Lunes 04 de Diciembre de 2017 - 06:11 PM

Santander: el departamento con más hallazgos fiscales por irregularidades en el PAE

La Contraloría General de la República presentó un informe con los hallazgos fiscales por las irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en la región central, donde Santander encabeza la lista con un total de siete hallazgos por 8461 millones de pesos.
Archivo /VANGUARDIA LIBERAL
Santander: el departamento con más hallazgos fiscales por irregularidades en el PAE
(Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

En el caso de Santander, se han evidenciado pagos de raciones alimentarias por mayores valores a los que reconoce el Ministerio de Educación y los hallazgos con presunta incidencia fiscal se dan en el Programa NUTRE Santander, Puerto Wilches  Sabana de Torres y Bucaramanga.

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Entre los hallazgos se destacan el de mayor valor en la ración contratada – contrato de suministro 3381 – 2015 del Programa Nutre Santander por 3923 millones de pesos; y el Contrato N.º 19 de 2015 por mayor valor en contratación en Bucaramanga, que asciende a 3483 millones.

Estos hallazgos se dieron durante la Alcaldía de Luis Francisco Bohórquez y la Gobernación de Richard Aguilar Villa.

Capturas por el PAE 2016

Hace dos semanas, la secretaria de Educación departamental, Ana de Dios Tarazona, fue arrestada por las presuntas irregularidades contractuales en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Santander.

Tarazona García, cuota del exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, deberá responder por las inconsistencias contractuales que se habrían presentado en las licitaciones públicas para adjudicar la operación del PAE departamental en la vigencia 2016.

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Específicamente, la Fiscalía investiga las posibles irregularidades en el contrato para la operación del PAE en colegios oficiales de 83 municipios no certificados de Santander, el cual tuvo un costo de $23 mil 845 millones y fue adjudicado a Surcolombiana de Inversiones, único oferente habilitado en la licitación.

Gobernación se defiende

En declaraciones a Blu Radio, el mandatario departamental, Didier Tavera, aseguró que su administración cumplió con su labor de verificar el cumplimiento de la entrega y el pago de las raciones alimentarias; por lo tanto, según Tavera Amado, las irregularidades contractuales que hoy tienen en el ojo del huracán la transparencia del PAE en Santander son responsabilidad única del interventor del contrato.

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“En lo que tiene que ver con el departamento de Santander y específicamente con la Secretaria, usted no encuentra una anomalía distinta al proceso de cómo les pagaron a ellos la alimentación, pero nunca que no se hubieran entregado las raciones, nunca que hubieran existido ‘estudiantes fantasmas’ y demás”, señaló Didier Tavera.

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Del mismo modo, el mandatario de los santandereanos desvirtuó las acusaciones de la Fiscalía General que denuncian pliegos de condiciones direccionados para evitar la pluralidad de oferentes en la licitación del PAE, como efectivamente sucedió, cuando la empresa Surcolombiana de Inversiones se presentó como único oferente en el proceso licitatorio y posteriormente se quedó con el contrato que superó los $35 mil millones, incluidas adiciones.

“A mí lo que me dice la oficina jurídica y el informe de la misma Secretaría, es que eso no es cierto, que hay un pliego de condiciones que lo único que tiene diferente a los demás pliegos de contratación es que no hubiera anticipo precisamente para evitar que se desviaran los recursos y poder controlar”, agregó Tavera Amado.

PAE en el resto del país

En Tolima se detectaron hallazgos fiscales por 1170 millones del municipio de Ibagué, por refrigerios y alimentos no entregados por parte del operador, conforme estaba pactado contractualmente.

En cuanto a Boyacá, la Contraloría tramita doce Procesos de Responsabilidad Fiscal por 285 millones de pesos, originados la Actuación Especial realizada al PAE correspondientes a los municipios de Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá, Sogamoso y Tunja.

La Contraloría también adelanta actuaciones administrativas en el Vichada, donde se avanza en una indagación preliminar para establecer si imputa responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de 4922 millones de pesos originado en irregularidades presentadas en un contrato de suministro de alimentación escolar para los internados del departamento.

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