Jueves 01 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

Restaurantes sobre la transversal oriental, ‘en jaque’ por uso de suelo

Cerca de seis asaderos, la mayoría ofreciendo comida típica llanera, sobre la transversal oriental, están en serios problemas con la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.
Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL
Cerca de seis restaurantes que fueron adecuados a la altura de la Hacienda Zapamanga son los afectados con la medida de cierre temporal.
(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

La falta de un documento ha conllevado a que uniformados de la Policía Nacional, adscritos al CAI Bucarica, de Floridablanca, les suspendan temporalmente la actividad comercial. El último sellamiento se efectuó desde el pasado sábado 24 de febrero e irá hasta el próximo lunes 5 de marzo.

Luis Alfredo Roncancio, propietario de uno de estos negocios, señaló que se siente perseguido por la autoridad. A razón de esto, le pide ayuda al mandatario local para que se pueda hacer algo, mientras se da solución al problema.

“Desde 2004 estamos en la zona, algunos llevan menos tiempo, pero cada uno cuenta con cerca de 12 empleados. Y lo único que no tenemos al día es el uso del suelo, ese es el único papel que nos falta porque está en trámite ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal”, sentenció Roncancio.

Quien demostraba parte de su malestar repitiendo que “esta medida es un atropello. Le pedimos al alcalde que nos dejen trabajar y no nos hagan esa persecución. Yo solo abro los sábados, domingos y festivos y con este cierre son dos fines de semana sin trabajar, además de eso debemos pagar una multa, es realmente injusto que cada rato vengan por nosotros”.

Lilia Rocío García, quien lleva cinco años como propietaria de uno de los establecimientos, comunicó que el perjuicio más grande es para los empleados y sus familias, así como para las personas que les suministran todos los alimentos con los que preparan los platos.

Respuesta oficial

Vanguardia Liberal habló con el alcalde Héctor Mantilla Rueda, quien no dudó, ni un minuto, en decir que tiene pleno conocimiento de esta situación. Y que se busca la manera de ayudar a estas personas.

“Estos procedimientos los hace la Policía y no la Administración, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016. Es una realidad que ellos no tienen uso de suelo, pero es claro que vienen por más de 10 años ejerciendo su actividad allí, así que nosotros estamos intentando buscar una salida jurídica viable para evitar más sanciones o hasta posibles demoliciones”, acotó Mantilla Rueda.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, la única esperanza estaría -en estos momentos- en la incorporación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, donde parte de esa zona quedará habilitada para desarrollar la actividad comercial que están ejerciendo; eso sí, con unas reglas de juego claras, para evitar posibles abusos.

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