Lunes 27 de Noviembre de 2017 - 04:14 AM

Ella denunció amenazas contra su vida y negligencia de las autoridades en Bucaramanga

Vanguardia Liberal acompañó a una mujer víctima de violencia intrafamiliar a solicitar medidas de protección para su vida en una de las Comisarías de Familia de la ciudad. Mujeres se han denunciado a esta redacción que la atención de los funcionarios de esta institución no es la mejor. También se quejan de la Fiscalía. ¿Qué está pasando?

“No lo justifico, pero lo comprendo”, le dijeron al esposo de Adriana en una de las cinco Comisarías de Familia que existen en Bucaramanga. 

Adriana denunció por violencia intrafamiliar al hombre con el que había estado casada durante dos años: tras llegar de una fiesta familiar, él la encerró y la golpeó hasta dejarla tendida en el piso, sin poder moverse. Adriana tuvo miedo por su vida. 

Ese día, en la Comisaría de Familia, debía estar sentada junto a su agresor  a menos de medio metro de distancia. 

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“¿Hay que comprender que un hombre le pegue a uno, al punto de dejarlo casi inconsciente, porque se fue para una fiesta?”, se pregunta su prima, quien la acompañó a la cita y alcanzó a escuchar al funcionario mientras esperaba fuera de la sala. El lugar es estrecho, solo caben tres personas sentadas muy cerca la una de la otra. 

Adriana y su prima llegaron a las 9:00 a.m. Mientras la atendían, contó que había denunciado a su esposo ante la Fiscalía: él ya le ha pegado antes, su familia no la apoya porque su religión lo impide y no tiene otro lugar para vivir, salvo la casa que pagan juntos. Él la amenaza, la insulta. No quiere dejarla. 

Pero el día anterior, dice, una funcionaria de esa entidad la llamó para pedirle que lo pensara muy bien: “me preguntó qué le iba a responder a mi hija cuando me preguntara por su papá. Y yo pienso, de qué le sirve tener un papá que golpea a su mamá”. Con todo, es una mujer positiva y quiere empezar una nueva vida. 

¿Qué dicen los funcionarios?

Un vocero de la Fiscalía le dijo a esta redacción que hasta el momento no hay conocimiento de ninguna queja contra sus funcionarios y en caso de que haya alguna, pueden acercarse a la institución. Pero Lucía Andrade Manjarrés, abogada e investigadora en temas de género de la Fundación Mujer y Futuro, aclara que en caso de que algún funcionario que haga parte de la Ruta de Atención a la violencia contra la mujer -Medicina Legal, Policía, Fiscalía, Comisaría- no actúe conforme a la ley se debe hacer la denuncia en la Procuraduría.

La Procuraduría Regional, en cabeza de Edgar Fandiño, señala que, hasta el momento, solo se adelantan dos investigaciones, pero contra defensores de familia del Icbf.

De los cinco comisarios de la ciudad, solo dos estuvieron dispuestos a hablar con esta redacción. Uno de ellos es José William Torra. Señaló que la política es cero tolerancia contra la violencia intrafamiliar: “se hacen los traslados a Medicina Legal si la situación lo amerita. Hay varias medidas provisionales que podemos adoptar. En cuanto al tema de la convocatoria a la conciliación, la idea es no vulnerar ningún tipo de derecho, tampoco de los menores. Tenemos que romper esos círculos de violencia que se han extendido entre abuelos, padres e hijos. Ellas no están obligadas a verse con su agresor”.

En la Comisaría, una mujer esperaba junto a la prima de Adriana. Tenía una hoja en las manos. Otra funcionaria se acercó para atenderla: la mujer explicó que su expareja la había amenazado con matarla frente a sus hijos y, claro, no había querido firmar la citación. La funcionaria le respondió que si él no firma, es como si ella no hubiera interpuesto la denuncia.

