Domingo 18 de Noviembre de 2018 - 12:01 AM

¿Somos incluyentes?

Dos decretos expedidos este año durante el Gobierno de Juan Manuel Santos están siendo atacados por sectores religiosos, porque los califican como parte de una “ideología de género”. Abogados e investigadores explican en qué consisten los decretos y por qué son importantes para el país.
/ VANGUARDIA LIBERAL
(Foto: / VANGUARDIA LIBERAL)

Dos decretos expedidos en abril y mayo de este año, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, han sido duramente atacados por algunos sectores religiosos por considerarlos parte de la “ideología de género”.

Se trata de los decretos 410, que busca prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como por raza, etnia, sexo y grupo social, y el 762, que establece una política pública para garantizar los derechos de la población Lgbti.

Los grupos religiosos marcharon el pasado 6 de noviembre con carteles que señalaban que estos decretos hacían parte de lo que ellos denominan “ideología de género” que se pretende imponer en el país.

Los grupos religiosos señalan que no aceptan la imposición de políticas públicas basadas en gustos o preferencias sexuales que, según dicen, desconocen a la mayoría del país.

Pero, ¿de qué hablan estos decretos realmente y para qué le sirven al país?

Vanguardia Liberal conoció varios casos en los cuales los decretos contra la discriminación y para garantizar los derechos de la población Lgbti podrían ser efectivos para evitar el bullying escolar, por ejemplo.

Esta redacción conoció que este año dos estudiantes de un colegio público en Bucaramanga fueron “sacados del closet” por uno de sus docentes. “Estos jóvenes no recibieron ningún acompañamiento y las directivas del colegio se lavaron las manos, los dejaron solos. Los padres no entendían nada de lo que significa tener una opción sexual o una orientación sexual diversa, y tampoco se les asesoró. Obviamente, los padres de uno de ellos lo golpeó de forma terrible”, comenta una de las docentes del colegio, que pidió mantener su nombre en reserva.

La docente cuenta que, ella misma, se ha visto discrimnada por las directivas debido a su deseo de educar a los estudiantes en los derechos de la población Lgbti y en contra de la discriminación.

Diego Ruiz, director de la Corporación ConPázes Diverso, organización que trabaja por la defensa de los derechos de la población Lgbti, quien conoció el caso de los jóvenes, explica que “el problema es que estos muchachos tienen miedo de revelar su orientación sexual porque la discriminación en Santander es muy grande. Sufren acoso por parte no solo de sus compañeros, también de las directivas del colegio y hasta de sus propios padres”.

“Hemos conocido también el caso de una niña transgénero que fue agredida por su docente de educación física porque lo acosaba, tocaba su cuerpo, alegando que los niños y niñas transgénero están buscando que los maltraten por su identidad de género. La menor no regresó más al colegio”, explica Ruiz. El caso sucedió en 2016.

La Corporación también tuvo acceso a un derecho de petición que envió un grupo de padres “indignados” y “molestos” a la Secretaría de Educación Local, solicitando que se le explicara cuáles eran las políticas del Municipio para manejar a los jóvenes de la población Lgbti por considerarlos “desadaptados y con muchos problemas psicológicos”.

Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes Lgbti no son los únicos que sufren discriminación. También este año, una madre de San Vicente de Chucurí denunció que su hijo de seis años estaba siendo discriminado por su forma de hablar, que asemejaba a la de su padre y hermana, quienes tenían ascendencia española.

¿Cuál es la razón de esta política?

El psiquiatra Camilo Umaña asegura que las personas que son discriminados por su etnia, raza, sexo, orientación sexual o identidad de género sufren una afectación en su estado psicológico, ya que su verdadero ser, algo que crece con ellos y que nadie les impone, se ve rechazado por la sociedad.

Por su parte, la socióloga Paloma Bahamón, explica que “la discriminación es una conducta anómala y dañina de la vida en comunidad, que es importante para los seres humanos. Dependemos los unos de los otros para sobrevivir, debemos establecer unas reglas de convivencia. Lo que pasa es que estamos en una transición de una sociedad que tiene un sentido de identidad homogéneo, que se basa en las tradiciones religiosas, a una sociedad más diversa. A finales de la Segunda Guerra Mundial, que se dio por la discriminación nazi y fascista, se pactó la creación de una organización supranacional para que las sociedades pudieran vivir en armonía, se pactó el reconocimiento a las diferencias. Las sociedades modernas con una democracia participativa y un estado social de derecho. Si en nuestra Constitución reconocemos que somos pluralistas y diversos es un contrasentido manifestarse en contra de la diversidad. No podemos renunciar a nuestra democracia”.

Expertos indicaron que los decretos 410 y el 762 del 2018 constituyen un ejercicio del gobierno para cumplir el mandato constitucional que busca prevenir que las personas que hacen parte de la población Lgbti sigan siendo discriminadas por razón de su identidad de género u orientación sexual, así como por su raza, etnia o si se encuentran en situación de discapacidad.

En qué se basan los decretos

El decreto 410, denominado Prevención y Discriminación por orientación sexual, estableció el sello #AquíEntranTodos para promover entornos libres de discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género en establecimientos públicos y privados.

La idea es que las Alcaldías concederían el sello como un reconocimiento al dueño o responsable de un establecimiento que se comprometa a formar sus empleados en una cultura de no discriminación a lesbianas, gays, bisexuales y personas trans.

Así mismo, el decreto 762 en el que “se debe adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales Lgbti y de personas con orientación sexual e identidad de género diversas”.

La abogada constitucionalista Ana Patricia Pabón Mantilla asegura que “la misma Constitución, en el artículo 13, le fija una obligación al Estado: el deber de promover las condiciones para que las personas que pertenecen a grupos discriminados y marginados puedan ser beneficiados con medidas afirmativas con el fin de promover la igualdad real y efectiva.

Del mismo modo, Pabón Mantilla señala que estos decretos se encuentran en el marco legal y no afectan a nadie: “cuando identificamos que miembros de la población Lgbti han sido víctimas de múltiples violaciones en sus derechos por razón de la discriminación, esa identificación justifica que a partir de un enfoque diferencial se impongan obligaciones a todas las instituciones del Estado, públicas y privadas, para que en efecto permitan materializar el derecho a la igualdad de estas poblaciones, en virtud del artículo 13 (que establece el derecho a la igualdad) y a su vez, en virtud de las normas internacionales y de los tratados y convenios suscritos por Colombia”.

Y la experta agrega, que “estos dos decretos son la forma en que el Estado intenta cumplir con una deuda histórica frente a la garantía de derechos de las personas con identidades sexuales y orientaciones de género diversas”.

Finalmente, la abogada subraya que “cualquier manifestación en contra de estos decretos tendría que pasar por la siguiente pregunta: ¿en qué afecta a los grupos mayoritarios el reconocimiento de derechos y de acciones en favor de grupos tradicionalmente discriminados?”.

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