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Actualizado 02:31 pm
Martes 18 de Octubre de 2016 - 01:11 PM

Fondo Nacional del Ahorro responde cuestionamientos de la Contraloría por sobrecostos de su inmueble

Por su parte, la Contraloría puntualiza que el precio total de compra del inmueble (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a $70.713 millones.
ARCHIVO/VANGUARDIA LIBERAL
El FNA manifestó que el avaluó correspondiente del inmueble fue de $38.416 millones
(Foto: ARCHIVO/VANGUARDIA LIBERAL)

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) determinara este martes un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 35.937 millones de pesos, originados por la adquisición del inmueble donde actualmente funciona el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), esta entidad se manifestó al respecto expresando que el avaluó correspondiente del inmueble fue de $38.416.730.250.

“Al revisar nuestros registros históricos, se observa que el inmueble, ubicado en la Carrera 65 # 11 - 83 en Bogotá, fue adquirido por la suma de 79 mil millones de pesos en mayo de 2012, siendo presidente de la entidad Ricardo Arias Mora”, y aclara que Augusto Posada, actual director de esa entidad, llegó a la cabeza del FNA el 11 de septiembre de 2014, y agregan que  la actual administración fue la que puso en conocimiento de las autoridades competentes las posibles irregularidades en la adquisición del inmueble.

“Estaremos a la espera de los procedimientos que se consideren pertinentes”, concluyen en un comunicado.

Lea también: Fondo Nacional del Ahorro incurría en posible detrimento de $35.937 millones

Por su parte, la Contraloría puntualiza que el precio total de compra del inmueble (terreno y construcción sin incluir traslado tecnológico y mobiliario) ascendió a 70.713 millones de pesos “que comparado con el valor comercial retrospectivo determinado para la CGR por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC ($34.775 millones), genera un daño al patrimonio del Estado en la cuantía señalada 35.937 millones de pesos”.

A la par de este estudio, la Contraloría remitió el expediente a la Procuraduría General para que allí se adelanten las indagaciones pertinentes que permitan entender si se incurrió en alguna responsabilidad disciplinaria por parte de las personas responsables de la afectación al erario público.

 

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