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Ordenan traslado de despachos judiciales por riesgo | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-02-10 19:31:57

Ordenan traslado de despachos judiciales por riesgo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años de prisión, por los delitos de peculado por apropiación e irregularidades en celebración de contratos, al ex gobernador de Córdoba Jesús María López.
Ordenan traslado de despachos judiciales por riesgo

El mandatario regional además deberá pagar una multa cercana a los 116 millones de pesos y fue inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas de por vida. Además, la pena de prisión no podrá ser sustituida por la detención domiciliaria.

Esta determinación revoca la libertad provisional que le había sido concedida al ex gobernador y se ordena que pase a manos del Inpec.

Los hechos que motivaron la condena están relacionados con el contrato celebrado por López Gómez el 12 de marzo de 2002, en su condición de Gobernador de Córdoba, cuando contrató los servicios prestados por la firma Laborando Ltda., por un término de 7 meses y por un valor de 161 millones de pesos.

El objetivo principal del contrato era la contratación de 26 personas para la atención de labores temporales surgidas con ocasión de la reestructuración de la planta global de personal de la Secretaría de Educación y Oficina Seccional de Escalafón. Este convenio fue adicionado el 3 de octubre del mismo año por un valor de 80 millones de pesos y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2002.

De esta manera el contrato se prorrogó a pesar de no cumplir los mínimos requisitos establecidos para esta clase de actos en la Ley 80 de 1993 (Contratación).

Para el alto tribunal, es incontrovertible la gravedad de la conducta en la que incurrió el ex gobernador por cuanto “la administración departamental, a través de su actividad primordial, fue utilizada como herramienta para la satisfacción de intereses particulares”.

La decisión adoptada por la Corte Suprema agrega que el delito que hoy mantiene tras las rejas al ex gobernador de Córdoba afectó las finanzas del departamento y causó un grave deterioro de su presupuesto, además de una enorme conmoción social.

 Un fallo de tutela (628-03) del Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado, en máximo dos meses, de los despachos judiciales ubicados en la carrera 10 con calle 14, en el centro de Bogotá, Edificio Hernando Morales Molina.

Según Julia Emma Garzón, magistrada ponente del fallo, esa determinación se produjo con el ánimo de amparar los derechos a la vida, integridad física personal y al trabajo en condiciones dignas de 253 trabajadores que en la actualidad están en riesgo por los problemas estructurales de la edificación.

En criterio de la jurista la estructura del edificio, construido hace más de 60 años, se vio claramente afectado por un sismo que además de poner en riesgo la vida de los demandantes como funcionarios de la justicia, también pone en peligro a los ciudadanos que allí acuden en busca de justicia.

Al fallar el alto tribunal consideró que “de suerte que la omisión palpable en el caso a examen del ente administrativo encargado de garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia (…) revelan riesgo en la infraestructura arquitectónica, falta de medios de seguridad y emergencia, y las deficientes vías de evacuación en las instalaciones del edificio Hernando Morales Molina, lo que genera un riesgo grave e inminente sobre la vida de las personas que laboran y acuden diariamente a dicha edificación”.

Según la demanda presentada, el edificio Hernando Morales Molina no cumple con las normas urbanísticas de sismorresistencia, no cuenta con salidas de emergencia, en la actualidad y como consecuencia del movimiento telúrico del pasado 25 de mayo se registran agrietamientos y daños en su estructura de la edificación, lo cual genera “un clima de inseguridad y zozobra constante y perturbadora”.

En caso de no cumplirse la orden de reubicación, los funcionarios de los juzgados que instauraron la tutela solicitaron el cierre extraordinario de los despachos, hasta cuando se brinden condiciones de seguridad a todos y cada de los funcionarios.

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