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Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios públicos | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-12-31 05:00:00

Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios públicos

La Corte Constitucional determinó que ningún alcalde puede negarles a los habitantes de una invasión, la respectiva conexión de los servicios públicos domiciliarios.
Las invasiones deben conectarse a redes de los servicios públicos

Es decir, un grupo poblacional residente en algún asentamiento subnormal de Bucaramanga tiene todo el derecho a gozar de las redes de agua, luz, gas, alcantarillado y teléfono.

El fallo del Alto Tribunal se fundamenta en que cualquiera de estos servicios debe estar al alcance de todas las personas y no pueden existir normas que excluyan su acceso.

Según la Corte, negarle a una comunidad la cobertura de los servicios vulnera los derechos a la salud y a una vida digna de los niños, mujeres, hombres y ancianos que residan en determinada invasión.

La alta Corporación de justicia fue enfática al decir que “debe existir un equilibrio entre la represión de la invasión ilegal que atenta contra el derecho de propiedad, el mantenimiento del equilibrio ambiental y la preservación de los recursos naturales y la responsabilidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas residentes en Colombia”.

La Corte Constitucional aclaró, eso sí, que si la invasión se encuentra en una zona de alto riesgo, propensa a deslizamientos, la autoridad local deberá encargarse de su traslado y, además, garantizar que los nuevos predios que ocupe esta comunidad estén conectados a las redes de servicios públicos.

HABLA EL ALCALDE

Fernando Vargas Mendoza, alcalde de la ciudad, dijo que como primera autoridad del Municipio acatará la norma de la Corte Constitucional.

Explicó que su administración, dentro del Plan de Desarrollo 2008-2011, próximo a ejecutar, tiene programado darles coberturas de servicios públicos a todas las familias que hoy viven en tales invasiones.

Sin embargo, aclaró que no por ello su gobierno permitirá la proliferación de ocupaciones ilegales en zonas de alto riesgo.

A su juicio, más allá de la cobertura de las redes, “lo que estaría en juego sería la integridad física de las personas que decidan vivir en sitios propicios para los deslizamientos o la erosión”.

LA VOZ DE LA CDMB

Aunque la Corte ampara los derechos a la salud y a la vida digna de los residentes en una invasión, la primera autoridad ambiental de la ciudad le recomendó a la comunidad que se abstenga de comprar lotes en zonas de alto riesgo.

La sugerencia la hizo Elvia Hercilia Páez Gómez, directora de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb.

Ella dijo que se debe evitar que personas inescrupulosas engañen a incautos y les ofrezcan fraudulentos proyectos urbanísticos en áreas erosionables.

De hecho, se conoció que la entidad estatal adelanta procesos judiciales contra 20 proyectos fallidos, los cuales se desarrollan en los cuatro municipios del área.

LA VOZ DEL EXPERTO

Vanguardia Liberal consultó a Hermann Gustavo Garrido Prada, abogado y reconocido defensor de los usuarios de los servicios públicos, quien explicó los alcances del fallo de la Corte.

¿Garantizarles las redes de servicios públicos a los invasores de un terreno no ‘dispararía’ las ocupaciones ilegales en las escarpas y en los terrenos privados?

No se puede tomar el fallo como una fórmula para promover invasiones. La Corte es clara al decir que los servicios públicos son esenciales y por eso no se pueden negar.

Pero, de todas formas las invasiones en la ciudad son recurrentes, sobre todo en las épocas pre electorales. Por citar sólo un ejemplo, en plena campaña política del año pasado, se crearon en Bucaramanga 4 invasiones en el Norte.

Es que el deber del Gobierno es evitar que las invasiones se formen, no que se permita la politiquería con ellas. El fallo de la citada Corporación, si bien ayuda a las personas que viven en zonas sin servicios, también conmina a los alcaldes a planificar el crecimiento de la ciudad, preservar áreas ambientales y prevenir el inadecuado uso del espacio público,  entre otras medidas.

Sin embargo, invadir un terreno, sea privado o del Estado, se ha convertido en un jugoso negocio en la capital santandereana. Incluso se practica en las propias ‘narices’ de las autoridades locales. ¿Cómo frenar este negocio con un fallo como el que acaba de emitir la Corte?

Es cierto que en una ciudad como Bucaramanga se volvió costumbre ocupar terrenos para luego vendérselos personas que en realidad necesitan un lote. Sin embargo, la misión del gobierno es frenar que caigan más incautos. Lo que pasa es que si alguien es engañado con un programa fallido de vivienda, lo mínimo que debe hacer el Municipio es garantizarle a esta familia el acceso a los servicios.

Una invasión hecha barrio

En 1977, hace 30 años, cerca de cincuenta familias destechadas amanecieron ‘refugiadas’ en la escarpa norte de la capital santandereana. Estas personas, que en ese entonces llegaron a la ciudad huyendo de la violencia que azotaba al Magdalena Medio, improvisaron sus respectivos ranchos de latas, cartones y papeles en una ladera peligrosa de esa comuna.

La invasión se conoció con el nombre de Transición, entre otras cosas, porque pretendía ser un lugar de paso para este vecindario. Sin embargo, Transición se volvió permanente, al punto que se convirtió en un barrio con ese mismo nombre.

Debido a los urbanizadores ‘piratas’, a la comercialización ilegal de lotes que se dio en ese entonces y que incluso se da en la actualidad, la invasión se multiplicó.

En un ‘abrir y cerrar de ojos’, Transición pasó de ser una invasión de 50 ranchos, a convertirse en un gigantesca ocupación ilegal de 321 familias.
¿De dónde salió tanta gente?

Hubo de todo como en botica: llegaron familias impulsadas por urbanizadores ilegales, por politiqueros, por líderes cívicos e incluso por comunidades religiosas. Fue tan grave el problema social que se creó, que el gobierno tuvo que adecuar sus viviendas.

¡Claro! la respuesta oficial llegó 15 años después de la ocupación; es decir, en 1992.

 

 

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