Sábado 24 de Junio de 2017 - 11:26 AM

Autoridades refuerzan su lucha contra las bandas criminales

Tres años y cuatro meses de la Operación Agamenón no fueron suficientes para dar con Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’. Sin embargo, el nuevo impulso de Agamenón 2 promete, no solo encontrarlo, sino desmantelar definitivamente el Clan del Golfo.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Autoridades refuerzan su lucha contra las bandas criminales
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

La entrada del general de la Policía Jorge Luis Vargas como comandante de una especie de fuerza de tarea conjunta, que ahora tendrá una acción más contundente de los militares, y que cuenta con 3.200 hombres (1.500 más), no es solo una estrategia contra el crimen organizado, es el cumplimiento de las garantías de seguridad acordadas entre el Gobierno y las Farc.

Entre los compromisos del Ejecutivo en el Acuerdo de paz está que “garantizará la implementación de medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones criminales, responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales, entre otros”, lo que incluye a las “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

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Esto con el fin de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado, en una época en la que el disenso político mata. Desde que inició la implementación del Acuerdo de paz, 37 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados, así mismo ha ocurrido con cuatro miembros de las Farc y nueve de sus familiares más cercanos.

Nuevos refuerzos

El general (r) de la Policía, Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, explicó el funcionamiento de cuatro estrategias con las que se cumplirán las garantías de seguridad, no solo de los miembros de las Farc, sino de los líderes sociales.

Primero, los desmovilizados de las Farc serán protegidos por un cuerpo mixto de la Unidad Nacional de Protección, en el que también participarán por lo menos 1.200 exguerrilleros.

Segundo, el Gobierno lanzó el Cuerpo Elite de Paz, adscrito a la Dijín de la Policía, que cuenta con 1.088 policías, encabezados por 120 expertos en investigación criminal y 40 analistas, quienes liderarán un modelo investigativo integral alineado con la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente tendrá 150 miembros de un Grupo de Reacción Inmediata, integrado por efectivos del Comando de Operaciones Especiales, Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, Comandos Jungla y Escuadrones Móviles de Carabineros.

Tercero, el Ministerio de Justicia creó, mediante el Decreto 898, la Unidad Especial de la Fiscalía para fortalecer la investigación de las organizaciones criminales. Aunque aún no se han oficializado los nombramientos para que empiece a operar porque se espera que el decreto pase el control de constitucionalidad, contará con un director, once profesionales, 16 fiscales, cinco secretarios, 50 funcionarios de Policía y un relator.

Cuarto, la Defensoría del Pueblo fortalecerá el sistema de alertas tempranas para hacer frente de manera urgente a las situaciones de inseguridad que se puedan presentar contra los líderes sociales.

¿Será suficiente?

El general Naranjo confía en que todos esos esfuerzos articulados logren conseguir que la desaparición de las Farc como guerrilla consolide la paz en los territorios y la gente se sienta segura.

Sin embargo, hay quienes no son tan optimistas acerca de los resultados que se puedan obtener. Teófilo Vásquez Delgado, coordinador de la investigación sobre grupos posdesmovilización del Centro Nacional de Memoria Histórica, explicó que “el Gobierno ha sido muy errático, siempre ha tenido una estrategia de represión en el sentido militar, han insistido en dar con los objetivos de alto valor, como lo hicieron con las Farc, pero se les olvida que las Farc son diferentes a estos grupos”.

Anotó, además, que el Gobierno no fue capaz de reemplazar con éxito el orden a los grupos paramilitares y las economías ilegales con las que se habían irrigado y que lo mismo podría ocurrir con los territorios que dejan las Farc. “Mientras no saquemos el narcotráfico y el resto de las economías ilegales vamos a tener problemas para responder a las necesidades de seguridad a través de grupos armados”, concluyó.

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