Jueves 19 de Julio de 2018 - 12:01 AM

JEP abre caso 002 sobre violencia contra comunidades étnicas

El caso 002 se enfocará en investigar los hechos de violencia en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, los municipios más golpeados por los crímenes en el conflicto armado.
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
Las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo también anunciaron que las plataformas civiles y personas acogidas a la JEP pueden manifestar su voluntad de dar información.
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

Luego de que la Justicia Especial para la Paz, JEP, diera inicio al proceso 001 que investiga los secuestros perpetrados por las Farc entre 1993 y 2002, anunció la apertura de su segundo caso, que investigará los crímenes del conflicto armado en tres municipios del suroeste del país, una de las zonas más azotadas por la violencia, que afectó especialmente a las comunidades étnicas de la región.

“Se inicia la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas dentro del Caso 002 de 2018 correspondiente a la situación de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas”, informó la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, SRVR, Julieta Lemaitre.

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El proceso

Este proceso busca conocer los crímenes que se cometieron por parte de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública entre 1990 y 2016 en estos tres municipios del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, donde el conflicto armado arreció con más fuerza y que se mantiene como una región aún convulsa.

La JEP ha identificado más de 1.000 víctimas en estas localidades por “todo tipo de violaciones a los derechos humanos” como “masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas o muertes por minas antipersonales, desplazamientos y confinamientos, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales”, según documentó la Sala.

Además se registraron “graves afectaciones a los territorios colectivos por la contaminación de ríos tras atentados a oleoductos”, agregó Lemaitre.

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La magistrada Belkis Izquierdo recordó que el 80% de los habitantes de los tres municipios son de comunidades étnicas e indígenas, como la mayor parte de las 1.000 víctimas identificadas por la JEP.

Sin embargo, la Sala también estudiará los crímenes cometidos contra estudiantes, líderes sociales, comerciantes o alcaldes de la zona.

El organismo priorizó este caso para “materializar el enfoque territorial y étnico-racial” de la justicia transicional, y así “comprender la dinámica del conflicto armado en el territorio”, la “presencia de múltiples grupos armados” y “la importancia económica y estratégica de las regiones donde están asentados los pueblos étnicos”, explicó la Presidenta de la Sala.

Investigación del caso 002

La investigación del caso se da con base en varios informes presentados por la Fiscalía General de la Nación, estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, e información de organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP.

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Además, Lemaitre informó de que la Sala empezará a identificar “dentro de poco” a los “posibles responsables” para llamarlos a comparecer.

Lemaitre concluyó que espera que este caso “contribuya” a que “surja la verdad de la guerra” en esta región, una de las “históricamente abandonadas” del país donde “continúa la violencia”.

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