“¿Pero qué creen que va a hacer él?, le respondió la mujer. “Él dijo que venía si le daba la gana y que para qué me había puesto a denunciar, que ahora sí fijo me mataba. ¿Para qué viene uno entonces? ¿Cómo es posible que yo misma tenga que entregarle este papel?”.

Le pidieron a la mujer que esperara. Pocos minutos después, la expareja de Adriana atravesó rápido el umbral de la puerta de la Comisaría. El funcionario les había dicho que tenían que separarse. Ella le pidió una orden para que su expareja se vaya de la casa, pero el funcionario solo le dio un amparo policial.

“¿Pero de qué sirve que la policía sepa que está en peligro si él sigue viviendo en la casa?”, preguntó su prima.

Y es una buena pregunta. Sandra González Ayala fue víctima de feminicidio por parte de su expareja este año en Bolívar. Según el Observatorio Ciudadano de Feminicidios en Santander, existía una denuncia previa y se le habían concedido medidas de protección.

“Pues si puede busque para donde irse. En caso de que la ataque, llame a la policía. Avise en el CAI que tiene amparo policial”, respondió el funcionario. El hombre no se iría de la casa, aún cuando la había golpeado y amenazado.

Adriana no interpondrá la denuncia penal. Tiene miedo de que, en efecto, él se enfurezca aún más y la mate. Cuando sale de su trabajo, se encierra en su cuarto con su hijo hasta el día siguiente, cuando su expareja sale de la casa.

La Fiscalía señala que las mujeres que sufren o han sufrido violencia por parte de sus parejas pueden acudir al Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar Bucaramanga -Cavif-. Sin embargo, Débora Melissa Escudero Sepúlveda, quien soportó maltrato físico, sicológico y económico durante cinco años por parte de su expareja, ha interpuesto ya dos denuncias contra él en la institución: “y hasta ahora no ha pasado nada. Estoy en peligro. Él me dice que una granada cuesta 80 mil pesos, que en cualquier momento acaba conmigo y con mi familia. Y con todo esto, quieren que me siente con él a conciliar”.

¿Las dejamos solas?

Una noche, al llegar del trabajo que había conseguido para pagar las deudas, su expareja le hizo saber que no le había gustado la carne que le había enviado para almorzar: le impidió salir de la casa, la sometió tras la puerta, le echó agua, le lanzó el almuerzo encima y la obligó a quedarse acurrucada en ese pedazo del piso, donde esperaba acurrucada su muerte, durante toda la noche.

Lea también: Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género

Débora Melissa es una mujer fuerte. Es pequeña y delgada, pero emprendedora, capaz de medírsele a lo que sea necesario para salir adelante. A pesar de las posibilidades económicas de su familia, trabaja desde los 17 años.

Ella no quiere verlo más, pero su abogada le dice que es necesario que lo haga porque de lo contrario será vista como una madre desinteresada. Asegura que la funcionaria le dice que esta actitud es una inmadurez: “cómo puede decir eso si me puede matar ahí mismo en la Comisaría”, se pregunta Débora.

Y es una buena pregunta. Sandra González Ayala fue víctima de feminicidio en julio de este año, en Bolívar, Santander. El Observartorio Ciudadano de Feminicidios reportó que existía una denuncia previa y aparentemente estaba cobijada con medidas de protección. Pero familiares de la víctima contaron a esta redacción que al interponer la denuncia en la Comisaría de Familia de Bolívar se burlaron de ellos y de las pruebas que presentó. Los acusaron de estar dañando el buen nombre de Jaime Hernández Duarte, expareja de Sandra y presunto feminicida. Los familiares también contaron que en la Fiscalía les dijeron que se le habían otorgado las medidas de protección, "pero nunca vimos ni a un policía cerca de la niña. Luego, la mataron. Y dijeron que era un crimen pasional y no un femincidio, cuando habíamos denunciado antes".

