Nunca antes una firma constructora había sido multada con más de $9.000 millones. Urbanas dice que no hay tratamiento justo. La Cdmb asegura que el fallo de primera instancia se tomó en derecho. Debate.
Publicado por: GUSTAVO GALLO MACHADO
Mientras la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, sancionó preliminarmente con una multa de $2.957 millones a la multinacional Drummond por arrojar una cantidad indeterminada de carbón al mar en Santa Marta, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, impuso una multa monetaria de $9.650 millones a la constructora Urbanas, por la presunta contaminación de la quebrada la Ruitoca y la ocupación de su cauce.
Se trata de una investigación que comenzó en 2010 cuando la autoridad ambiental intervino ante las quejas de los habitantes de la vereda Paramito, de Piedecuesta, por el impacto ambiental de la construcción del proyecto urbanístico Valle de Rocas, ubicado en Ruitoque.
Según la Cdmb, en diferentes visitas que realizó el organismo se comprobó que hubo impacto sobre la cantidad y la calidad del agua de la quebrada. Adicionalmente, “hubo ocupación del cauce sin contar con los permisos ambientales del caso”, entre otras supuestas irregularidades.
Lo paradójico de esta determinación es que el organismo no ha medido con el mismo rasero a otras compañías como las mineras, que han cometido serias anomalías ambientales en zonas como el Páramo de Santurbán.
Por ejemplo, en junio de 2012 el Anla hizo una visita técnica a las empresas AUX, Leyhat y Eco Oro y encontró varias irregularidades en las operaciones entre las que se cuentan problemas en la disposición y el manejo de lodos, dificultades con las concesiones de aguas e incluso pide analizar la “procedencia jurídica de ordenar la suspensión preventiva de las actividades exploratorias”. En estas y otras denuncias no hubo sanción.
Urbanas se defiende
Para Juan Camilo Montoya Bozzi, presidente de Urbanas, la multa de la Cdmb es a todas luces injusta como quiera que el proyecto Valle de Rocas, en Ruitoque Condominio, cuenta con licencia de urbanismo y construcción vigente otorgada por la Secretaría de Planeación de Piedecuesta, que autorizó en septiembre de 2009 aislamientos de las corrientes hídricas de cinco metros.
“Los cambios que introdujo la Cdmb a estas mismas normas, que hablan de aislamientos de 15 metros (diciembre 2009) fueron posteriores a la radicación de la licencia ante el Municipio y por lo tanto, no pueden ser aplicados retroactivamente al proyecto”, dice.
Además, explica que Ruitoque Condominio lleva en desarrollo más de 20 años y comprende más de 20 conjuntos residenciales, los cuales siempre se han ejecutado bajo las directrices de la autoridad ambiental.
En esta ocasión, agrega, la misma entidad quiere darle un tratamiento diferente a un proyecto que hace parte del condominio, bajo la aplicación de múltiples normas que muchas de ellas, o rigen para actividades distintas a la construcción o no existían al momento de iniciar la ejecución de Valle de Rocas.
Otro asunto que para el constructor no tiene claridad, es el monto de la sanción de $9.650 millones. En ninguna parte de la resolución 1558 se discrimina la valoración de la multa.
“No tenemos idea de dónde pudieron sacar esa cifra, no conocemos su fundamento, nunca conocimos previamente el supuesto informe técnico, el daño no ha sido probado e ignoraron pruebas y estudios favorables a la actuación de la Empresa”, sostiene Montoya Bozzi.
Lo que no tuvo en cuenta
El directivo añade que la autoridad ambiental tampoco tuvo en cuenta que Urbanas hizo las obras de mitigación que fueron aprobadas por la misma Cdmb, constituyó una empresa de acueducto para brindar agua potable a las comunidades y que los líderes de Paramito, José Jeréz Velandia y Claudia Liliana Ordoñez, mediante un escrito a la Cdmb renunciaron a las pretensiones de la demanda por cuanto la Constructora “cumplió los compromisos adquiridos el 11 de febrero de 2011”.
Según Montoya Bozzi, la entidad se contradice gravemente porque en la defensa que hizo la propia Cdmb de sí misma ante una acción popular de la comunidad interpuesta ante el juez Juez Doce Administrativo del Circuito (en diciembre de 2011), afirma que en Valle de Rocas “no hay acuíferos ni nacimientos” de agua.
Y añade más adelante ese mismo documento: “En conclusión, los trabajos realizados por la empresa Urbanas S.A. con relación al sitio objeto de esta acción popular no afectan los derechos colectivos del medio ambiente y la fuente hídrica goza de la protección ambiental permanente”.
La Cdmb responde
El director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya Méndez, asegura que en la historia de la corporación son pocos los antecedentes de una sanción de este tipo. De hecho, recordó que el año pasado a una persona natural se le sancionó con $1.000 millones por el mal manejo que le hizo a un terreno en Piedecuesta.
¿Y de dónde salió la cifra de la sanción? Según el directivo, la ley 1333 de 2010 en su artículo 40 establece las bases de la dosificación de la multa. En este caso se hizo una delimitación de las hectáreas del terreno afectado o intervenido que fue de 1 hectárea con 400 metros (de cinco hectáreas que comprende el proyecto). Se tasó el metro cuadrado en la zona ($900 mil). Al hacer esa conversión salió el valor de $9.650 millones.
“Para tomar la decisión hay un equipo coordinador. La cifra no fue un capricho de nadie. En ese equipo están el subdirector de gestión rural, el subdirector de ordenamiento territorial, dos coordinadores de cada subdirección, un ingeniero ambiental, un economista y dos abogados”, aclara el Funcionario.
Sostiene además que la intervención urbanística no contó con plan de manejo ambiental que se requería por el manejo que se hizo a los recursos hídricos.
“Dentro del estudio que contrató la Corporación se demostró que había pequeños afluentes permanentes. Es una afectación de mucho tiempo, es un daño irreversible en ese afluente que se secó”, agrega Anaya Méndez.
En cuanto a la defensa de la Cdmb en la acción popular, el funcionario y su equipo directivo reconocieron que no sabían de qué se trataba.
“La decisión fue en primera instancia. Debe surtir una segunda instancia luego de la apelación. Urbanas es una importante empresa de desarrollo regional, no acogemos criterios personalizados pero sí técnicos y jurídicos para los fallos. Se revaluará de acuerdo a los fundamentos en derecho que nos presenten y si hay errores de parte de la corporación saldremos a reconocerlos y los corregiremos”, concluye el director de la Cdmb.
