No hay derecho | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-03-01 05:00:00

No hay derecho

Una grave denuncia ha realizado la Asociación de Industrias Farmaceúticas, Asinfar – Capítulo Agroindustrial, sobre la intención –promovida por algunas empresas multinacionales– de introducir cambios a la normatividad para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, aplicable en la región andina. De llegar a materializarse dicha pretensión, se consolidaría un monopolio en el mercado colombiano de plaguicidas y, consecuentemente, se elevarían los precios de estos productos.
No hay derecho

Y es doblemente grave para el sector agropecuario, no sólo por las odiosas pretensiones sino porque se le daría un golpe bajo a la competitividad del sector en un momento en que se nos ha abierto una ventana de oportunidades. También se retrocedería en equidad, pues el registro de plaguicidas genéricos es uno de los más importantes logros de los países andinos. Además, también tendría un impacto económico en los empresarios colombianos que asumieron cuantiosas inversiones bajo la seguridad que otorga una decisión andina. Es un mercado interesante, estimado en 420 millones de dólares y en donde existen aproximadamente 1.800 plaguicidas registrados, de los cuales cerca de 500 ya han obtenido el registro señalado.

No hay derecho a cambiar las normas para enriquecer a unos y destruir a otros. La Decisión 436 de 1998 –que fue incorporada a los sistemas legales de los países miembros mediante la Resolución 630 de 2002-– recogió la necesidad de aplicar eficazmente los insumos agrícolas, minimizando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, armonizando el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. En nuestro país fue el ICA la entidad encargada de promover dicha norma, bajo el compromiso de lograr una reducción de costos de producción del sector agropecuario para alcanzar un mayor grado de seguridad agroalimentaria subregional, permitiendo el registro de plaguicidas genéricos

El impacto no se hizo sentir. La consecuencia lógica fue una drástica reducción de los precios de los insumos agrícolas.

Pero ahora, invocando los derechos de patente sobre los principios activos de los productos que hoy se fabrican genéricamente, las multinacionales están interesadas en que se implemente el llamado esquema de “equivalencias”. No era desconocida la intención de las multinacionales de más que proteger vía patente, hacerlo vía datos de prueba, como se evidenció en la negociación del TLC entre Colombia y EU. Ese camino no es viable, en primer lugar porque fue un derecho que ya feneció, y en segundo lugar, porque el costo de obtener equivalencias de un producto es extremadamente alto, máxime que, según Asinfar, se trata de reunir una información que no es relevante para el registro de un producto agroquímico.

Las economías en desarrollo han sufrido el embate de empresas que bajo la noble intención de proteger la propiedad intelectual, se han erigido en emporios monopolísticos sin miramiento de ninguna consideración sobre su responsabilidad social. Ni más faltaba que para enjugar pérdidas producidas con el manejo de los commodities, se reviva el espectro del proteccionismo envuelto en la bandera de la propiedad intelectual. No hay derecho.

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