Problema de Santos podría afectar otros funcionarios

De inmediato el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, citó una cumbre extraordinaria en la Cancillería no sin manifestar que enviará una nota a la Interpol para que no se tenga en cuenta la solicitud ecuatoriana y reiteró que no va a permitir que se toque al ex ministro Santos. De paso calificó la decisión judicial como “temeraria”, y al juez, como un “usurpador”. “No lo dejamos tocar. Lo primero que tiene el Ministro (Juan Manuel) Santos es un pasaporte diplomático y nosotros hemos elevado, desde que se supo la acción temeraria del juez ecuatoriano -un juez que usurpa la justicia, porque no tiene competencia para ello-, nuestra queja ante Interpol y seguiremos trabajando en eso”, dijo. "Quien desempeñó el Ministerio de Defensa y enfrentó en favor del país temas tan importantes, tiene derecho a que el país le prolongue durante el tiempo que considere necesario un pasaporte diplomático, como una medida que contribuya a proteger las acciones que, en nombre del Estado colombiano, tuvo que participar en ellas como Ministro de Defensa. He instruido eso a la Cancillería. Y he pedido que se adelante, con toda la prisa que se pueda, el trámite de solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana, porque nosotros tenemos que defender con todo a nuestro Ministro. Ese trámite es para que se le pide a la Comisión Interamericana unas medidas cautelares de protección del Ministro, porque tenemos que proteger a Colombia de este nuevo golpe que intentan dar, de esta pirueta que hacen ahora los auxiliadores de las Farc”, sostuvo el primer mandatario. Entre tanto, el director del DAS, Felipe Muñoz, señaló: “lo que hemos confirmado por medios de comunicación es que Ecuador elevó ante la secretaria general de la Interpol la orden de captura del juez de Sucumbíos contra el ministro Santos”. “Nosotros consideramos que esto es improcedente no sólo por la falta de competencia del juez sino porque viola de manera flagrante el artículo tres de la Interpol que dice que o se puede intervenir en temas políticos (...) una vez llegue a la secretaria general habrá una análisis jurídico y en ese escenario nos pronunciaremos. Nosotros seguimos firmes en el proceso de una defensa estricta política y jurídica", aseveró Muñoz. Otra de las voces que enérgicamente respaldó a Santos fue la del comandante de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla de León. “Aquí no se trata de una persona, se trata de una posición de Estado”, dijo reiterando la posición del Presidente Álvaro Uribe. Ante la alerta que causó la decisión ecuatoriana Colprensa consultó con expertos en el tema para tratar de conocer sus alcances. Al respecto los analistas coinciden en que dicha solicitud es poco viable si se tiene en cuenta que las Farc, son un grupo reconocido internacionalmente como terrorista y que la orden que emitió en su momento Juan Manuel Santos, en su condición de Ministro se dio como un funcionario del Gobierno Nacional y no como un particular. Un caso político y no jurídico“En este caso hay claramente dos aspectos: uno político y otro internacional”, dijo el analista John Marulanda. Es evidente que la intención del Gobierno ecuatoriano es continuar afectando las relaciones con Colombia. Pero esta declaración va más allá, según Marulanda en el fondo de todo lo que hay es una “línea chavísta”, que dice se ha regado por Latinoamérica, además “un posible juego que se le estaría haciendo a las Farc”. El paso que sigue en este caso es el estudio que deberá realizar la Interpol para determinar si acepta o no la petición de Ecuador. “Muy seguramente en este caso la Interpol deberá tener en cuenta que fue ese mismo organismo el que le dio validez a los computadores incautados a ‘Reyes’. De la misma manera, podría tenerse en cuenta el maltrato que esa organización sufrió por parte de los gobierno de Ecuador y Venezuela”, añadió. Para el penalista Iván Cancino el escenario que se presenta en este caso es claro que para las autoridades ecuatorianas la orden del juez puede tener un aparente viso de legalidad, lo que en ahora debe entrar a analizarse es si las policías del mundo acatan la orden del funcionario judicial. “Sería muy grave que un problema entre dos Estados se pueda volver personal y con la orden de un juez se pueda llegar a capturar a una personas que obró en representación de un país”, señaló Cancino. De la misma manera, el penalista consideró que Colombia no debe conformarse con la defensa a nivel internacional, sino que en este caso el ex ministro Santos debería tener un abogado de confianza en