaron en los baños con los docentes. La actuación heroica de los profesores de la escuela fue retratada por los medios internacionales.

El presidente estadounidense Barack Obama declaró el estado de desastre en el área, lo que abre la vía a ayudas federales para las zonas devastadas en los condados de Cleveland, Lincoln, McClain, Oklahoma y Pottawatomie.

En tanto, el secretario general de la ONU, Ban ki-moon, propuso la ayuda para apoyar a las víctimas del tornado y el papa Francisco se solidarizó con las familias afectadas.

Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de “golpe devastador para las víctimas” la anulación de la reciente sentencia de 80 años de cárcel contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

“El fallo del lunes es un golpe devastador para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto”, afirmó Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de la organización no gubernamental con sede en Londres.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia, al concluir que no se cumplió el debido proceso tras la suspensión, el 19 de abril, del juicio iniciado un mes antes. Éste fue reanudado unos días después y concluyó el pasado 10 de mayo con la histórica condena.

“Los fundamentos legales del fallo no están claros, y ahora es incierto cómo puede apretar el tribunal el botón de reiniciar para regresar al punto en el que estaba a mediados de abril”, agregó Elgueta.

Mientras el presentador chavista Mario Silva anunció que deja su programa de televisión por “razones de salud”, la oposición venezolana exigió ayer que se investigue el supuesto audio del conductor de televisión en las que se sugiere que existe una conspiración dentro de chavismo para desplazar al presidente Nicolás Maduro.

Silva pidió el pasado lunes en la noche en su programa La Hojilla, transmitido por el canal estatal VTV, ser investigado por la justicia venezolana y aseguró ser víctima de un montaje con la difusión por la oposición de una conversación que pondría al descubierto una conspiración en el oficialismo.

“He decido ponerme a derecho para que las instituciones de justicia hagan lo que deben hacer, no les temo a los fascistas, mucho menos a la justicia (…) si tengo que ser juzgado bienvenido sea, repito, me pongo a derecho para que se investigue lo que se deba investigar”, expresó el chavista Silva.

Reacciones

Dirigentes de la oposición han exigido que la justicia investigue el supuesto caso de corrupción que puso al descubierto el audio.

El opositor gobernador del estado Lara, Henri Falcón, dijo que la oposición tiene el compromiso de exigir que se investigue a profundidad lo que declaró Silva.

“No está desconcertado solo el pueblo venezolano. Esto trasciende nuestras fronteras, porque se habla de todo un tinglado de corrupción y lucha por el poder en Venezuela“, indicó por su parte el diputado opositor Richard Blanco.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, confirmó el secuestro de dos turistas españoles en Colombia y afirmó que su departamento ha estado desde el primer momento en contacto con el Gobierno colombiano y con las familias de las víctimas.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado español, el ministro García-Margallo dijo que desde el primer momento en que el Gobierno español tuvo conocimiento del secuestro, su departamento ha estado “en contacto” con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y con las familias de los dos españoles.

Los secuestrados son Conchi Marlaska, de 43 años, y Ángel Sánchez Fernández, de 49, dos ciudadanos españoles de los cuales se encontraron documentos en un automóvil, que fue abandonado en una carretera entre Uribia y el Cabo de La Vela, en La Guajira.

Según los documentos hallados por la Policía, el vehículo fue alquilado el pasado 2 de mayo, indicó el mayor César González, jefe de la unidad militar del Gaula en La Guajira. La pareja estuvo el 14 de mayo en el balneario de Santa Marta y “ahí se perdió la pista de ellos, no sabemos qué pasó., solo resultó el carro aquí”, explicó el oficial. Se dice que la mujer es familiar del juez español Fernando Grande-Marlaska.

“Por el momento no sabemos nada de ellos, lo único que se encontró fue el vehículo... estamos indagando a ver si se los llevaron, si se perdieron, o los iban a robar, pero no sabemos nada más”, indicó González.

Agregó que hasta el momento “no hay ninguna denuncia (de algún familiar) y hemos estado patrullando toda el área, hablando con los indígenas por si nos dan alguna información sobre estos dos españoles”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia española afirmó que “en los temas de secuestro la norma de la casa es mantener una discreción absoluta”.

La Policía de Colombia trabaja en coordinación con la de España, para resolver el caso y ha enviado a La Guajira una unidad especial de su grupo antisecuestro y antiextorsión del Gaula. Como el secuestro tuvo lugar en la zona fronteriza, no se descarta que los dos españoles hayan sido llevados a territorio venezolano.

