Lunes 22 de Febrero de 2016 - 11:36 AM

Ley de víctimas cobija a reclutados forzadamente "sin importar grupo ilegal"

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que las víctimas de reclutamiento por parte de las denominadas ‘bacrim’, también son beneficiarias de la Ley de Víctimas.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Ley de víctimas cobija a reclutados forzadamente "sin importar grupo ilegal"
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

El Comité Operativo de la Dejación de Armas, Coda, de ahora en adelante deberá entregar a todas las víctimas de reclutamiento en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, “sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado”: ya sean guerrillas, autodefensas o los grupos que surgieron tras la desmovilización generada con la Ley de Justicia y Paz.

La Corte estudió una demanda que presentó la Defensoría del Pueblo en contra del artículo 190 de la Ley de Víctimas que pedía que a los menores desmovilizados de las ‘bacrim’ también sean beneficiados de dicha norma.

La Corte  expresó que, tal y como decía la Defensoría, se presentaba un trato discriminatorio entre víctimas de grupos armados, porque los grupos armados pos-desmovilización habían quedado excluidos de dicho certificado  que es el que les permite ingresar al proceso de reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas.

“A juicio de la Corte, la diferencia aludida genera en efecto un trato discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparación, habida cuenta que una lectura que restrinja a los mencionados grupos la exigencia del citado certificado para acceder al proceso de reintegración social y económica, a las víctimas de reclutamiento ilícito desvinculadas de los grupos de armados que han surgido luego del proceso de desmovilización de la Ley 975 de 2005, es decir, las víctimas de reclutamiento ilícito de los llamados grupos ilegales pos-desmovilización, entendiendo por tales, entre otros, las bandas criminales y los grupos armados no identificados”, dijo la Corte.

En ese sentido, la Corte precisó que los programas de reintegración social y económica, en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, forman parte de su derecho a la reparación y que el Estado lo debe garantizar en igualdad de condiciones.

“(…) a través de las medidas que se adopten para el efecto, sin que las condiciones o calidades particulares del agente que incurrió en el reclutamiento puede ser relevante para definir la condición de víctima de reclutamiento ilícito”, señaló.

En este caso el magistrado Alejandro Linares salvó su voto al estimar que la Corte no tenía competencia para pronunciarse porque las disposiciones hacían parte de la política pública de reintegración social y económica, Prse, definida en un Conpes en 2008, cuyo desarrollo no se limita a la Ley de Víctimas.

A su juicio, “no debían confundirse las medidas de reparación integral a los menores de edad como víctimas de reclutamiento ilegal y el proceso de reintegración social y económica a cargo del Coda, de quienes se desvinculen de esos grupos, al cual ingresan en condición de excombatientes y no como víctimas”.

Por su parte, los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Ernesto Vargas Silva manifestaron que el condicionamiento tan amplio que hizo la Corte  “se extienden demasiado el ámbito del proceso a cargo del Coda con el riesgo de que se aplique a grupos armados ilegales no sujetos a las reglas del Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado interno existente en el país”.

 

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