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Otras mujeres contaron también a Vanguardia Liberal que en Medicina Legal existen turnos para la atención y en caso de violencia sexual y física, las pruebas desaparecen con los días. Una joven aseguró que en una de las Comisarías la atendieron con negligencia: “la contraparte no se presentó y el deber de la comisaria era darme una cita para la siguiente conciliación, pero me dijo ‘vuelva después porque ya apagué mi computadora’. Le quise hacer una pregunta y me respondió: ‘sin preguntas señora, voy de salida’. Yo trabajo, tengo un nena de 2 años y no tengo quien me la cuide”.

Por su parte, Lina Franco Cardona explicó que acudió a la Comisaría de Familia para denunciar la violencia psicológica de su pareja y ahora corre el riesgo de ser desalojada de su casa. 

"Inicialmente mi denuncia era por violencia psicológica, pero me atendió un hombre y del proceso solo salieron unas terapias psicológicas que tuve que hacer con mi agresor. Aporte pruebas, llené dos formularios de desacato por conciliaciones en las que se suponía que no me iba a agredir más, pero no pasó nada. No hubo un acompañamiento. Tuvo la desfachatez de decirme que si quería que él no me insultara más me fuera yo de la casa con mis hijos. No tengo red de apoyo en Bucaramanga porque soy de Pereira. ¿Por qué si es una agresión de los hombres por qué el problema es para uno?", explica Lina. 

Lina solicitó que ante las reiteradas agresiones de su esposo ella tuviera el amparo policial y él se fuera de la casa, pero ante una solicitud de este hombre, es ella quien debe irse.

Denunciar es peligroso para las mujeres. Y costoso. Deben dejar sus trabajos, llevar citaciones y volver una y otra vez. Algunas no lo hacen por temor a perder su empleo, a ser juzgadas y a quedar en riesgo de feminicidio. 

¿Qué dice la ley? 

La ley 1257 del 2008 establece que las mujeres tienen derecho a recibir atención integral, asesoramiento jurídico gratuito, recibir información clara de sus derechos, ser informadas sobre los resultados de los exámenes médicos y la opción de escoger el médico a su consentimiento. También tienen derecho a protección, capacitación y asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada, para ella y sus hijos, derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetir hechos de violencia. Tiene derecho a decidir si quiere ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

Laura Badillo, investigadora de la Fundación Mujer  y Futuro, explica que “en materia de violencias contras las mujeres, ellas están viviendo una revictimización por parte de las instituciones, que no reconocen sus derechos. Por un lado les pedimos que denuncien y cuando lo hacen, las instituciones las no actuan, las vícitmas quedan en riesgo de feminicidio”.

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La fundación adelanta la campaña “Ser mujer sin ser asesinada” que busca transformar la violencia contra la mujer desde la cultura y las instituciones.

Desde la administración local también se adelantan programas. El programa Vida Libre de Violencias ha capacitado en varias ocasiones a funcionarios de las comisarías sobre el enfoque de género y se han conformado 34 grupos de mujeres para la red comunitaria de prevención contra la violencia, entre otras actividades. 

Entonces, ¿qué pasa? Cindy Nuñez, investigadora de género, explica que “en las instituciones públicas se trabaja con desconocimiento de las raíces de la violencia de género. Es indispensable hacer formación con pensamiento crítico para brindar servicios con enfoque de género que transforme la realidad de las familias golpeados por la violencia de este tipo”.  

La situación es alarmante para Gina Elizabeth Pineda Garzón, consultora en casos de feminicidio y líder de la Red de familiares víctimas de feminicidio Santander: “se ha detectado que en lo corrido de 2017 ocurrieron -al menos- 20 asesinatos de mujeres con características de violencia de género que pueden ser compatibles con feminicidio, en 15 de estos casos se ha conocido la identidad del autor o presunto autor, el 73% de ellos corresponde a la pareja o ex pareja de la mujer. Al menos dos casos las víctimas habrían denunciado a sus agresores, pero ni la búsqueda de ayuda ni las medidas de protección resultaron efectivas, igual las mujeres fueron asesinadas”.

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