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“...y a mi hijo, que soñaba con ser soldado | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-05 05:00:00

“...y a mi hijo, que soñaba con ser soldado

Cerca de cumplirse un año de la muerte de su hijo de 22 años, víctima de uno de los ‘falsos positivos’ ocurridos en Norte de Santander, Mary Vega, quien se trasladó a Bucaramanga, no ha obtenido ninguna respuesta por parte de la Justicia. En cambio, ha sido amenazada y sobrevive en condiciones de extrema pobreza.
“...y a mi hijo, que soñaba con ser soldado

Mary Vega ya casi completa un año cargando una desazón que se mezcla con la negación de sus derechos como víctima y la imposibilidad de acceder al expediente de su hijo, presentado por el Ejército como un presunto guerrillero caído en combate.
 
Ni siquiera ha podido recuperar la cédula de Carlos Mauricio Nova Vega, única pertenencia que encontraron junto a su cuerpo, el 27 de agosto de 2008, en la vereda Islitas, en Hacarí, Norte de Santander.

Lo que esta mujer de 56 años, nacida en Socorro, Santander, sabe sobre la muerte de su hijo a manos de miembros adscritos a la Trigésima Brigada del Ejército, se reduce a lo que vio cuando trajeron el cuerpo desde Ocaña para enterrarlo en un cementerio en Girón.

Tenía cuatro impactos de bala. Mary los señala sobre su propio cuerpo: uno en el hombro, otro en el pecho, otro más en uno de sus brazos y en el estómago. Dice que Carlos Mauricio tenía la cara con marcas de colillas de cigarrillo y su piel estaba negra: “Era como si le hubieran pegado y también quemado”.

La desaparición del tercero de sus siete hijos sucedió en el mismo periodo de tiempo en el que se conoció la existencia de varias fosas comunes en Ocaña, Norte de Santander. Luego, se identificaría a las víctimas como los jóvenes de Soacha, que destaparon el escándalo de los ‘falsos positivos’.

Cuando esto ocurrió, en agosto de 2008, las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Norte de Santander, ya habían advertido de la situación. Venían monitoreado los casos denunciados desde 2006, donde las víctimas eran campesinos de la región del Catatumbo, que fueron presentados como “dados de baja en combate”.

En un informe que se expuso al relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philp Alston, a mediados de junio, en cabeza del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, se afirmó que la implementación de las ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander se incrementó con la entrada en vigor de la Trigésima Brigada y la Brigada Móvil N.15 del Ejército.

Según el informe, en 2008 las denuncias de campesinos ejecutados, oriundos de Norte de Santander, disminuyeron, pero fueron apareciendo otros casos que reportaban como muertos en combate a jóvenes de otras regiones. Uno de ellos fue Carlos Mauricio, que llevaba tres años viviendo entre Bucaramanga y Barranquilla,  aprovechando la temporada de agosto hasta diciembre, para trabajar en zapatería.

Una copia

La muerte de Carlos Mauricio es una copia de la de los jóvenes de Soacha.

La última vez que su tío Jorge Vega lo vio, el 25 de agosto de 2008, el joven pasó por un pequeño local donde vende zapatos en el centro de Bucaramanga, pidiéndole $2.000. Hacía poco había salido de la casa donde se hospedaba con uno de sus hermanos.

Según el relato de Mary Vega, que vivía en Barranquilla, a donde fue desplazada desde San Vicente de Chucurí hace más de 30 años, Carlos Mauricio llegó a Bucaramanga a comienzos de agosto para presentarse a un trabajo en zapatería, pero le respondieron que sólo podía comenzar al finalizar el mes.

“Por no estarse quieto, entró a trabajar en una construcción que quedaba un poco más arriba del parque Centenario”, cuenta ella.

Ese día, tanto su tío como otros testigos, afirman que el joven salió en la mañana, con su hermano, buscando otras zapaterías, regresaron cerca de la hora del almuerzo y ahí se separaron. Carlos Mauricio fue visto en el parque Centenario por otro de los hermanos de Mary, que trabaja como vendedor ambulante, donde estaba con dos jóvenes quienes también desaparecieron con él y que tristemente fueron enterrados en Ocaña como NN.

“Donde mi otro hijo le siga los pasos, me matan a los dos muchachos”, dice Mary, y su hermano agrega como si se tratara de una oración: “y si mi hermano se hubiera quedado con él en el Parque, esto nunca hubiera sucedido”.

 Otro vendedor ambulante afirmó que los jóvenes fueron abordados por dos hombres que les ofrecían trabajo, hasta que finalmente se subieron en una camioneta. Después del crimen, este vendedor no ha regresado al Parque Centenario, comenta la familia.

