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Lunes 04 de Septiembre de 2017 - 11:45 AM

Crónica de una pensión embolatada en Bucaramanga

El caso de Andrés* y Juan* es apenas uno de los tantos que vive la población Lgbt en Santander: ¿es más complicado para una pareja del mismo sexo reclamar la pensión de sobreviviente aunque ya exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional?
Banco de Imagenes
La Corte Constitucional ha reconocido ya varios derechos a la población Lgbt en los últimos años, entre otros, la sentencia SU-617 de 2014 sobre la adopción biológica entre parejas del mismo sexo, la C- 683 de 2015 que ratifica que las parejas del mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción y la sentencia SU-214 del 28 de abril de 2016 donde se reconoce el matrimonio civil para parejas del mismo sexo.
(Foto: Banco de Imagenes )

Andrés* notó que un insecto había caído sobre su pierna. Estaba sentado con un amigo en la banca de un parque en Bucaramanga, había comenzado a llover. Eran alrededor de las ocho de la noche. Al otro lado de la ciudad, en Floridablanca, el hombre con el que había convivido durante siete años tomaba la decisión de terminar con su vida. 

Al ver al animal, Andrés tuvo una rara sensación: debía ir a su casa enseguida. Se despidió, tomó un bus y se fue. Al llegar descubrió la motocicleta de Juan* adentro de la casa, guardada como solía hacerlo, pero  no podía ingresar. La puerta de entrada tenía el pasador de la cerradura. Lo llamó. No respondió. Andrés no quería creer que Juan había intentado suicidarse. Quería pensar que aún estaría vivo y que podía salvarlo. 

“Él ya había intentado suicidarse antes por otra pareja que tuvo con la cual había terminado la relación, porque había tenido que irse del país. Nuestra relación sí estaba mal, porque habíamos tenido muchas peleas y estábamos terminando, pero nunca manifestó nada de ninguna manera”, cuenta. 

Andrés es un hombre sencillo. Trabaja en una plaza de mercado, es tímido, casi silencioso. Sin embargo, es popular entre los demás vendedores, quienes conocen su orientación sexual. Él lo supo al final de su adolescencia. Tuvo un hijo y una novia. Se ha hecho responsable por ellos. Pero conoció a Juan y se enamoró. 

No fue fácil, dice Andrés. Juan tuvo que hablar con su familia. Les costó trabajo aceptarlo. Pero sucedió e incluso vivieron un tiempo en la casa de sus papás. Luego arrendaron un apartamento y se independizaron. Compartían el apartamento con una pareja heterosexual. 

Aquella noche, Andrés llamó a los familiares de Juan. Llegó también la policía. Finalmente, entraron a la casa. El cuerpo de Juan se veía reclinado, como si esperara algo. Se había colgado. En una parte de su cuerpo había declarado en letras su amor por Andrés. 

Negar el amor 

Luego de la muerte de Juan, sus familiares iniciaron el proceso para reclamar su pensión. Sin embargo, al indagar por algún otro tipo de vínculo que Juan pudiera tener, su familia mencionó a Andrés. Él dice que luego de conocer la intenciones de la familia, se informó: la ley reconoce a las parejas del mismo sexo sus derechos en temas como el matrimonio, la adopción, la seguridad social y, por supuesto, la pensión de sobreviviente. 

La familia de Juan no quiso hablar directamente sobre el tema con esta redacción. Manifestaron que es muy doloroso y que lo único que quieren es que sus padres, ya de avanzada edad, reciban el dinero de la pensión que les corresponde: durante toda su vida, Juan los tuvo en su seguridad social. El abogado de la familia, quién pidió omitir su nombre porque trabaja en otros casos relacionados con Derecho Público, explicó que dentro del proceso un juez ya determinó que la relación de Andrés y Juan no cumplía con los requisitos necesarios para considerarse una relación de pareja. 

Sin embargo, amigos de Andrés explican que decidieron apoyarlo en su reclamación, porque quieren evitar que su unión con Juan sea negada, rechazada como si esos siete años no hubieran existido. “Yo lo que quiero es que no se desconozca que él y yo éramos pareja. El juez incluso dijo que yo no era homosexual. ¿Puede un juez determinar eso?”, se pregunta Andrés. 

Luz, su jefe en el local de la plaza, explica que “todas las personas, sean de la orientación sexual que sean, tienen derecho a tener la pensión de su pareja si fallece. No importa mi deseo, ni el de la familia de Juan. Andrés fue quien vivió con él. Si uno tiene una relación con alguien, si compró las cosas de la casa con alguien, pues tiene el derecho de tener la pensión”. 

