Gabinete de Rodolfo defiende su gestión y los planes en Bucaramanga
El primer punto del debate giró sobre la polémica generada por la reunión reciente entre el alcalde, Rodolfo Hernández, y el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez, contando con que el primero no se ha reunido con el presidente, Juan Manuel Santos, en sus últimas visitas a la ciudad.
El jefe de gobernanza, Manolo Azuero, fue enfático en que se puede trabajar con las distintas vertientes políticas: “Que nos reunamos con Uribe no significa que seamos uribistas”, sostuvo.
Frente a las críticas por la inexperiencia de la alcaldía, así como la demora en la ejecución de contratos como el de la alimentación y transporte escolar, Azuero sostuvo que “no vamos a sacrificar transparencia por efectividad”, argumentando la necesidad que “había de cambiar el carácter de la Alcaldía con pura voluntad”.
“Sí se han demorado los procesos, en parte porque no había rigor sobre las provisiones o servicios públicos que debíamos abarcar”, agregó el funcionario.
Ante la piratería
Sobre a las contradicciones entre la posición del Alcalde de no atacar al transporte pirata (por considerarlo una consecuencia del mal manejo del sistema Metrolínea) y las declaraciones del director de Tránsito, Miller Salas, sobre la ofensiva contra estos, este último afirmó que “no ha habido un solo día en que los agentes de tránsito no salgan a combatir la piratería”.
Con cifras en mano, Salas aseguró que en lo que va del año se han inmovilizado 2.280 vehículos por prestar el servicio de transporte pirata.
Por otra parte, denunció el no pagó de $800 millones por parte de la alcaldía anterior para el convenio con la Policía de Tránsito.
Según Salas, el tránsito de toda la ciudad se controla solo con 90 agentes de tránsito en dos turnos. Frente a las llamadas ‘mafias’ que controlan la piratería, sostuvo que ese tema es más de la Fiscalía y entidades de ese orden.
En ese orden de ideas y tomando en cuenta que solo 35 mil motos están matriculadas en Bucaramanga (las otras 318 mil están en los otros municipios), llamó a crear un acuerdo metropolitano para combatir el problema.
“Si ponemos restricción de 3 o 4 dígitos, quienes tienen más ingresos comprarán otro vehículo”, concluyó.
Sobre la seguridad
Sobre el tema de la seguridad, la Secretaría del Interior de Bucaramanga, en cabeza de Ignacio Pérez, aseveró que las inversiones para la Policía han sido extraordinarias: “Hay más de 200 vehículos nuevos y el pie de fuerza se ha reforzado”.
No obstante, consideró que la delincuencia de la mínima solo se soluciona con una resocialización, aunque no hay sitios de reclusión en la ciudad para ello. “Queremos que haya un sitio de reclusión de menores al final de esta administración”, agregó Pérez.
No obstante, recordó que “hemos gastado $90 mil millones en cuentas anteriores”, lo que “reduce el presupuesto”.
Frente a Metrolínea
Frente a Metrolínea, la gerente del sistema de transporte masivo, Ángela Farah, aseguró que ya se está estudiando en soluciones para el norte de Bucaramanga, especialmente en cuanto a “establecer estrategias con sistemas complementarios” mientras se construye la infraestructura necesaria para la operación.
“Antes de los cuatro años tendremos toda la infraestructura que necesita Metrolínea”, recalcó Farah, quien consideró que “había deficiencias técnicas en la entidad”, pero ahora “tenemos directivos idóneos para su trabajo”.
Las 20 mil casas
Frente a la principal promesa de campaña de Rodolfo Hernández, las 20 mil viviendas que prometió, el secretario de Planeación, Claudio Mantilla, confirmó que “hay un gerente exclusivo para gestionar las casas”.
Sin embargo, explicó que “el alcalde no cree en regalar las viviendas, sino que la gente misma construya las casas”, dejando en claro que “las zonas enmarcadas no son suficientes para la construcción de viviendas”.
Finalmente, ante el temor que existe sobre la utilización de los cerros orientales para el uso de la gente, Mantilla sostuvo que “eso no significa cemento, sino mejorar los senderos que ya utiliza la comunidad”.
A su vez, Manolo Azuero agregó que “si lo volvemos un parque público, va a ser propiedad de la comunidad y no quedará al devenir del secretario de turno”, pero “no habrá cemento en los cerros orientales, hablamos de un componente de protección y espacio público”.
Para este proyecto, se planea una inversión de 18 mil millones de pesos, informaron.