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Rusia y Putumayo | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-12-10 05:00:00

Rusia y Putumayo

Un estimado amigo y colega me envió un artículo del economista Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, publicado hace casi ocho años, sobre la célebre pirámide Rusa de mediados de los noventa (“La Pirámide Financiera MMM”, Revista Perspectivas No. 127).
Rusia y Putumayo

Kaufmann argumenta que después de casi ocho décadas de régimen de planificación central, los consumidores de la antigua Unión Soviética eran especialmente vulnerables a caer víctimas de esquemas como el de la pirámide MMM. Por una parte, la población desconocía del todo el modo de operación de los mercados y los negocios financieros. Y por la otra, las instituciones estatales encargadas de la protección de los derechos de los consumidores en una economía de mercado simplemente no existían aún.

El ensayo de Kaufmann permite reiterar lo que este servidor ha venido diciendo sobre la naturaleza del problema de las pirámides desde el punto de vista estatal: Que se trata de un asunto de protección a los consumidores, y no de un oficio a cargo del Superintendente Financiero. Sin pretender que el Estado pueda meter las narices en todos los contratos y transacciones privadas, sí hay una obligación gubernamental de garantizar los derechos básicos de los consumidores en una economía diversificada y compleja; Kaufmann hace un recuento de tales derechos.

El primero de ellos es el de la información adecuada por parte de los proveedores de bienes y servicios. En ausencia de un servicio estatal que obligara a los proveedores de “servicios” de las pirámides colombianas a revelar amplia y detalladamente la naturaleza de sus propuestas, se impuso la publicidad abiertamente engañosa; el dispositivo del rumor, del boca  a boca, de las historias de rendimientos absurdos se tomó la mente colectiva de la población. Y el Estado colombiano no estuvo para obligar a los empresarios/estafadores a revelar la información relevante. Los ciudadanos tienen igualmente el derecho a la educación en su condición de consumidores. Sólo así se puede garantizar el derecho a la libre elección entre alternativas de consumo o de uso del ahorro en esquemas financieros. Ninguno de estos derechos ha sido tutelado eficaz y oportunamente por el Estado colombiano.

Otro de los derechos de los consumidores es el derecho a la reparación, a la compensación de los daños causados por bienes y servicios “defectuosos”. En este aspecto, al final de las quinientas el Estado colombiano ha entrado a ver cómo logra alguna reparación a los damnificados. Después de unas ofertas gubernamentales francamente atrabiliarias, ahora estamos en procesos formales de liquidación. Es de esperar que, más allá de los costos que implica administrar todos esos procesos, no salga un solo peso del tesoro público para compensar a los estafados.  

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