De agache

Varios congresistas ya fueron condenados por la Corte, mientras sus aliados observan felizmente cómo sus delitos prescriben y su acción es legitimada. Es en lo local donde crece, se reproduce y debería morir el paramilitarismo. Pero mientras no haya un compromiso con la verdad por parte de la Fiscalía la cadena de producción de la toma del poder mafioso seguirá intacta. Hace casi 10 años, el 9 de enero de 1999, 27 campesinos fueron asesinados y algunos –además- incinerados en El Piñón, Magdalena. Por esta masacre ya aceptó su responsabilidad Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”. Luego, tomó control del territorio y asesinó a alcaldes y concejales de “oposición política”. Mataba a quienes no querían saquear las arcas públicas para llenar los bolsillos de los paras.En septiembre de 2000 el mismo “40” reunió 410 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas, en Chivolo, para proclamar el candidato a la Gobernación del Magdalena, quien salió elegido: José Domingo Dávila. Como el modelo fue “exitoso”, lo replicaron para las elecciones de Congreso de 2002. En noviembre de 2000 perpetraron la masacre de Sitionuevo en la que mataron 37 personas entre pescadores y campesinos. Luego se tomaron el municipio matando ex alcaldes, concejales y funcionarios públicos. Estos hechos fueron reconocidos por alias “Don Antonio”. Convocaron en noviembre de 2001 en Pivijay a 4 candidatos al Congreso, 8 alcaldes y 2 diputados, con quienes firmaron un nuevo pacto para llegar al Congreso, y lo lograron. El modelo “Pivijay” fue replicado en otras regiones. Hoy varios congresistas han sido condenados y otros se encuentran en investigación. Así lograron el 35% en el Congreso, le metieron la mano a la ley de justicia y paz y trataron de hacer leyes que legitimaran el despojo de miles de familias desplazadas de sus tierras, como señala Luis Jorge Garay en su investigación. ¿Qué pasó con los políticos regionales que firmaron estos pactos? Los presuntos delitos electorales sobrevinientes de estos pactos, como el  constreñimiento al sufragante, alteración de resultados y fraude al sufragante ya prescribieron o prescribirán en 3 meses. El único delito que queda vigente es el concierto para delinquir para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley. La Fiscalía solo ha abierto investigación contra una persona. Por la misma conducta ya hay tres Congresistas condenados mientras sus socios siguen lanzándose a alcaldías, concejos y asambleas.La parapolítica sigue ‘vivita y coleando’ en las regiones, proclamando su triunfo sobre la justicia, porque la Fiscalía ha sido ineficaz en la investigación de quienes se tomaron con el fusil las urnas.