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Las nuevas reglas del juego | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-01-11 05:00:00

Las nuevas reglas del juego

El pasado 6 de enero el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la ley de Habeas Data, que precisa las reglas del juego respecto al reporte y permanencia de los datos financieros en las centrales de riesgo.
Las nuevas reglas del juego

Entonces, a partir de ahora, según la ley, la información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los bancos de datos de los operadores de información. Sin embargo, aclara que los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia.

Vencido este tiempo, la información deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas, o sea pagada la obligación vencida.

El Gobierno ha calificado la norma como la oportunidad para que muchos colombianos retomen su vida crediticia y tengan acceso a los servicios financieros que tienen restringidos debido a incumplimientos en los pagos.

Datacredito, una de las dos centrales de información –la otra es Sifín- ha manifestado reiteradamente que con la ley, las reglas del juego son claras y se beneficia a los usuarios del sistema financiero.

“ Es una norma beneficiosa.  DataCrédito siempre ha sostenido que la información valiosa para la comunidad en general, y no solo para un acreedor en particular, es la que registra los pagos oportunos además de los incumplimientos, y los presenta conjuntamente de manera que se pueda apreciar el panorama crediticio general de una persona y el contexto de sus eventuales incumplimientos”, dijeron voceros de la entidad.

Agregaron que “vemos con buenos ojos que existan unas reglas de juego claras, una normatividad y unos códigos que regulen su operación, pues sin duda el espíritu de esta Ley favorece la existencia de la información crediticia, crucial para el crecimiento de la economía y que en últimas beneficia y protege al ciudadano.  Además es importante que la Ley reitere que las historias de crédito no pueden ser la única herramienta para decidir sobre un otorgamiento de crédito”.

Sin embargo, la presidente de Asobancaria, María Mercedes Cuellar, ha insistido que la ley “mutila” el principal insumo del que se valen los bancos para determinar la cultura de pago de un cliente. “La eliminación de reportes negativos en tiempos menores, es una forma de manipular el principal insumo de los intermediarios financieros”, dijo.

Sin embargo, aseguró que la ley da más transparencia al sistema de información, pues los obliga a mantener la información actualizada, so pena de una sanción.

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, “las amnistías son un galimatías legal y económico porque la banca necesita saber el periodo en que la persona entró en mora y bajo qué circunstancias ocurrió el retraso del pago, lo que les permite establecer el criterio de riesgo crediticio.

Mientras que para el ex ministro Juan Camilo Restrepo esta ratificación por parte de la Corte resulta un hecho positivo para los deudores pues establece un criterio de gradualidad en los tiempos en los que dura el reporte negativo.

¿Más acceso al crédito?

El gobierno, y los creadores de la ley en el Congreso de la República han insistido en que esta nueva regulación “abrirá las puertas del crédito a miles de colombianos que actualmente se encuentran en las listas negras”, pero otros sectores no creen que esto sea del todo cierto.

El abogado y profesor de la Universidad de los Andrés, Nelson Remolina Angarita, experto en temas de legislación financiera, asegura que aunque evidentemente la nueva ley es beneficiosa porque da un marco de regulación para el manejo de la información financiera, no se constituye en garantía de que más colombianos tengan acceso a los créditos.

“El problema es que no da incentivos, sino que trata por igual al moroso por deporte y al que ha tenido algún tipo de inconveniente por pagar. Además, aumenta el tiempo de reporte, pues si tiene una mora de 30.000 por un mes, igual aparece su información cuatro años”, dijo el catedrático.

El profesor aclara que, por ejemplo, a partir de ahora, un servicio que sólo era cobrado para las empresas interesadas en el historial crediticio, tendrá costo para el ciudadano sobre el cual se expide la historia, luego de una consulta al mes.

“Lo anterior es inconveniente porque crea un peaje de información a cargo del titular del dato y en beneficio de las empresas operadoras de los mismos.  

Si el Presidente de la República no objeta dicho artículo estaría permitiendo que al titular del dato se le cobre por conocer o actualizar su información que de manera gratuita ha entregado a los operadores.  

El cobro por ejercer un derecho fundamental representa un claro ejemplo de la prevalencia de los intereses particulares de los operadores sobre el interés general.  Nótese que el operador (empresario) se lucra comercializando datos personales a terceros.

Es inconveniente que al ciudadano se le cobre por ejercitar un derecho fundamental respecto de la información que tuvo que entregar gratuitamente al operador.

Además, asegura, la sanción de 4 anos por igual a todo el que deje de pagar, no mejora el acceso a los créditos, sino por el contrario, los empeora.
“Antes, una persona que debía un mes y pagaba, era reportada por el doble de tiempo, es decir, dos meses; pero ahora la situación es peor, porque dura el reporte 4 anos”, explicó.

SANCIONES
La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, al momento de la imposición de la sanción, por violación a la ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia.

Las multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.

Suspensión de las actividades del banco de datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por las superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones.

Cierre o clausura de operaciones del banco de datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión.
Cierre inmediato y definitivo de la operación de bancos de datos que administren datos prohibidos.

LA LEY
De acuerdo con la versión definitiva de la Ley (la 1266), los titulares de información financiera y crediticia tendrán adicionalmente los siguientes derechos:

Acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por violación de las normas sobre administración de la información financiera y crediticia.

Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales, cuando sea procedente.

Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley.

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que éste pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad.

Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes.

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