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Martes 20 de Octubre de 2015 - 07:40 PM

Juristas analizan situación de la justicia, tras polémico caso de Samuel Moreno

Los tres procesos que se adelantan contra Samuel Moreno, en los cuales no se ha logrado dictar la primera sentencia por parte de un juez de conocimiento, después de casi cuatro años de controversias judiciales, han puesto de presente la situación que enfrenta la justicia en el país.
Archivo / VANGUARDIA LIBERALa
Juristas analizan situación de la justicia, tras polémico caso de Samuel Moreno
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERALa)

En los últimos días, la propia Fiscalía hizo saber que sentía gran preocupación por un posible escenario donde el exalcalde de Bogotá recobre su libertad aduciendo el vencimiento de términos, pues contra Moreno reposan tres acusaciones por su presunta participación en el ‘Carrusel de la contratación’.

Lo más preocupante es que en ninguno de los juzgados donde se llevan los procesos se ha logrado emitir la primera sentencia que condene o absuelva al exmandatario distrital, quien se encuentra recluido en la escuela de carabineros hace casi cuatro años.

La intranquilidad del ente acusador se sustenta en una presunta estrategia de “dilación” por parte de la defensa de Samuel Moreno, quien busca que el exalcalde recobre su libertad en primera instancia, para luego llevar a que el proceso precluya y sea archivado.

Y es que la preocupación de la Fiscalía es completamente valida, si se tienen en cuenta otros casos donde los acusados han quedado en libertad por vencimiento de términos como Alessandro Corridori, señalado de ser uno de los cerebros del desfalco de InterBolsa; la exdirectora del IDU, Liliana Pardo; y Laura Moreno y Jessy quintero, investigadas por el asesinato de Luis Andrés Colmenares.

Para el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, este tema más allá de las maniobras dilatorias de los abogados para que los procesos no avancen, hasta el vencimiento de términos, los jueces también tienen un alto grado de responsabilidad, al avalar solicitudes que no se enmarcan en la búsqueda del respeto a los derechos constitucionales del procesado.

“Hay que respetar el debido proceso, las garantías constitucionales y el derecho de los sindicados a presentar las pruebas que lo respaldan, pero en el país se está confundiendo las garantías y los derechos procesales con las dificultades para la administración de justicia y por eso los abogados, en muchas ocasiones, abusan de las garantías procesales y formulan solicitudes inaceptables, que terminan dilatando los procesos, con pretextos que perjudican a las justicia y los jueces caen en las maniobras de algunos abogados mañosos, de tal forma que se les dificulta llevar los procesos a su finalización”, dijo.

Así las cosas, José Gregorio Hernández le pidió a los Jueces de la República que hagan respetar el ordenamiento jurídico para que no permitan las dilaciones hasta el punto de generar libertades por vencimiento de términos y prescripciones, como vienen sucediendo actualmente con la mayoría de los procesos, especialmente con los más importantes del orden nacional.

Sin embargo, la juez décima de conocimiento Teresita Barrera, se mostró en contra de la postura del exmagistrado de la Corte Constitucional, al señalar que los jueces actúan de forma adecuada, pero hay falencias en el sistema judicial, pues los administradores de justicia tienen gran cantidad de procesos y cuando una audiencia es aplazada no es sencillo reprogramar la diligencia, por las agendas de las partes (Fiscalía, Procuraduría, defensa y víctimas), que también adelantan otros procesos.

Cabe recordar que la juez décima del circuito ha sido cuestionada en varias ocasiones por la Fiscalía, por conceder libertades por vencimiento de términos en varios casos mediáticos del país, situación que le costó que el Tribunal Superior de Bogotá la sancionara con tres días de arresto. Respecto a esto, Barrera explicó que las dilaciones por parte de la defensa de los acusados se presenta porque en algunas ocasiones los representantes de la Fiscalía no exponen de manera adecuada los procesos y le permiten a los abogados aprovechar las falencias en algunos procesos expuestos por el ente acusador.

Frente a la libertad por vencimiento de términos, la juez explica que si se cumplen los requisitos cualquier ciudadano puede presentar la solicitud y los administradores de justicia actúan en derecho y bajo la constitucionalidad, al momento de tomar ese tipo de decisiones. “Las personas tienen que entender que aunque los procesados queden en libertad, el proceso judicial sigue”, señaló.

En este tipo de situaciones donde los abogados buscan la libertad de su cliente, tras el vencimiento de términos, el abogado y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes, Elmer José Montaña, admitió que varios colegas incurren en este tipo de conductas, pero hizo un llamado a que se inspeccione la actuación de algunos delegados del ente acusador.

“Hay varias razones en los constantes aplazamientos de las audiencias, uno de los motivos son las apretadas agendas de los fiscales y de los abogados. Hay casos que hay que reconocer que los abogados buscan de manera desleal causar deterioros a la administración de justicia, pero también hay que examinar las actuaciones indebidas de los fiscales, que no se regula de la manera adecuada, por eso no se le puede atribuir toda la responsabilidad a los abogados”, denuncia Montaña.

El abogado explicó que un tema importante para esta debate es que se debe tener en cuenta que hay procesados que son inocentes y que terminan absueltos y los jueces por petición de la Fiscalía no les permiten la libertad, para enfrentar su proceso, lo cual termina en millonarias multas al Estado. “Hay algunos defensores que buscan las preclusiones y en algunos casos, por experiencia personal, los propios fiscales buscan los aplazamientos, sin tener en cuenta que hay personas que están recluidas y que son inocentes, no buscan la celeridad de los casos”, manifestó.

Respecto a las herramientas del sistema jurídico para evitar las dilaciones por parte de los intervinientes en las audiencias, José Gregorio Hernández afirma que los jueces deben hacer respetar su jurisdicción, “hay que respetar las garantías procesales, pero estas se deben racionalizar bajo el sistema jurídico. Respetar la constitucionalidad no significa que las personas procesadas logren burlar la administración de justicia”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes manifestó que los contantes aplazamientos de audiencias se generan por la congestión judicial que afronta la administración de justicia, argumento que la Juez décima de Conocimiento respaldó.

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