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En el ‘limbo’ la ley que regula tarifas y horarios de celadores y vigilantes | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2008-08-07 05:00:00

En el ‘limbo’ la ley que regula tarifas y horarios de celadores y vigilantes

En el ‘limbo’ la ley que regula tarifas y horarios de celadores y vigilantes

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante comunicado expedido ayer, dejó claro que por ahora el tema del reajuste es objeto de análisis y estudio.

La idea, según la autoridad, es que tanto las coo-perativas de vigilancia como los conjuntos residenciales tengan tiempo suficiente para hacer los ajustes del caso en sus presupuestos y cobros de cuotas de admi-nistración.

En consecuencia, los residentes en las urbanizaciones dispondrán de un plazo indefinido para regular tarifas y horarios.

La noticia calmó en parte la preocupación que existe entre la comunidad, pues se teme que los reajustes tarifarios de los vigilantes ele-ven de manera sustancial las cuotas de administración de los apartamentos.

Como se recordará, los administradores de las urbanizaciones serían obligados a pagar mínimo un turno de celaduría más para cumplir con la nueva reglamentación, dictada por el Ministerio de la Protección Social.

Mensaje de tranquilidad

El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Felipe Muñoz Gómez, les envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios de los servicios de vigilancia privada en el sector residencial.

Anunció que, en la actualidad, se estudia una propuesta de modificación al marco normativo de la vigilancia y seguridad privada.

Teniendo en cuenta las necesidades puntuales que tiene la propiedad horizontal en todo el país, se establecerían nuevos criterios y factores para la fijación del servicio y de las tarifas en este importante sector poblacional.

Precisó que, en atención a las solicitudes que se han radicado ante la Supervigilancia,  por parte de los diferentes gremios, organizaciones y sindicatos de seguridad privada, solicitando que se les autoricen los turnos de 12 horas a los guardas para la operación del servicio; la entidad envió una consulta al Ministerio de Protección Social.

Este despacho, a su vez, elevó una consulta a la Organización Internacional de Trabajo, OIT, con el fin de que se considere la posibilidad de aprobar un régimen especial para el sector.

Para analizar el tema, se ralizará la próxima semana una reunión con voceros del Ministerio de Protección Social, de la Superintendencia, de los gremios y de los trabajadores del sector.

LA VOZ DEL EXPERTO

José Ángel Amador Sierra, abogado, presidente del Consejo Superior de la Ciudadela Real de Minas y vocero de todos los conjuntos residenciales del área metropolitana, explicó los alcances que tendría la ley que regularía los horarios y salarios de los vigilantes, en caso de entrar en vigencia.

¿Cómo serán las variaciones en los pagos de los celadores?
Los conjuntos cerrados, en el papel, deberían garantizarles a los celadores y vigilantes una nueva remuneración con todas sus prestaciones y parafiscales. Sin embargo, la Superintendencia acaba de dar un parte de tranquilidad, al revelar que tales modificaciones aún son objeto de estudio.

¿Por qué a la administración del sector residencial le tocaría asumir estas variaciones?
En esencia no es que le ‘toque’; lo que pasa es que las empresas de vigilancia deberán pagar lo estipulado por la celaduría. Al hacer los reajustes, los inquilinos casi que son obligados a pagar más por la cuota de administración si quieren garantizar la seguridad adecuada de sus residencias y apartamentos.

¿Subiría el sueldo de los vigilantes?
No exactamente, pero sí se garantiza que les paguen lo que ordena la ley, y cuando menos el salario mínimo.

¿Qué se busca con toda esta ley?
Acabar la mala práctica de obligar a los celadores a trabajar turnos de 12 ó 24 horas.

¿Cómo quedarían los turnos?
Deberían ser dos diurnos: de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.; y uno con recargo nocturno de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. Sin embargo, la ley aún está en el ‘limbo’ y, por ahora, la propia Superintendencia decidió postergar su futura aplicación.

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