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Viernes 13 de Octubre de 2017 - 12:01 AM

El uribismo se retira de audiencia pública

En medio de gritos y señalamientos de “asesinos”, los representantes del Centro Democrático se retiraron de una audiencia pública en la que estaba ‘Jesús Santrich’ de las Farc. Se debate sobre las Circunscripciones de Paz.
Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL
El representante uribista Santiago Valencia se declaró impedido para darle la palabra a un “autor de crímenes de lesa humanidad” como lo era Jesús Santrich.
(Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)
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Juan Manuel Santos, Presidente de la República y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, Timoleón Jiménez.
(Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)

La audiencia pública que realizó la Comisión Primera de la Cámara sobre la reforma constitucional que crea las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, terminó ayer en medio de gritos y el abandono de la bancada de representantes del Centro Democrático, porque en la misma estaba presente el vocero de las Farc, Jesús Santrich.

La bochornosa situación se dio cuando el representante uribista Santiago Valencia, quien presidía la audiencia, aseguró que estaba impedido moralmente para darle la palabra en ese recinto a un autor de crímenes de lesa humanidad como lo es ‘Santrich’, de quien además aseguró no ha ido a la justicia.

Valencia dejó la coordinación de la reunión, la cual fue retomada por la representante Angélica Lozano, pero en su salida el representante uribista en compañía de otros compañeros de su bancada como Edwar Rodríguez, gritaban a los asistentes, militantes de las Farc, que eran “asesinos”. Esa misma postura de increpar con epítetos similares la hicieron personas de Voces de Paz y parte de las barras.

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El representante del Partido de la U, Albeiro Vanegas, previamente había tenido un fuerte encontrón verbal con Valencia, por lo que él llamó la forma intransigente en que manejó la audiencia, lo que llevó a que incluso los intervinientes en la audiencia pidieran a los congresistas compostura en sus declaraciones.

Mientras unos celebran y otros protestan las decisiones del alto tribunal, ya hay voces desde el Congreso que sostienen que los acuerdos no están ‘blindados’.

La decisión de la Corte llegó en un momento en que, debido a la salida de Cambio Radical de la coalición de Gobierno, las iniciativas para la implementación de la paz parecen estar estancadas en su discusión. El presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, ha estado en el centro del debate, pues lo acusan de estar dilatando las discusiones con sus actuaciones desde la mesa directiva.

De hecho, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, llamó la atención de la cabeza de la Cámara baja, al solicitarle que, tal y como lo dijo la Corte Constitucional, “los acuerdos son para cumplirlos”.

La declaración fue desestimada por Lara, quien reiteró que para él es imposible obligar a los parlamentarios a participar en los debates. “Yo no lo sentí como un jalón de orejas. Ahora, de la debida implementación de los acuerdos depende el éxito de los mismos. Debemos ajustar las normas para que no haya la semilla de los futuros conflictos”.

Y agregó frente al fallo de la Corte que “a nadie se le ocurre devolverles las armas a las Farc, eso es lo sensato en cualquier sociedad democrática, pero eso no quiere decir que el fallo sea escrito sobre piedra. Además que esos temas están sujetos a interpretación en el desarrollo”.

A su turno, la senadora del uribismo Paloma Valencia celebró que el alto tribunal haya reconocido que los acuerdos no son parte de la Constitución, pero criticó que “la corte decidió muy a nuestro pesar colocar como prioridad para futuros gobiernos la prioridad del gobierno Santos. Ellos han cedido a la presión que ha hecho este gobierno cuando están incluso en contra de sus decisiones”.

Así mismo, propuso realizar un referendo popular que “impida que el Congreso se tome atribuciones por encima del pueblo. Cuando se crean estos actos legislativos los colombianos tienen la posibilidad de inscribir un comité promotor y a través de eso se podría convocar un referendo si quieren derogar esos actos legislativos. Hemos inscrito ese comité para iniciar la recolección”. La senadora deberá recoger 1’785.000 firmas que, si son reconocidas por la Registraduría, permitirían convocar este mecanismo.

En ese mismo sentido se pronunció la senadora liberal Viviane Morales, quien se opuso a las visiones optimistas, asegurando que “el fallo deja claro que el Acuerdo de La Habana no hace parte del bloque de constitucionalidad. Es una sentencia condicionada que dice que los acuerdos solo tienen validez jurídica cuando son incorporados a través de leyes al ordenamiento jurídico”, lo que implicaría que el Congreso, a través de sus discusiones, podría cambiar la manera en que se aplican los acuerdos.

Sin embargo, Jesús Santrich publicó un comunicado del Componente de las Farc que hace parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del acuerdo de paz -CSIV-, en el que saludan el fallo “y lo comprendemos como un significativo espaldarazo al Proceso de Paz y al mismo tiempo un claro mensaje a quienes anuncian desconocer lo acordado”.

Y agregan que “la corte aplicando el principio de colaboración armónica entre los poderes ha demostrado, en este caso, que posee estatura histórica al comprender el acuerdo de paz”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Ejecutivo está muy satisfecho, pues representa una decisión importante para el futuro del proceso de paz, ya que “todas las instituciones del Estado deberán cumplir de buena fe el acuerdo”.

La audiencia

En la sesión se recogieron en especial las críticas al proyecto que ya fue aprobado en el Senado en sus dos primeros debates, y que ahora en la Cámara deberá quedar aprobado antes del 30 de noviembre, porque la enmienda constitucional hace parte del llamado ‘fast track’.

El registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, sostuvo que la entidad se está preparando para atender todas las elecciones de 2018, pero advirtió que este proceso de las elecciones transitorias de paz le significa una mayor atención para lo cual se requiere más presupuesto para estar todas esas regiones y la pedagogía que deberá tener la misma.

Por su parte, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que es indispensable crear las Circunscripciones de Paz para las elecciones de marzo 11 de 2018, “pues de ellas depende el control político a la implementación, ya en marcha, de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – (Pdet)”.

Barrios igualmente consideró que planteó las preocupaciones por la limitación a la participación electoral de las cabeceras municipales, la ausencia de estrategias para ampliar la democracia y la falta de claridad sobre la institucionalidad que brindará las garantías electorales en esas regiones.

Desde la ONG Viva la Ciudadanía, se advirtió sobre la necesidad de hacer una amplia campaña de pedagogía en esos territorios, porque han sido regiones tradicionalmente marcadas por la violencia, y no hacer una actividad electoral de forma permanente.

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