Bogotá
Por paro en Segovia aplazan excusas del Estado a víctimas de la masacre
27 años después, la situación que enfrenta el municipio, un paro minero que crece y el comercio cerrado, obligó a aplazar una ceremonia en la que el Estado pedirá perdón por los hechos.
Segovia es un territorio en donde buena parte de sus pobladores se dedican a la minería, incluso algunos de los familiares de las víctimas y en razón del paro, no fue posible organizar la logística del evento que se está pactado debido a un acuerdo amistoso al que llegaron las víctimas y el Estado Colombiano en el marco de una demanda que se presentó en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh.
En el acuerdo, el Estado reconoció su responsabilidad en los casos de 32 personas fallecidas, así como de otras seis personas que resultaron heridas, lo que implica la indemnización a los grupos familiares de cada persona para un total de 241 personas. Allí también se contempló el acto de perdón que se iba a realizar este miércoles.
Para el mismo, se tenía confirmada la presencia del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; así como de la Unidad de Víctimas, de tres integrantes de la Cidh, incluido el Comisionado para Colombia y el Secretario Ejecutivo, la Agencia Jurídica del Estado, el Gobernador de Antioquia y los representantes de las víctimas y víctimas que se iban a desplazar en bus desde Medellín a Segovia, entre otros.
Fuentes de este caso le explicaron que no se había confirmado por razones de seguridad la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el evento y que hasta el momento esa es todavía una posibilidad.
En la ceremonia de este martes, igualmente, se iba proyectar un documental sobre la masacre, que era otro de los elementos del acuerdo amistosos avalado por la Cidh, así como una obra de teatro. Ahora, el evento tendrá que aplazarse hasta que se solucione la situación en Segovia, aunque las víctimas esperan que se realice en este mes de noviembre.
27 años para pedir perdón
La demanda ante la Cidh fue interpuesta por la firma Javier Villegas Abogados por las violaciones de derechos sufridas por las víctimas de una masacre que como ya ha quedado en claro en los estrados judiciales, fue perpetrada por paramilitares al mando de Alonso de Jesús Baquero, alias ‘Negro Vladimir’. Allí, se alegó que el Estado es responsable puesto que agentes estatales, como la Policía y el Ejército, facilitaron la incursión militar que se inició en la Calle de la Reina, la principal de Segovia.
Debido al acuerdo alcanzado, el Estado se comprometió a continuar con las investigaciones, a hacer un acompañamiento a las víctimas en materia de reparación, así como en asuntos como la rehabilitación física, mental y psicosocial y la reparación simbólica.
Por la Masacre de Segovia la Corte Suprema de Justicia condenó en 2013 al dirigente liberal César Pérez García a una pena de 30 años de prisión, al estimar que colaboró con la creación del grupo 'Muerte a Revolucionarios del Nordeste Antioqueño', MRN, que cometió el hecho como retaliación ya que el municipio, en la primera elección popular de Alcaldes, eligió a Rita Ivonne Tobón de la Unión Patriótica.