“A Andrés lo conozco hace cerca de 10 años, al igual que conocí a Juan. Fui varias veces a la casa de ellos, compartimos mucho, era una relación normal de pareja. Claro, con sus problemas como todos. La familia de Juan tiene conocimiento de esto, pero ahora lo quieren negar a toda costa”, cuenta una de las amigas de Andrés. 

La abogada de Andrés decidió apelar la decisión del juez sobre la relación de Andrés y Juan. 

La sentencia T-357 de 2013 de la Corte Constitucional reconoció que las parejas del mismo sexo tienen la misma libertad probatoria que las heterosexuales para demostrar su vínculo sentimental, con el fin de acreditar su derecho a la pensión de sobreviviente. 

La Corte determinó que no es necesario que estas parejas aporten la sentencia ejecutoriada de declaración de la unión marital de hecho y que es suficiente con la valoración de las declaraciones juramentadas, uno de los cuatro medios probatorios. 

Del papel a la realidad

La abogada y docente de Derecho Laboral y Privado de la Unab, Ruth Adriana Ruiz Alarcón, explicó que el sobreviviente de una pareja del mismo sexo que quiera solicitar la pensión solo debe ampararse en declaraciones de testigos sobre su convivencia durante los últimos cinco años, incluso si por motivos de salud no vivieron en la misma casa. 

Esta redacción consultó a Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado y activista de la población Lgbt. Rincón Perfetti es reconocido por haber presentado la demanda de reclamación de pensión de sobreviviente para la pareja del mismo sexo de un sacerdote y que abrió el camino para que la Corte reconociera los derechos de estas uniones. 

De manera general y sin conocer este caso de forma particular, el abogado explicó que ha visto a las familias hacer todo tipo de cosas en los casos de reclamación de este derecho por parte de parejas del  mismo sexo: “el problema es de avaricia. Las familias saben y conocen de la unión de la pareja, van a las reuniones y todo lo demás. Pero cuando se dan cuenta de que queda la pensión, dicen desconocer situación”. 

El abogado explicó que ha conocido algunas familias que son capaces de “mentir sabiendo que no tienen derecho, son capaces de llevar testigos falsos y hasta de hacer declaraciones extrajudiciales falsas”. 

La Corte Constitucional ha reconocido ya varios derechos a la población Lgbt en los últimos años, entre otros, la sentencia SU-617 de 2014 sobre la adopción biológica entre parejas del mismo sexo, la C- 683 de 2015 que ratifica que las parejas del mismo sexo pueden aplicar a proceso de adopción y la sentencia SU-214 del 28 de abril de 2016 donde se reconoce el matrimonio civil para parejas del mismo sexo. 

Sin embargo, llevar sus derechos del papel a la realidad está resultando difícil para la población Lgbt. El rechazo cada vez más público que algunos sectores hacen de esta población decanta en una discriminación cultural que presenta todo tipo de impedimentos para acceder a ellos. 

Juliana Martínez, profesora de la American University, en Washington, DC, coordinadora de proyectos de Sentiido.com y experta en temas de género, explicó a Vanguardia Liberal que “lo que sí ha crecido es la visibilidad de la población: “la aceptación ha aumentado entre los jóvenes, a mayor educación menos homofobia y transfobia. Ahí está la clave: tenemos que entender que de nada sirven las leyes si no van acompañadas de procesos de reeducación sociocultural”. 

Una pareja del mismo sexo le contó a esta redacción que acudió en días pasados tanto a un juzgado como a una notaría para legalizar su unión: en ambas instituciones les dijeron que el matrimonio no aplicaba para su vínculo, que lo mejor era una declarar una unión marital de hecho. La pareja consultó con un abogado, docente de una universidad, y éste dijo que “eso del  matrimonio igualitario en Colombia no es así, eso no se llama matrimonio”. De hecho, sí se llama así. En su sentencia SU214/16, la Corte determinó que “La Sala Plena encuentra que la Constitución en ninguna parte excluye la posibilidad de contraer matrimonio por personas del mismo sexo”. 

Martínez indica que la educación cultural incluye a los funcionarios públicos y privados, a la policía y al sistema judicial: “si no hay una reeducación en los jueces desde una perspectiva que respete la identidad, diversidad y el género -se nota la impunidad casi absoluta en los feminicidios y en los crímenes de violencia sexual-, servirán de poco los cambios legales, se van a quedar en el papel. Es importante que haya una inversión seria y sostenida en el cambio cultural, en información en las escuelas, campañas publicitarias, aliados con influenciadores de opinión, artistas, políticos, que promuevan el respeto a nivel social y cultural; y una educación estratégica para los y las jueces y la Policía Nacional". 

Andrés espera. No conoce muy bien el sistema, pero quiere ser reconocido. Activistas Lgbt dicen que los mensajes de odio en las redes sociales son cada vez más violentos.

*Los nombres han sido cambiados para proteger a las fuentes y el desarrollo del proceso. 

 

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