Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios p√ļblicos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-12-31 05:00:00

Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios p√ļblicos

La Corte Constitucional determin√≥ que ning√ļn alcalde puede negarles a los habitantes de una invasi√≥n, la respectiva conexi√≥n de los servicios p√ļblicos domiciliarios.
Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios p√ļblicos

Es decir, un grupo poblacional residente en alg√ļn asentamiento subnormal de Bucaramanga tiene todo el derecho a gozar de las redes de agua, luz, gas, alcantarillado y tel√©fono.

El fallo del Alto Tribunal se fundamenta en que cualquiera de estos servicios debe estar al alcance de todas las personas y no pueden existir normas que excluyan su acceso.

Seg√ļn la Corte, negarle a una comunidad la cobertura de los servicios vulnera los derechos a la salud y a una vida digna de los ni√Īos, mujeres, hombres y ancianos que residan en determinada invasi√≥n.

La alta Corporaci√≥n de justicia fue enf√°tica al decir que ¬ďdebe existir un equilibrio entre la represi√≥n de la invasi√≥n ilegal que atenta contra el derecho de propiedad, el mantenimiento del equilibrio ambiental y la preservaci√≥n de los recursos naturales y la responsabilidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas residentes en Colombia¬Ē.

La Corte Constitucional aclar√≥, eso s√≠, que si la invasi√≥n se encuentra en una zona de alto riesgo, propensa a deslizamientos, la autoridad local deber√° encargarse de su traslado y, adem√°s, garantizar que los nuevos predios que ocupe esta comunidad est√©n conectados a las redes de servicios p√ļblicos.

HABLA EL ALCALDE

Fernando Vargas Mendoza, alcalde de la ciudad, dijo que como primera autoridad del Municipio acatar√° la norma de la Corte Constitucional.

Explic√≥ que su administraci√≥n, dentro del Plan de Desarrollo 2008-2011, pr√≥ximo a ejecutar, tiene programado darles coberturas de servicios p√ļblicos a todas las familias que hoy viven en tales invasiones.

Sin embargo, aclaró que no por ello su gobierno permitirá la proliferación de ocupaciones ilegales en zonas de alto riesgo.

A su juicio, m√°s all√° de la cobertura de las redes, ¬ďlo que estar√≠a en juego ser√≠a la integridad f√≠sica de las personas que decidan vivir en sitios propicios para los deslizamientos o la erosi√≥n¬Ē.

LA VOZ DE LA CDMB

Aunque la Corte ampara los derechos a la salud y a la vida digna de los residentes en una invasión, la primera autoridad ambiental de la ciudad le recomendó a la comunidad que se abstenga de comprar lotes en zonas de alto riesgo.

La sugerencia la hizo Elvia Hercilia Páez Gómez, directora de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

Ella dijo que se debe evitar que personas inescrupulosas enga√Īen a incautos y les ofrezcan fraudulentos proyectos urban√≠sticos en √°reas erosionables.

De hecho, se conoció que la entidad estatal adelanta procesos judiciales contra 20 proyectos fallidos, los cuales se desarrollan en los cuatro municipios del área.

LA VOZ DEL EXPERTO

Vanguardia Liberal consult√≥ a Hermann Gustavo Garrido Prada, abogado y reconocido defensor de los usuarios de los servicios p√ļblicos, quien explic√≥ los alcances del fallo de la Corte.

¬ŅGarantizarles las redes de servicios p√ļblicos a los invasores de un terreno no ¬Ďdisparar√≠a¬í las ocupaciones ilegales en las escarpas y en los terrenos privados?

No se puede tomar el fallo como una f√≥rmula para promover invasiones. La Corte es clara al decir que los servicios p√ļblicos son esenciales y por eso no se pueden negar.

Pero, de todas formas las invasiones en la ciudad son recurrentes, sobre todo en las √©pocas pre electorales. Por citar s√≥lo un ejemplo, en plena campa√Īa pol√≠tica del a√Īo pasado, se crearon en Bucaramanga 4 invasiones en el Norte.

Es que el deber del Gobierno es evitar que las invasiones se formen, no que se permita la politiquer√≠a con ellas. El fallo de la citada Corporaci√≥n, si bien ayuda a las personas que viven en zonas sin servicios, tambi√©n conmina a los alcaldes a planificar el crecimiento de la ciudad, preservar √°reas ambientales y prevenir el inadecuado uso del espacio p√ļblico,¬† entre otras medidas.

Sin embargo, invadir un terreno, sea privado o del Estado, se ha convertido en un jugoso negocio en la capital santandereana. Incluso se practica en las propias ¬Ďnarices¬í de las autoridades locales. ¬ŅC√≥mo frenar este negocio con un fallo como el que acaba de emitir la Corte?

Es cierto que en una ciudad como Bucaramanga se volvi√≥ costumbre ocupar terrenos para luego vend√©rselos personas que en realidad necesitan un lote. Sin embargo, la misi√≥n del gobierno es frenar que caigan m√°s incautos. Lo que pasa es que si alguien es enga√Īado con un programa fallido de vivienda, lo m√≠nimo que debe hacer el Municipio es garantizarle a esta familia el acceso a los servicios.

Una invasión hecha barrio

En 1977, hace 30 a√Īos, cerca de cincuenta familias destechadas amanecieron ¬Ďrefugiadas¬í en la escarpa norte de la capital santandereana. Estas personas, que en ese entonces llegaron a la ciudad huyendo de la violencia que azotaba al Magdalena Medio, improvisaron sus respectivos ranchos de latas, cartones y papeles en una ladera peligrosa de esa comuna.

La invasión se conoció con el nombre de Transición, entre otras cosas, porque pretendía ser un lugar de paso para este vecindario. Sin embargo, Transición se volvió permanente, al punto que se convirtió en un barrio con ese mismo nombre.

Debido a los urbanizadores ¬Ďpiratas¬í, a la comercializaci√≥n ilegal de lotes que se dio en ese entonces y que incluso se da en la actualidad, la invasi√≥n se multiplic√≥.

En un ¬Ďabrir y cerrar de ojos¬í, Transici√≥n pas√≥ de ser una invasi√≥n de 50 ranchos, a convertirse en un gigantesca ocupaci√≥n ilegal de 321 familias.
¬ŅDe d√≥nde sali√≥ tanta gente?

Hubo de todo como en botica: llegaron familias impulsadas por urbanizadores ilegales, por politiqueros, por líderes cívicos e incluso por comunidades religiosas. Fue tan grave el problema social que se creó, que el gobierno tuvo que adecuar sus viviendas.

¬°Claro! la respuesta oficial lleg√≥ 15 a√Īos despu√©s de la ocupaci√≥n; es decir, en 1992.

 

 

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