Domingo 23 de Septiembre de 2018 - 12:01 AM

¿Colombia, exportadora de corrupción?

La Convención Anticohecho de la OCDE se adoptó en 1997 a fin de atacar la parte oferente de la corrupción internacional.
/ VANGUARDIA LIBERAL
(Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

“Brindle”, “vesztegetés”, “pot de vin”, “soborno” en inglés, húngaro, francés y español o en cualquier idioma el significado es el mismo y en todos los países se le reconoce como un delito y se han creado leyes para castigarlos con la imposición de multas.

A esto, precisamente, es a lo que apunta Colombia desde que hace parte de la Convención Anti-Soborno de la Ocde, con el fin de evitar que se registren casos de corrupción o sobornos transnacionales.

Vale la pena recordar que el caso más emblemático en América Latina es Odebrecht, y ha sido representativo en el tratamiento de la lucha contra el soborno transnacional.

En un reciente informe presentado por Transparencia Internacional, se cuestiona si en realidad Colombia es un país exportador de corrupción, explicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de la institución.

Hernández manifestó que “el análisis que se plantea es que a la luz de las obligaciones que tiene el país en materia de investigación y sanción de casos de corrupción, específicamente soborno transnacional, aún es necesario realizar esfuerzos mucho más sólidos que permitan contar, no solamente con investigaciones, sino con sanciones efectivas”.

Según el informe, Colombia con un 0,2% de las exportaciones globales y con el inicio de una única investigación en el 2017, hace parte de los 22 países de la categoría de cumplimiento escaso o nulo, donde se concentra el 39,6% de las exportaciones mundiales.

En este sentido Colombia tiene un buen referente, precisó el Director de Transparencia por Colombia, y este año la Superintendencia de Sociedades impuso una multa por el caso de Inassa, filial de la empresa española Canal de Isabel II, multada por $5.078 millones, por haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016.

Sin embargo, “cuando nos comparamos con otros países de la Ocde, todavía nos falta fortalecer varios aspectos que permitan que en ese escenario de comercio internacional nuestro país esté contribuyendo a que se ataque este tipo de corrupción transnacional”, precisó Hernández.

Ganaban contratos

El Director Ejecutivo de Transparencia Internacional recordó que “hasta hace unos años, alrededor de los 90, este tipo de comportamiento era permitido, incluso en algunos países europeos era posible deducir como un gasto operativo los sobornos que las empresas pagaban en otros países para ganar contratos, y justamente lo que se ha querido, a través de la Convención de la Ocde contra el Soborno Transnacional, es que ese tipo de hechos no sean tolerados, pero no solamente aprobando leyes sino realizando investigaciones y sanciones efectivas para que los responsables de estas prácticas sean castigados”.

Estrategias

Desde la misma Ocde se recomiendan unos mecanismos buenos en términos de recomendar a los países cómo avanzar en este tema. Hernández indicó que el país ha adoptado varias de las estrategias y por eso se ha logrado fortalecer el marco legislativo.

Las principales recomendaciones son: fortalecer los mecanismos de protección de denunciantes de corrupción, porque según El Director Ejecutivo, “es un tema que nivel global ha venido tomando mucha fuerza porque se reconoce que la denuncia es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción, entre otras cosas para conocer de manera rápida mecanismos sofisticados de corrupción que difícilmente el Estado puede conocer a partir de investigaciones que arrancan de cero, y si podemos contar con alguien que está dentro de las redes de corrupción y se atreve a denunciar, eso ayuda los casos y que las investigaciones sean ágiles”.

Reconoce que “en Colombia tenemos un ambiente en donde la denuncia no es un tema fácil y hay mucho miedo para denunciar, debido a posibles represalias que se puedan tomar contra los denunciantes; además, hay muy pocos incentivos para la denuncia y bastante desconocimiento de los canales de denuncia en casos de corrupción”.

La otra recomendación, que aunque no surge de la Ocde y en la que también en Colombia se avanza en ese aspecto, es ahondar sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, precisamente ese es el tema del proyecto que en el transcurso de la semana radicó en el Congreso el presidente Iván Duque y al que prontamente se le debería dar discusión, precisó Hernández.

PROYECTO DE LEY

La Vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, explicó el proyecto de ley sobre transparencia y lucha contra la corrupción que recoge su trabajo de varios años, así como propuestas de sectores políticos del país y que fue radicado por el Presidente Iván Duque, esta semana, en el Congreso.

El proyecto de ley contiene un paquete integral que combina pedagogía por la ética, transparencia en el Estado y en los contratistas, mayor control ciudadano y sanciones drásticas a los corruptos.

“Este es un momento sin precedentes, tiene que ser una lucha sin cuartel, primero para que haya transparencia, segundo para que con más transparencia existan menos espacios para la corrupción, tercero para que haya pedagogía ciudadana y cuarto para que se apliquen sanciones drásticas contra los corruptos”, dijo la vicepresidente Ramírez.

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