25 transportes escolares fueron inmovilizados | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-02-03 05:00:00

25 transportes escolares fueron inmovilizados

Si un conductor de transporte escolar incumple por segunda vez con las normas y documentos para movilizar a estudiantes en la capital santandereana, tendrá que pagar al menos $628.000, si se suman la multa más alta con los costos de patios y grúa.
25 transportes escolares fueron inmovilizados

Esta fue la advertencia que recibieron ayer 25 conductores del transporte escolar de la ciudad, después de que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga les inmovilizara los vehículos por no llevar el contrato que deben pactar con las instituciones educativas.

Aunque habían sido advertidos desde la semana pasada, la autoridad los sorprendió ayer en la Calle de los Estudiantes, en la Ciudadela Real de Minas, cuando llegaban y salían de los colegios muy temprano en la mañana y hacia horas del mediodía.

El operativo, que contó con 50 agentes de tránsito, también impartió 32 multas por exceso de pasajeros a 29 vehículos de transporte escolar, y a tres motociclistas que transportaban a más de dos niños en cada vehículo o conducían en contravía por la zona.

“Los vehículos que fueron inmovilizados podrán salir de los patios, esta vez, si presentan el documento exigido. Si los conductores vuelven a infringir las normas, la próxima vez la inmovilización durará cinco días y la multa será de un salario mínimo legal vigente”, dijo Gerardo Hernández, comandante operativo de tránsito.

Jorge Orlando Arévalo, otro agente que participó en el operativo, recordó que el incumplimiento de las normas implicará sanciones económicas que oscilan entre los 12 y 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, entre $198.756 y $496.900.

“Nos preocupa el tema de la piratería o transporte informal, que es de difícil control, así como el uso inadecuado de las motocicletas para transportar niños. Hay padres que no les ponen ni siquiera el casco y los chalecos reglamentarios, exponiendo de esta forma sus vidas”, indicó Hernán Niño, agente de tránsito.

‘No hay que esperar una desgracia’

Hernán Darío Alzate, director regional del Fondo de Prevención Vial, coincidió con la preocupación de Niño e insistió en que los operativos también deben concentrar su atención en la movilización en moto.

“Un estudio que realizamos el año pasado en 63 colegios de la ciudad y el área reveló que en todas las instituciones algunos estudiantes son transportados de forma inadecuada. Los padres llevan hasta tres en la moto, incluso sobre cilindros de gas o pimpinas de gasolina y sin los elementos de protección”, indicó.

Aunque por fortuna en la capital santandereana no se han registrado accidentes relacionados con transporte escolar, Alzate reitera que los operativos deberían también apuntar al transporte informal.

“Muchos niños son llevados a sus colegios en carros del vecino o del amigo, sin las normas y documentos pertinentes. Pero lo que es aún más grave, es que hay padres que están llamando a las empresas de domicilios para que les lleven a sus hijos al colegio. Eso es un acto de suma irresponsabilidad”, apuntó.

Una proyección del Comité de Veeduría Metropolitana de Taxis daría cuenta del número de vehículos ilegales que ruedan por la capital santandereana y el área, y que podrían tener alguna vinculación con la movilización de estudiantes.

Según la organización, habría 3.000 contando los dos mil vehículos tipo taxi desvinculados durante los últimos tres años, y otros 1.000 particulares que prestan el servicio de forma ilegal.

Al cierre de esta edición, Tránsito de Bucaramanga continuaba con los operativos para realizar el control a los transportes de la jornada de la tarde. Según el comandante operativo, la vigilancia se desarrollará con intensidad durante toda la semana.

“Ser legal cuesta”: transportadores

Olivia Niño, transportadora de estudiantes, hace cuentas de todo lo que implica tener un vehículo legal para el transporte escolar. Sin contar los costos de mantenimiento y combustible, Niño cuenta que al menos en documentos invierte $1 millón 740 mil anuales.

 Las cuentas resultan de los $460.000 de la póliza de responsabilidad civil para vehículos con capacidad para 19 pasajeros, el seguro Soat para escolares que es de $780.000, el costo de administración mensual por estar vinculado a una empresa de transporte, más la tarjeta de operación que cuesta $20.000.

Así como lo manifestaron otros transportadores, los operativos resultan positivos por apuntar a la seguridad, pero deberían extenderse también hacia el control de la ‘piratería’.

LA VOZ DEL EXPERTO
Rodolfo Vargas / Director territorial del Ministerio de Transporte

Todas las empresas de servicio de transporte especial, 52 en Santander, fueron informadas sobre la normatividad y los operativos que se realizarían durante la temporada escolar.

Sobre la participación del servicio particular en este tipo de transporte, el funcionario especificó que el Decreto 805 de 2008 lo permite en ciertos casos, pero que se debe contar con una previa autorización de la dirección territorial.

“Por ahora, a mi despacho no ha llegado ninguna solicitud y por tanto, no he aprobado ninguna”, concluyó.

“Ser legal cuesta”: transportadores

Olivia Niño, transportadora de estudiantes, hace cuentas de todo lo que implica tener un vehículo legal para el transporte escolar. Sin contar los costos de mantenimiento y combustible, Niño cuenta que al menos en documentos invierte $1 millón 740 mil anuales.

 Las cuentas resultan de los $460.000 de la póliza de responsabilidad civil para vehículos con capacidad para 19 pasajeros, el seguro Soat para escolares que es de $780.000, el costo de administración mensual por estar vinculado a una empresa de transporte, más la tarjeta de operación que cuesta $20.000.

Así como lo manifestaron otros transportadores, los operativos resultan positivos por apuntar a la seguridad, pero deberían extenderse también hacia el control de la ‘piratería’.

¿una decisión económica?

Cuando comienza la temporada escolar, además de la matrícula y los útiles escolares, el transporte se convierte en una decisión clave que influye en las finanzas de las familias. Ahí está el dilema.

Un padre de familia, quien pidió la reserva de su nombre, explicó que prefería pagarle a un vecino porque los costos se reducen a la mitad. Mientras en un transporte legal la suma oscila entre los $65.000 y $70.000, en uno ilegal el costo es de $40.000.

 “Es más económico, aunque soy consciente de que lo mejor sería pagar uno con todas las de la ley. El problema, de verdad, es que la plata no nos alcanza”, agregó.

 

 

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