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Corte ordena desacuartelar esposo de menor de edad embarazada | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-07-17 19:23:10

Corte ordena desacuartelar esposo de menor de edad embarazada

Corte ordena desacuartelar esposo de menor de edad embarazada

La decisión la adoptó la magistrada María Victoria Calle Correa al conocer el caso que llegó hasta la Corte y en el que Ingrid Jhoana Chávez Coronado cuestionó el reclutamiento de su compañero permanente Wilson Eduardo Varón Carvajal, y quien fue llevado al Batallón Jaime Rooke de Ibagué (Tolima).

La decisión en la que se ordena el desacuartelamiento del militar, en máximo dos días, ordena además la expedición de la libreta militar a la que tiene derecho Varón Carvajal.

El caso

Según narra en su acción Ingrid Jhoana Chávez, menor de edad, los escasos recursos con los que cuenta, sumados a su estado de embarazo (cuatro meses al instaurar la tutela) se vieron agravados desde el momento en que su compañero permanente, por cerca de dos años y medio, Wilson Eduardo Varón, fue reclutado (22 de mayo de 2008) cuando se dirigía a su hogar en una buseta de servicio público y conducido al Batallón Jaime Rooke.

Eso, dice la demandante, “ponía en riesgo la vida de ella y de su hijo”, por lo que le pedía a los comandantes del batallón que reversaran la decisión de reclutar a su compañero, y agregó que era su compañero quien trabaja para su sustento y el de su hijo.

“La respuesta a su petición fue siempre negativa porque no había prueba suficiente de que ella fuera la compañera permanente del señor Varón Carvajal”.

La decisión

Al fallar, la Corte pudo verificar el tiempo de convivencia entre Ingrid Jhoana y Wilson Eduardo Varón, además del reconocimiento de la paternidad por parte del soldado y las precarias condiciones económicas en las que se encuentra la mujer.

De la misma manera, la Corporación recordó lo dispuesto en el literal g) del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 en donde se establece la exención al deber de prestar el servicio militar en tiempo de paz, para los casados que hagan vida conyugal.

Al respecto, precisó la Corte que “la protección a la familia ha de darse por la ley cuando surge de un vínculo matrimonial”, y añadió que el amparo reclamado cobija también a sin algunos formalismos y trabas “pues la Constitución ordena darle igual amparo a la familia, constituida por la decisión responsable y libre de un hombre y una mujer, sin discriminación en razón de su enlace”.

En su pronunciamiento la magistrada ponente llamó la atención por lo que calificó como “la total ausencia de actividad probatoria” por parte del juez, lo cual terminó limitando para proferir una sentencia “sin preocuparse por verificar y comprender a cabalidad los hechos, aspecto inexcusable”.

Frente al “importantísimo” papel que deben cumplir los jueces de cara a la protección de los derechos fundamentales, la Corte recordó que: “Si tales funcionarios no asumen con seriedad y realismo la delicada tarea que se les encomienda y frustran los fines primordiales del Estado, dejando inaplicada su preceptiva fundamental atentan gravemente contra las instituciones y son responsables de ello”.

Así las cosas, concluyó la Corte, que “resulta inadmisible que el juez niegue o conceda de antemano, sin verificar ni sopesar a conciencia lo afirmado y lo acreditado por las partes”.

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