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DMG intervenida por el Gobierno | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-11-17 17:04:01

DMG intervenida por el Gobierno

El Gobierno decretó esta mañana la emergencia social debido a la “grave alteración de orden social”, generada por las captadoras no autorizadas de dineros del público, y dictó 4 decretos que buscan aminorar los efectos de esta situación.
DMG intervenida por el Gobierno

“El Gobierno Nacional, frente a este hecho, ha asumido la responsabilidad frente al país, buscar medidas precautelares para salvaguardar los recursos de quienes entregaron sus dineros a estos captadores”, dijo Valencia.

La intención, dijo el ministro es recuperar esos dineros y devolverlos, en la medida de lo que sea posible, a quienes dieron dinero y evitar que se continúen desarrollando estas actividades de captación.

A su vez, anunció sanciones penales para los captadores y castigo a quienes lo sigan haciendo. “Se dictó un decreto de carácter penal que dobla las penas para quienes incurran en este tipo de delito y lo hace no excarcelable”, explicó.

Dijo que las penas irán desde 120 meses de prisión y multas de 150 mil salarios mínimos y se crea un nuevo delito, que es el de la captación ilegal.

Igualmente, los gobernantes locales (alcaldes) tendrán potestad para sellar y denunciar, como medida inicial, a las denominadas pirámides y luego remitir los casos a la Superintendencia de Sociedades, las medidas que buscarían terminar con la crisis generada por las captadoras ilegales de dinero, podrían convertirse en una “legislación permanente”.

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Decretos de emergencia social

En desarrollo de la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno expidió cuatro decretos.

El primero es el 4333 del 16 de noviembre de 2008, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia en desarrollo del artículo 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994, por la grave alteración del orden social con ocasión de la proliferación de manera desbordada en todo el país, de distintas modalidades de captación o recaudo masivo ilegal de dineros del público.

El segundo decreto (número 4334) define el proceso administrativo de intervención, los nuevos procedimientos que se adelantarán y la toma de posesión con fines de intervención en los negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en la actividad financiera sin la debida autorización estatal.

También se definen los procesos para efectuar los inventarios de activos y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución presentadas por las personas vinculadas al caso.

Define también los criterios que tendrá en cuenta el Agente Interventor, para la devolución de los dineros entregados por el público a estas firmas captadoras.

Así mismo, este decreto se aplicará a los procesos de devolución de dineros que estaban en poder de ‘Proyecciones D.R.F.E.’.

El tercero (número 4335) concede a los alcaldes obligaciones y facultades de policía para tomar las medidas cautelares, tales como sellamiento de establecimientos y custodia, para suspender de manera inmediata la actividad de captación o recaudo masivo de dineros del público o la realización de actividades no autorizadas. El gobernador, cuando tenga conocimiento, tendrá la obligación de avisarle al alcalde, para que tome las medidas correspondientes.

Y el cuarto decreto (número 4336) redefine las conductas sancionables desde el punto de vista penal, retoma el objetivo de endurecimiento y aumento de las penas para quienes realicen o colaboren con la captación masiva no autorizada de recursos del público. Estas penas oscilarán entre 120 y 240 meses y multa de 50 mil salarios mínimos legales mensuales. Este delito también se convierte en excarcelable.

Allí también se establece un nuevo tipo de delito, que señala que quien haya captado recursos del público y no lo reintegre, por esa sola conducta, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, y multa de 133.33 a 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Este delito tampoco será excarcelable.

En este último delito, por la falta de devolución de dineros antes de la vigencia de esta norma, los fiscales que conozcan de los procesos podrán aplicar de manera preferente el principio de oportunidad en la devolución de los recursos

 

 

 

 

 

 

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