En el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en febrero de 2009, se afirma que está confirmada la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen y de “procurarles medios para trasladarlas hasta tales lugares”, donde eran ejecutadas y presentadas como muertos en combate.

Así ocurrió. El 27 de agosto de 2008, la Trigésima Brigada, con sede en Cúcuta, informó que en Hacarí, al occidente de Norte de Santander, miembros del Batallón de Infantería 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ se enfrentaron con un reducto de la cuadrilla ‘Carlos Armando Cacua’ del Eln y “en la acción fueron dados de baja tres terroristas”.

Eran Carlos Mauricio y los dos jóvenes que lo acompañaban ese lunes funesto.

El duelo

La siguiente noticia sobre Carlos Mauricio llegó tres días después. Fue una llamada a un número celular de un primo, que funcionarios de Medicina Legal en Ocaña encontraron en uno de sus bolsillos.

En la noche del 27 de agosto, Mary Vega se enteró del crimen de su hijo. Atrás quedaron los fritos y jugos que vendía en la puerta de su casa en el barrio San Roque en Barranquilla.

Ninguno de sus hijos estudió y hace dos años uno de ellos murió en un atraco a un bus donde trabajaba como ayudante.
De Carlos Mauricio dice que su ilusión era ser un soldado del Ejército Nacional. Que varias veces se presentó pero no lo reclutaron. Y que le gustaba tirarse al piso a imitar rutinas de ejercicios.

Ya muerto, apareció enfundado en un uniforme de la guerrilla. También encontraron su cédula, y los investigadores judiciales en Ocaña informaron que su ropa estaba a 20 metros de donde hallaron el cuerpo, dice la madre.

Una sobrina de Mary fue la que lo reclamó en Ocaña, porque sus fuerzas no le alcanzaron para ese viaje.

“Yo estoy aquí es por mi hijo, no más. Me quedé para saber porqué mataron a mi hijo”, dice. Pero nada ha pasado.

Sus reclamos no paran. Mary no alcanza a entender cómo funcionan las entidades encargadas de llevar el proceso penal y la investigación disciplinaria correspondiente contra miembros de la Fuerza Pública.

Su memoria se ha debilitado desde entonces. Dice que se pierde en las calles de Bucaramanga, que no puede dormir, que siente que su cabeza no aguanta más.

Ella exige verdad y justicia, pero está agotada. Como muchas de las víctimas, se ha visto obligada a asumir los gastos del entierro de su hijo, del traslado del cuerpo, los viajes y de las comunicaciones con funcionarios que finalmente no le han resuelto nada. Todo se resume en deudas.

Con la ayuda de su hermano Jorge, Mary aprendió a firmar derechos de petición y ha tocado las puertas del Ejército, de la Alcaldía de Bucaramanga, de Acción Social y del Ministerio de Defensa. Sin embargo, a la fecha, no ha tenido respuestas ‘positivas’.

Al contrario, días después de la muerte de Carlos Mauricio recibió una llamada amenazante donde la citaban en la Puerta del Sol para darle datos sobre los autores del crimen. Le insistieron que si denunciaba, matarían a otro de sus hijos.

Mary Vega se siente amenazada. Su hermano es su gran bastón, pero su situación de pobreza es extrema. Ofrece agua y tamarindo en las calles de la ciudad, pero no vende mucho.

Su lucha no termina allí. Es claro que la impunidad y la negación a sus derechos como víctima, es  una situación generalizada.

Numerosas organizaciones que trabajan con derechos humanos coinciden en que quienes cuentan con la posibilidad de presentar sus denuncias a la Fiscalía, si no están en contacto o viajando a la ciudad donde se encuentra el proceso, no obtienen resultados positivos.

“Para aquellos que tienen la posibilidad de otorgar poder a un abogado para que adelante las acciones correspondientes, desafortunadamente, estar en contacto con él es una labor titánica, por las dificultades en la comunicación, por la consecución de documentos, por las distancias”, afirma una de las abogadas del colectivo Luis Carlos Pérez, que maneja un grupo de casos de ‘falsos positivos’ en Norte de Santander. 

A esto se suman las condiciones sociales de las víctimas, desconfianza en las autoridades públicas y la falta de garantías en materia de seguridad y protección. “Esto impide que las víctimas tengan la posibilidad real de participación en los procesos”, agrega un abogado de la Corporación Compromiso.

Sentada en una cafetería del centro de la ciudad, esta mujer susurra, como si pidiera un favor, que tan siquiera, el Estado debería brindarle un psicólogo, “alguien que me escuche…”.

 

 

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