Últimas desiciones de la Procuraduría | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-14 19:41:59

Últimas desiciones de la Procuraduría

Procuraduría formula pliego de cargos a ex alcaldesa de municipio de Zaragoza Por vulnerar presuntamente el principio de responsabilidad previsto en el Estatuto de Contratación, la Procuraduría General le formuló pliego de cargos a la ex alcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia, Ana Beatriz Monroy de Luján. Con esta medida el Ministerio Público busca determinar si en su condición de Alcaldesa del municipio en el periodo 2004-2007 Monroy de Luján incurrió en falta disciplinaria, al omitir su obligación de nombrar un interventor para la supervisión del convenio interadministrativo suscrito entre la entidad territorial y la Empresa de Vivienda de Antioquia. El convenio tenía por objeto la construcción de 99 viviendas de interés social en la zona rural del municipio de Zaragoza. Fue hecho por un valor de 1.254 millones 847.000 pesos y con un plazo de ejecución de diez meses. Para esta tarea, el compromiso del municipio era nombrar un interventor, cuya función principal sería la de verificar la ejecución del proyecto. Procuraduría destituye a ex alcalde de Balboa RisaraladaPor violar el principio de igualdad, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 11 años a Marco Antonio Jiménez Vargas, en su condición de Alcalde de Balboa, Risaralda, para la época de los hechos. De acuerdo con la investigación, el entonces alcalde adoptó unos pliegos de condiciones de la Licitación Pública número 001 de 2006, en los que se estableció como requisito que los proponentes deberían acreditar el cumplimiento de contratos de construcción de viviendas mayor o igual a mil unidades de vivienda, sin considerar que el objeto de selección era para sólo 26 viviendas. Para el Ministerio Público en esta acción se encuentra claramente establecida “la falta de congruencia entre el requisito de experiencia impuesto por la administración municipal para admitir las ofertas, y la obligación de hacer que impone el futuro contrato, calificada como desproporcionada”. En el fallo de primera instancia, el órgano de control calificó la falta como gravísima, cometida a título de culpa gravísima. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Risaralda. Destituida ex alcaldesa de la cumbreMediante fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años a la ex alcaldesa municipal de La Cumbre (Valle) Fanny Luisa Lozano Angel por incumplimiento en sus funciones. De acuerdo con la investigación, Lozano Angel no ejerció la debida supervisión y control a los contratos de prestación de servicio sucritos con el abogado Jaime Rodríguez, para que éste contestara demandas ejecutivas en que resultare demandado el municipio, contestara acciones de tutela, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros asuntos. Como consecuencia de lo anterior, el abogado contratado descuidó sus obligaciones contractuales como profesional del derecho y no atendió varios de los procesos judiciales que se adelantan contra el municipio de La Cumbre en los Juzgados Laborales del Circuito de Cali, ni tampoco asistió a las Audiencias obligatorias de conciliación, “dejando en un total desamparo los intereses del municipio”. Se estableció además que pese al incumplimiento del abogado, la administración municipal pagó en su totalidad los servicios profesionales prestados por éste, en detrimento del municipio de La Cumbre. Contra esta decisión procede el recurso de apelación, señaló la Procuraduría General de la Nación. Por 12 años destituido ex alcalde de Muzo, BoyacáCon destitución e inhabilidad general por doce años, la Procuraduría General de la Nación sancionó a José Danilo Pineda Campos, ex alcalde de Muzo, Boyacá, por celebración indebida de contratos e irregularidades de tipo administrativo. Para la Procuraduría Provincia del Chiquinquirá constituyó falta disciplinaria el permitir que entre el 26 de marzo y el 30 de junio de 2004 Oscar Humberto Mariño Valbuena prestara labores propias de la Dirección de la Umata, cuando para ese momento no tenía vínculo laboral ni contractual con la Alcaldía Municipal de Muzo. De otra parte, el mandatario local elegido para el periodo 2004-2007 celebró el contrato número 07 con Oscar Humberto Mariño Valbuena, con el objeto de cumplir funciones públicas que requerían tiempo completo e implicaban subordinación y ausencia de autonomía. También Pineda Campos intervino en la celebración del contrato de prestación de servicios 007 del 1 de julio de 2004, pactando una remuneración superior a la total mensual establecida para el mismo Alcalde Municipal. De acuerdo con la investigación, el salario asignado al Alcalde Municipal para la época de los hechos era de 1 millón 888.649 pesos, y el contratista devengó honorarios por valor de 21 millones 600.000 pesos durante el término del contrato que fue de seis meses, los cuales superaron en cerca del 100 por ciento la remuneración establecida para el mandatario local. En el fallo de primera instancia el Ministerio Público calificó la comisión de faltas como grave a título de culpa grave, la primera conducta, y gravísima a título de culpa gravísima la segunda y tercera, respectivamente. Contra la decisión procede el recurso de apelación ante la Procuraduría Regional de Boyacá.   
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