Ecuador y así poder tener acceso al expediente. Jaime Granados, experto en derecho penal no vaciló en considerar este evento como “un problema de Estado”. “Hay que reconocer que los procedimientos de Ecuador no son compatibles con el derecho internacional público, ni con la ley penal internacional”, dijo Gramados para quien es claro que la orden de Santos de penetrar en Ecuador se dio en contra de un “grupo terrorista que ha mantenido secuestradas personas que se encuentran protegidas por el derecho internacional humanitario”, añade. Para Granados la acción adoptada durante la operación Fenix se tomó “para poder neutralizar una amenaza terrorista”. “Según el derecho internacional público lo que sucedió el primero de marzo de 2008 se dio para contrarrestar un accionar terrorista”, y agrega que “en el caso de Santos lo que se dio fue una acción de Estado y no como un particular”. Estas son precisamente las razones que según Granados obligan a Colombia a “acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para una medida cautelar urgente de la persona de Juan Manuel Santos y plantar ante la Corte de la Haya una ausencia de jurisdicción del Ecuador para perseguir al ex ministro Santos. Eso es clave”. Sector privado rechaza la medidaPor su parte, el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, también se unió a las voces de rechazo a la orden de captura emitida por un juez ecuatoriano. Al término de un evento económico con empresarios brasileños, Villegas lamentó la decisión y aconsejó que las cosas deben ser manejadas con tranquilidad y bajo los preceptos constitucionales. “Este tema hay que mirarlo con toda serenidad, con todo cuidado, pero con toda firmeza y unidad nacional. Nosotros acompañamos la unidad nacional manifestada por todos los sectores políticos, por la academia, por las regiones”, dijo el empresario. Además, recordó que la llamada Operación Fénix, donde murió ‘Reyes’ tuvo como propósito defender la seguridad nacional. “Lo que Colombia está haciendo es una lucha legitima contra el terrorismo y por supuesto es una lucha que se acompaña por toda la opinión nacional”, señaló. Podría darse una orden similar contra UribeUna hipótesis que se podría empezar a tejer con la orden de captura del ex ministro Santos, es que lo mismo podría suceder con el presidente Álvaro Uribe, como comandante supremo de las Fuerzas Militares y directo responsable de la operación Fenix que terminó con la muerte de ‘Raúl Reyes’. Al respecto Iván Cancino consideró “Eso es muy delicado. Pero en este caso podría verse el caso del ex presidente chileno Augusto Pinochet, quien al momento de su captura era senador vitalicio. Lo cierto es que la posibilidad existe”. Esta es precisamente la importancia de la defensa que ahora se haga del ex ministro Santos. Esto va a marcar las fronteras de lo que va a suceder con los funcionarios del gobierno Colombiano, llámese como se llame. En este punto Jaime Granados consideró pensar en ese tema es un “absoluto despropósito”. “Los jefes de estado sólo pueden llegar a responder ante la Corte Penal Internacional -CPI- y en situaciones extremas que nada tienen que ver con Colombia”, dijo Granados al considerar esta hipótesis como algo fuera de la realidad jurídica. “El caso del ex ministro Juan Manuel Santos plantea un reto inmediato, lo que se está viendo en este caso es un nivel diferente porque se está hablando un caso en el que quien tendría que responder es el Estado”, añade. Lo cierto en todo caso es que nunca se podría pensar que se debiera judicializar la persecución del terrorismo. Plazo de la InterpolLos analistas consultados por Colprensa coinciden en manifestar que si bien la Interpol tiene un plazo para decidir la solicitud ecuatoriana, éste es prudente. A pesar de ello confían en que se den resultados prontos para evitar que este problema se pueda agravar. Frente al blindaje que pueda o no tener Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta el respaldo que le daría el pasaporte diplomático al que hizo referencia el Presidente Uribe, Cancino consideró que ese tema es muy complicado, y más que buscar un “blindaje” lo que se debe hacer es demostrar lo que se hizo el primero de marzo de 2008 fue defender los intereses de los colombianos y del mundo, de cara a lo que representan las Farc. “Aspiro a que la gestión diplomática de Colombia sea efectiva y le podamos explicar a Interpol por qué no debe proceder”, dijo Granados al considerar que efectivamente ese organismo tiene un plazo para pronunciarse, “de ahí la importancia de la rápida y eficiente labor de la comisión especialmente creada por el Gobierno”.