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Condenan a la Nación por la muerte de un soldado, víctima de un arma oficial, | Noticias de santander, colombia y el Mundo

2009-08-10 19:08:31

Condenan a la Nación por la muerte de un soldado, víctima de un arma oficial,

Condenan a la Nación por la muerte de un soldado, víctima de un arma oficial,

Según consta en la decisión, la muerte de Vanegas Díaz se produjo el 9 de julio de 1994, mientras prestaba el servicio militar en el Batallón de Ingenieros No. 13 ‘Antonio Baraya’, con sede en el municipio de Ubalá, Cundinamarca.

“Mientras patrullaba junto con otros miembros del Batallón se detuvieron y en ese momento al soldado Julián Vásquez Cataño de quien dicen ‘se le safó el fusil y al golpear contra la tierra salió un disparo que fue a dar en el cuerpo de Luis Alexander Vanegas’, ocasionándole la muerte”, señala el expediente.

Esto fue lo que motivó la acción judicial contra en Estado, debido a que sus familiares consideraron que se trató un daño imputable a la entidad (Ejército) “a título de falla presunta del servicio dado que el porte y manipulación de armas de dotación oficial por parte de los soldados es una actividad peligrosa”.

La decisión

Al fallar el Consejo de Estado recordó la diferencia que según ese tribunal existe entre los soldados que prestan el servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales.

Para ello, la Corporación recordó lo dispuesto en la ley 48 de 1993, mediante la cual se reglamentó el servicio de reclutamiento, en donde se definen las modalidades en la prestación del servicio militar obligatorio.

“Como soldado regular, con un tiempo de servicio de 18 a 24 meses; como soldado bachiller o auxiliar de policía, durante 12 meses; y como soldado campesino, entre 12 a 18 meses”, puntualizó la Corporación y de inmediato recordó el significado de “conscripto” como “el joven que se ha inscrito para definir su situación militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la ley 48 de 1993”.

Partiendo de estos aspectos el Alto Tribunal manifestó que “en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado frente a quienes se encuentren prestando el servicio militar obligatorio, ha considerado que el régimen bajo el cual debe resolverse su situación es diferente a la que aplica para quienes voluntariamente ejercen funciones de alto riesgo relacionadas con la defensa y seguridad del Estado como los militares, agentes de policía o detectives del DAS”.

En tal sentido, señaló la Sección Tercera que “el sometimiento de aquéllos a los riesgos inherentes a la actividad militar no se realiza de manera voluntaria (servicio militar obligatorio), sino que corresponde al cumplimiento de los deberes que la Constitución impone a las personas, derivados de los principios fundamentales de solidaridad y reciprocidad social, para defender la independencia nacional y las instituciones públicas”.

Así las cosas, puntualiza la decisión que “cuando una persona ingresa al servicio militar obligatorio en buenas condiciones de salud debe dejar el servicio en condiciones similares”.

Esto, agregó, se aplica al caso estudiado en la medida en que “el arma con la cual se causó el daño (muerte del soldado), estuviera cargada, cuando no debería estarlo”, dice la sentencia.

Para la Sección Tercera el arma que le provocó la muere al militar “no tenía porqué estar cargada de conformidad con las órdenes dada por los superiores (…) quienes supuestamente pasaron revista al arma, sin que se haya establecido dentro del plenario por qué el fusil del soldado Vásquez se encontraba cargado”.

De esta manera, el Consejo de Estado llamó la atención de las autoridades militares y ordenó el pago de la indemnización correspondiente, debido a los daños morales y materiales causados a la familia del soldado muerto.

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