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Gobierno peruano propone una sala especializada en delitos contra periodistas | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-05 22:12:43

Gobierno peruano propone una sala especializada en delitos contra periodistas

El viceministro peruano de Justicia, Erasmo Reyna, sugirió hoy que cada corte judicial superior tenga una sala dedicada específicamente a los delitos y crímenes cometidos contra los periodistas.
Gobierno peruano propone una sala especializada en delitos contra periodistas

Durante el foro "Libertad de expresi√≥n y democracia en el Per√ļ" organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reyna declar√≥ que los periodistas sufren de intimidaci√≥n, amenazas y atentados contra sus vidas, a ra√≠z de su trabajo de denuncia de los actos de corrupci√≥n por parte de las autoridades locales.

Seg√ļn cifras de la SIP, en los √ļltimos 20 a√Īos hubo 19 periodistas asesinados en Per√ļ, de un total de 344 en Am√©rica Latina, pero en cinco de esos casos se ha logrado sentenciar a 11 responsables de los delitos.

El viceministro de Justicia afirmó que los hombres de prensa son los "mejores aliados" de los procuradores del Estado y la justicia en general por su permanente labor de fiscalización que "viene causando escozor" en los denunciados.

Reyna rese√Ī√≥ que en Per√ļ hay 144 diarios y revistas, 2.230 estaciones de radio y 1.000 estaciones de televisi√≥n a nivel nacional, lo que significa una presencia masiva de los medios de comunicaci√≥n en cada ciudad del pa√≠s.

Por su parte, el legislador opositor Ra√ļl Castro Stagnaro, integrante de la Comisi√≥n de Justicia del Parlamento, plante√≥ una reforma de los c√≥digos penales en lo referente a los delitos cometidos contra periodistas para que se evite la prescripci√≥n de los casos.

Asimismo, propuso el establecimiento de "subtipos penales" que sancionen la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de periodistas en el ejercicio de su trabajo.

El presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calder√≥n, afirm√≥ que Per√ļ ha presentado avances en la defensa de la libertad de prensa y expresi√≥n, pues en la actualidad hay once personas sentenciadas por los asesinatos de cinco periodistas.

Esos periodistas fueron Miguel P√©rez Julca en la ciudad de Ja√©n el a√Īo pasado, de Alberto Rivera y Antonio La Torre en Pucallpa y en Ancash en 2004, y de Hugo Bust√≠os y Jaime Ayala en Ayacucho en 1988 y 1984, respectivamente.

El directivo de la SIP precis√≥ que esos 11 procesados en Per√ļ forman parte de las 87 personas que est√°n cumpliendo c√°rcel en Am√©rica por matar a periodistas.

En opinión del director de Libertad de Prensa de la SIP, el argentino Ricardo Trotti, su entidad no espera privilegios legales para los periodistas, tras escuchar la propuesta de creación de salas especializadas, sino detener la violencia contra los periodistas.

Como un ejemplo de esta postura, Trotti mencion√≥ que el agravamiento de penas ya es efectivo en el c√≥digo penal de Colombia desde 2001, con un incremento de cinco a√Īos de prisi√≥n a los cr√≠menes contra periodistas.

Al término del foro, el presidente del Congreso peruano, Javier Velásquez Quesquén, firmó la declaración de Chapultepec, junto a los representantes de todas las bancadas parlamentarias y de la SIP.

La referida declaraci√≥n, adoptada por la Conferencia Hemisf√©rica sobre Libertad de Expresi√≥n en 1994, se√Īal√≥, entre sus 10 puntos, que "nadie puede restringir o negar" los derechos a buscar y recibir informaci√≥n.

De igual forma, precis√≥ que las autoridades est√°n obligadas a poner a disposici√≥n de los ciudadanos la informaci√≥n generada por el sector p√ļblico.

Velásquez Quesquén aclaró, en la rueda de preguntas, que esa información oficial también tiene restricciones cuando se trata de asuntos de seguridad del Estado o de los servicios de inteligencia, lo cual está previsto en la ley de transparencia de acceso a la información.

Sin embargo, el titular del Legislativo informó que todas las compras que realiza el Congreso están disponibles en su portal electrónico y que, en las próximas horas, estará igualmente la información referida al personal administrativo que trabaja en ese poder del Estado, tras los escándalos que provocaron la expulsión de dos parlamentarios por malos manejos en contrataciones
 

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