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El señor Oscar Ortiz González, Zar Anticorrupción, estima que por causa del soborno se desvía a manos de particulares una suma aproximada de 4 billones de pesos del Presupuesto de Inversión de la Nación (El Tiempo, edición del 10 de enero de 2010, entrevista de Yamid Amat). A su vez, el señor Iván Darío Gómez, Auditor General de la República, calcula en 17 billones de pesos la perdida de recursos por cuenta de la corrupción. La diferencia entre 4 y 17 billones se explica porque el Zar Anticorrupción se refiere únicamente al presupuesto de la Nación, mientras que el Auditor General lo hace con relación a los presupuestos de la Nación, los Departamentos, Municipios e Institutos   descentralizados.

Esta escandalosa información nos incita a los colombianos a reflexionar y tomar conciencia de dos realidades: A) que estamos en presencia del mal más grave que aqueja al país, más grave aún que la guerrilla y el paramilitarismo; estos dos últimos males van en camino de solución, mientras el de la corrupción está en su apogeo. B) que los dineros que van a parar al bolsillo siniestro de los corruptos podrían servir, en pocos años, para salir del atraso en la infraestructura vial, y para dar pasos gigantescos en la anhelada igualdad de las oportunidades de todo orden: vivienda, salud, educación, etc.

Antes estas dramáticas realidades, todos los estamentos de la sociedad están en la obligación de unirse en un gran Movimiento Nacional Anticorrupción. Que el sector académico se dedique a estudiar, como un caso de vida o muerte de la república, las posibles soluciones del fenómeno. Que los directivos de los partidos políticos, en un acto de grandeza, sean capaces de unirse en el propósito de no conceder el aval a personas de cuya honestidad se tengan fundadas sospechas. Que todo ciudadano tome la resolución de no entregar su voto a una lista donde figuren personas inmersas en investigaciones, o familiares de ellas. Que los contralores cumplan a cabalidad con la función de auditar y que pongan en conocimiento de la justicia todo acto irregular, en especial los que atañen a la contratación pública. Que la justicia actúe con   prontitud y probidad, sin dejar vencer los términos, antes de producir la decisión correspondiente. Que la sociedad civil actúe sin miedo, a través de Veedurías Ciudadanas, para vigilar los procesos licitatorios y el cumplimiento de los contratos con el Estado.

La esperanza radica en que contamos en la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, con un hombre moralmente intachable y decidido, capaz de liderar ese Movimiento.

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