
A través de una carta enviada al Mintrabajo, Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma, estima que se debe convocar a los sectores empleadores “afectados con las sanciones impuestas recientemente a una empresa palmicultora, cuatro Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA, y una empresa de servicios temporales, a través del Consejo Gremial Nacional, Confecoop, Ascoop e incluso entidades gubernamentales que contratan servicios con las CTA, para ratificar con claridad los alcances del régimen de contratación aplicable”.
Mesa Dishington estima que ese equipo tendrá como objetivo formular las correspondientes recomendaciones de políticas en “materia de dinamización de la vida laboral para aplicar adecuadamente los mecanismos de contratación legítimos, que ofrezcan garantías para el cumplimiento de condiciones dignas de trabajo, así como la implementación de una posible reforma laboral integral, dentro de un marco de gradualidad (progresividad) y estabilidad jurídica”.
El jefe del gremio palmero expreso que hay señales contradictorias de este Gobierno frente a la continuidad del modelo cooperativo de la economía solidaria.
Mal manejo
Fedepalma estimó que la cartera de Trabajo le dio un mal manejo a las sanciones impuestas a una palmera de Puerto Wilches, 4 CTAs y una empresa temporal que ascienden a los $11 mil millones.
Para el dirigente se presentó como un hecho cumplido y se expuso al “escarnio público a entidades e instituciones generadoras de empleo que durante años han cumplido sus obligaciones, en regiones en las que el Estado no suele alcanzar a materializar sus propósitos sociales, sin aclarar siquiera que existen los recursos de ley y que, por lo tanto, tal decisión aún no está en firme”, enfatizó.