ESTE AÑO HAN SIDO SECUESTRADAS 58 PERSONAS

Así lo afirma un informe realizado por la Fundación País Libre, que fue divulgado con ocasión del reciente secuestro de los ciudadanos españoles en La Guajira. Este informe dice que, a pesar de que el secuestro en el primer trimestre de este año ha bajado 40% con respecto al mismo periodo del año anterior, la situación no deja de ser preocupante.

Según el informe, 58 personas han sido secuestradas en 2013, de las cuales 25 fueron liberadas por sus captores, 17 fueron rescatadas por la Fuerza Pública, 6, entregados por presión de las autoridades y 3 se fugaron. Otros 7 siguen privados de su libertad. Ninguno ha muerto durante el cautiverio. El informe muestra que a pesar de que en los últimos 10 años el secuestro se ha reducido en 85%, durante este periodo han sido secuestradas 6.880 personas.

Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía Cuarta Seccional del Socorro le imputó cargos al exalcalde Humberto Chinchilla Mora por los presuntos delitos de peculado culposo y celebración de contratos sin el lleno de requisitos.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el exmandatario celebró el 3 de noviembre de 2010 un contrato de donación con la Licorera de Santander consistente en la entrega de los bienes muebles que se encontraban en el parque recreacional El Lago de Floridablanca, para ser reutilizados en un parque acuático que se construiría en el municipio del Socorro.

Para el transporte de los bienes muebles entre Floridablanca y Socorro la Administración invirtió $25 millones.

Sin embargo, la Fiscalía logró establecer que ni se cumplió con el objeto de la donación, debido a que los elementos están abandonados, y que en esa medida los gastos en los que se incurrieron para transportarlos fueron inefiecientes.

Además de la investigación en contra del exalcalde, la Fiscalía también está adelantando cuatro indagaciones preliminares por los mismos hechos. Se espera que sobre esas pesquisas se conozcan resultados en los próximos días.

Respecto a la decisión del ente acusador, el exmandatario se pronunció y aseguró que contrario a lo que se afirma, no cometió ninguna irregularidad.

“Creo que el proceso tiene muchas inconsistencias e impresiones que demostraré más adelante. Tengo la conciencia tranquila de todos mis actos”, precisó.

Con esta determinación iniciará el jucio formal en contra de Chinchilla.

Usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué las quejas que se interponen contra locales comerciales que violan los límites de ruido, por sitios de alimentos que pasan por alto las condiciones de salubridad o por vecinos que afectan los derechos de los demás, no avanzan en Bucaramanga? Pues bien, la Personería encontró la respuesta.

Desorden administrativo, impunidad a la hora de ejecutar sanciones e ineficiencia para adelantar procesos, fue el diagnóstico que entregó este ente de control de las inspecciones de Policía de la ciudad, dependencias adscritas a la Secretaría del Interior.

El desalentador panorama de estas dependencias se reveló tras una visita en la que, además, se advirtió que hay quejas desde 2009 sin que se hubiera adelantado acción alguna sobre las mismas.

“Las inspecciones son las encargadas de la justicia municipal, pero lo que se pudo observar es un vacío terrible al que si no le ponemos la mano en este momento, va a repercutir en la impunidad. Aquí lo que se puede decir es que la justicia está en cero”, explicó Augusto Rueda, personero de Bucaramanga.

Las faltas en las inspecciones fueron advertidas luego de las repetidas quejas que se instauraron en la Personería sobre la falta de celeridad en los procesos, que tal y como se identificó, ni siquiera se adelantan.

“En ninguna inspección hay base de datos actualizada de los procesos que tiene a cargo cada una. Es espantoso el ver cómo inspectores que recién ingresan no saben qué reciben ni por dónde comenzar. También se encontró una inspección que duró aproximadamente dos años sin el nombramiento de un inspector titular, manejándose solo mediante encargos con lapsos cortos que afectaron la celeridad de los procesos que allí se adelantan”, precisó Rueda.

La Personería también halló procesos con querellas instauradas desde el año 2000 en los cuales se profirió una resolución sancionatoria que no se hizo cumplir; esto sin contar que los funcionarios no conocen el paradero de varios documentos que soportan los procesos.

“Es absurdo que en pleno siglo XXI no estén sistematizados los datos y no se conozcan los procesos ni su estado. Es sorprendente que la gente aún ponga quejas si no avanzan”, concluyó Rueda.

Igualmente, desde la Personería se le hicieron las solicitudes a las inspecciones para que se pongan al día. En caso de que no se cumpla con los requerimientos, los funcionarios podrán verse incursos en procesos disciplinarios.

Vanguardia Liberal intentó comunicarse con el secretario del Interior, René Garzón, para conocer su versión sobre la ineficiencia de las inspecciones, pero no obtuvo respuesta.