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Domingo 11 de Diciembre de 2016 - 10:58 AM

La deuda de la restitución de tierras con las comunidades étnicas

El proceso de restitución de tierras sigue en deuda para las comunidades étnicas del país, tanto indígenas como afrodescendientes, pues de 61 casos, 32 están en fase administrativa y 24 en demandas, sin avances concretos para sus integrantes.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
La deuda de la restitución de tierras con las comunidades étnicas
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

El caso más emblemático a la fecha es del Resguardo de Tahami del Alto Andagueda, ubicado en Bagadó, Chocó, con una población aproximada de 7000 indígenas del pueblo Embera Katio y del cual hacen parte 33 comunidades indígenas.

Víctimas de desplazamiento y de confinamiento forzado por cuenta de los enfrentamientos en su resguardo entre las FARC, el ELN, narcos y mineros ilegales, este pueblo Embera también tuvo que vivir como se hacían concesiones mineras a multinacionales por más del 63 % de territorio, según dan cuenta las organizaciones sociales que acompañan el caso como la Federación Luterana Mundial, Pastoral Social y Colectivo de Juristas Akubadaura.

Uno de sus líderes, quien acudió a Bogotá para un foro organizado por el Cinep, Dejusticia, Indepaz, Codhes, y otras organizaciones, explicó que a pesar de tener ya fallo del Tribunal Superior de Antioquia, desde septiembre de 2014, no hay avances concretos que materialicen lo que dice la sentencia, que protegió los derechos territoriales de la comunidad y rechazó las oposiciones presentadas por empresas mineras.

Este es el primer caso con fallo en comunidades étnicas. Habla de 50.000 hectáreas y benefició a 1420 familias. Además, ratificó una medida cautelar en su favor y suspendió los estudios y trámite de las solicitudes de títulos mineros que traslapen los límites del resguardo, de los contratos de concesión y ordenó la recuperación de las zonas del resguardo que han sido explotadas por las empresas mineras.

No obstante, “después de dos años, dos meses y trece días de la expedición de esta sentencia, podemos afirmar que no existen avances significativos en el cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de restitución de tierras”.

De 33 órdenes expedidas en la sentencia solo se ha avanzado en tres que tienen que ver con un estudio ambiental que hizo el Ministerio de Ambiente, una evaluación sobre las afectaciones culturales que hizo el Ministerio de Cultura y al avance en construcción de escuelas por parte del Ministerio de Educación.

Hasta el momento, explican las organizaciones sociales, han realizado dos audiencias de seguimiento por el Tribunal Superior de Antioquia Especializado en Restitución de Tierras sobre el nivel de cumplimiento de las órdenes en las que se ha evidenciado un bajo avance por parte de varias autoridades, especialmente de Bagadó, como la Gobernación del Chocó.

Entre los principales obstáculos se señala la falta de un enfoque diferencial étnico para que sea incorporado por las Instituciones para dar soluciones, por la Unidad de Restitución de Tierras en las demandas y por los jueces para dar las órdenes.

La falta de enfoque diferencial étnico se ha evidenciado en las otras cuatro sentencias que tiene que ver con el Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca, por 70.149 hectáreas y 739 familias; del Resguardo Dóvida Dogibi en Ungía, Chocó, por 3418 y 16 familias; y de la Comunidad Nuevo Espinal de la comunidad Wayúu en Barrancas, La Guajira, por 381 hectáreas y 37 familias.

De acuerdo con el balance que presenta el Cinep, “la política de restitución se ha encontrado con una enorme complejidad debido a la no formalización de los territorios étnicos lo que hace que un mismo territorio existan segundos y terceros ocupantes”.

A esto se suma que el despojo continúa, mientras que hay grandes intereses económicos legales detrás de los territorios colectivos étnicos y a la presencia de grupos armados ilegales se disputan el control de territorios para actividades de narcotráfico y minería ilegal.

En criterio de las organizaciones, no hay garantías de no repetición pues subsiste la “altísima impunidad del delito de desplazamiento” y del abandono forzado y despojo de territorios étnicos.

“Es urgente garantizar la protección colectiva e integral de las comunidades reclamantes de tierras, así como la seguridad de sus territorios. Hacemos un llamado a la protección integral de las comunidades, de sus líderes y lideresas, de los defensores de derechos humanos, y en especial, de los reclamantes de tierras”, precisó el Cinep.

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