Si un año más tarde el escandaloso Acuerdo de Santa Fe de Ralito fue firmado por menos de un centenar de dirigentes políticos de varias regiones del país, vale la pena recapacitar sobre la dimensión que el Pacto de Chivolo que fue suscrito por 410 políticos, empresarios y ganaderos y, además, los jefes Paras, es decir, cerca de 500 personas. Y lo en él expresado se cumplió al pie de la letra. Así, hace un lapso considerable el Magdalena estaba en poder de los paramilitares, ellos gobernaron, impulsaron acuerdos de concejos municipales, ordenanzas de la Asamblea Departamental, administraron municipios y adjudicaron jugosos contratos estatales.Eso, a la luz del Derecho constituye un grave delito que llevaron a cabo significativos jefes de la política de la Costa pues al administrar tanto municipios como la región de acuerdo a las directrices dadas por los jefes paramilitares, incurrieron en lesivos ilícitos.Si ello es así, si cerca de medio millar de personas sabía de su ocurrencia, ¿por qué hasta ahora, 8 años después, sale a la luz pública y valientemente se denuncia penalmente?Fue necesario que una congresista que ha demostrado ser valiente, coherente y tener ética en sus actuaciones se atreviera a poner en alerta al país sobre su ocurrencia. De lo contrario, hubiera seguido arropado por el más espeso manto de impunidad.¿Por qué la Fiscalía solo ha judicializado a uno de los más de 400 firmantes? ¡Hubo ocho años de inexplicable silencio!