Una vez más los palmeros del Magdalena Medio mostraron su preocupación frente a la disminución de la producción.

Publicado por: MARCELO ALMARIO CHÁVEZ
Esta vez fueron los productores de las cinco extractoras que operan en Puerto Wilches, los que en la rendición de cuentas que se realizó en el Campus del Adulto Mayor del municipio ribereño, reportaron la pérdida de 12 mil, de las 38 mil hectáreas sembradas.
La Pudrición del Cogollo, PC, que ha afectado toda la zona central, comprendida por los santanderes, sur de Bolívar y sur del Cesar, tiene en jaque la estabilidad laboral de la región.
Según el director de la fundación Fruto Social de La Palma, Javier Toro Vanegas, en los próximos meses podrían quedarse sin trabajo más de 17 mil personas, de no ser implementadas las acciones preventivas y correctivas. "Si la situación continua se dejarían de percibir más de $75 mil millones.
De las 38 mil hectáreas sembradas en la zona de Puerto Wilches, que es la más afectadas con el PC, 12 mil hectáreas tendrán que ser erradicadas. Esta cifra corresponde a la tercera parte del área sembrada", explicó el funcionario.
De las 38 mil hectáreas sembradas en la zona de Puerto Wilches, que es la más afectadas con el PC, 12 mil hectáreas tendrán que ser erradicadas. Esta cifra corresponde a la tercera parte del área sembrada", explicó el funcionario.
Toro Vanegas, insistió en advertir que este año se han dejado de emplear más de 2.000 personas de manara directa en las diferentes extractoras del sector.
Los palmicultores aún están a la espera de las ayudas que prometió el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para paliar los efectos negativos del PC y la reciente ola invernal.
"Unos $6 mil millones están garantizados para la erradicación de los cultivos enfermos. Esto para los pequeños y medianos productores de la zona. Sin embargo, se necesitan recursos para la renovación de los cultivos", indicó el Director de la Fundación Fruto Social de La Palma.
Toro Vanegas aseveró que las extractoras crearon la coordinadora de manejo fitosanitario, por medio de la cual se hacen gestiones para la consecución de recursos que garanticen la etapa de renovación de los cultivos arrasados por la enfermedad.












